* El terreno en cuestión está protegido e impide su uso terciario
* Los implicados cambiaron el uso del terreno para eludir las prohibiciones
* A pesar de ello, se siguieron desarrollando usos terciarios del mismo
* Los implicados cambiaron el uso del terreno para eludir las prohibiciones
* A pesar de ello, se siguieron desarrollando usos terciarios del mismo
Efe | Madrid
Cuatro cargos del Ayuntamiento de Madrid y cinco de la Comunidad de Madrid han sido llamados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 50 de la capital, tras una denuncia de Ecologistas en Acción, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental.
Ecologistas en Acción presentó una querella el pasado mes de julio en relación con una autorización administrativa que considera irregular en la finca La Muñoza, situada dentro de los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, junto al monte de El Pardo, y propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
Según ha informado la organización ecologista, el pasado día 14 fueron citados el director general de Ejecución y Control de la Edificación del Ayuntamiento, Norberto Rodríguez, el jefe de Sección de Licencias, Manuel Benítez, y el jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, Ángel del Palacio.
También fue llamado el Jefe de Sección de Licencias y Adjunto Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Mora Hipólito.
Además, este viernes declararán el ex director general de Urbanismo y Planificación Regional Domingo Menéndez; la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental María Jesús Villamediana; y el técnico del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, Miguel Díaz Villar.
Igualmente están citados mañana la jefa del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, Cristina Bustamante; y el ex director-conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares Antonio Sanz Palomo, todos ellos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Terrenos protegidos
La organización ecologista denunció que diferentes departamentos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid emitieron en 2006 autorizaciones y licencias que permiten que una edificación rehabilitada y una carpa de esta finca se utilicen como salón de banquetes y para espectáculos musicales hasta las cinco de la madrugada.
Y ello a pesar de que se trata de un terreno clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid como no urbanizable de protección ecológica, en el que "ni la carpa, ni los espectáculos, ni el uso terciario (salón de banquetes) son autorizables".
Asegura Ecologistas en Acción que para eludir las restricciones ambientales, la Fundación solicitó autorización para realizar actividades formativas y educativas, uso que sí se permite en el espacio protegido, y que en el acceso principal hay un cartel que cataloga las instalaciones como Centro Especial de Empleo Subvencionado por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo constan 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones, aunque las denuncias interpuestas han sido archivadas y las actas de la policía se acumulan sin que se les de trámite alguno.
A juicio de Ecologistas en Acción, las relaciones de la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce con miembros de los gobiernos regional y municipal "podrían haber influido" en las autorizaciones e informes favorables que ha recibido.
Por ello, esta organización intentará que las responsabilidades penales, si las hubiera, no recaigan sólo sobre los técnicos y cargos que han firmado las correspondientes licencias e informes.
La organización ecologista denunció que diferentes departamentos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid emitieron en 2006 autorizaciones y licencias que permiten que una edificación rehabilitada y una carpa de esta finca se utilicen como salón de banquetes y para espectáculos musicales hasta las cinco de la madrugada.
Y ello a pesar de que se trata de un terreno clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid como no urbanizable de protección ecológica, en el que "ni la carpa, ni los espectáculos, ni el uso terciario (salón de banquetes) son autorizables".
Asegura Ecologistas en Acción que para eludir las restricciones ambientales, la Fundación solicitó autorización para realizar actividades formativas y educativas, uso que sí se permite en el espacio protegido, y que en el acceso principal hay un cartel que cataloga las instalaciones como Centro Especial de Empleo Subvencionado por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo constan 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones, aunque las denuncias interpuestas han sido archivadas y las actas de la policía se acumulan sin que se les de trámite alguno.
A juicio de Ecologistas en Acción, las relaciones de la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce con miembros de los gobiernos regional y municipal "podrían haber influido" en las autorizaciones e informes favorables que ha recibido.
Por ello, esta organización intentará que las responsabilidades penales, si las hubiera, no recaigan sólo sobre los técnicos y cargos que han firmado las correspondientes licencias e informes.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario