* El empresario Antonio Pardal declaró haber recibido 'presiones' de Urbanismo
María Rionegro | Sevilla
La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mecasevilla ha imputado al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Marchena Gómez, por la presunta 'venta ilegal' de los suelos del mercado central de abastos, según ha sabido ELMUNDO.es.
En el auto, la jueza cita literalmente a Marchena "por su presunta participación en los hechos investigados en la presente causa, pudiendo personarse en las actuaciones mediante abogado y procurador, a quienes se les dará traslado de las actuaciones para su conocimiento y efecto".
La jueza Mercedes Alaya ha imputado igualmente a otra trabajadora de la Gerencia de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo, también por la presunta venta ilegal de los terrenos. Se trata de la subjefa del servicio de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El auto que imputa a estos dos nuevos acusados en la venta de los suelos les está siendo notificado a las partes en estos momentos.
Por otro lado, la jueza, en su auto, cita como testigos al secretario general de Mercasa, propietaria del 48% de Mercasevilla, Arturo Cortés de la Cruz, y a Ángel Gil Pascual, director del staff de Presidencia de Mercasa y miembro del consejo de administración y la comisión ejecutiva de Mercasevilla.
El nombre del ex gerente de Urbanismo apareció durante la investigación el 'caso Mercasevilla', tras la declaración ante la Policía Judicial del empresario Antonio Pardal, dueño de la constructora Larena 98, según el cual Marchena le ofreció la adjudicación de varios concursos para la construcción de VPO a cambio de renunciar a los derechos de superficie de unos terrenos de Mercasevilla, los mismos que finalmente fueron adjudicados a una filial de Sando en un concurso que la juez Alaya considera irregular.
Antonio Pardal aseguró en su día, en su declaración ante la juez instructora, que recibió "presiones" para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie firmado el 14 de octubre de 2003, ya que existía una entidad -Sanma, filial de Sando- que estaba esperando a subrogarse en dicho derecho. En su declaración, ratificó su declaración policial y narró cómo, tras firmar el contrato de derecho de superficie y realizar los proyectos para la construcción de una serie de naves industriales, la Gerencia Municipal de Urbanismo le comunicó que estos proyectos no eran viables.
Según dijo Pardal, seis meses antes de la subrogación de Sanma en el derecho de superficie, tuvo una reunión con el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, quien "le ofreció participar en diferentes concursos de viviendas de VPO y de locales libres, y aunque no se le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, así lo entendió implícitamente".
En el auto, la jueza cita literalmente a Marchena "por su presunta participación en los hechos investigados en la presente causa, pudiendo personarse en las actuaciones mediante abogado y procurador, a quienes se les dará traslado de las actuaciones para su conocimiento y efecto".
La jueza Mercedes Alaya ha imputado igualmente a otra trabajadora de la Gerencia de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo, también por la presunta venta ilegal de los terrenos. Se trata de la subjefa del servicio de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El auto que imputa a estos dos nuevos acusados en la venta de los suelos les está siendo notificado a las partes en estos momentos.
Por otro lado, la jueza, en su auto, cita como testigos al secretario general de Mercasa, propietaria del 48% de Mercasevilla, Arturo Cortés de la Cruz, y a Ángel Gil Pascual, director del staff de Presidencia de Mercasa y miembro del consejo de administración y la comisión ejecutiva de Mercasevilla.
El nombre del ex gerente de Urbanismo apareció durante la investigación el 'caso Mercasevilla', tras la declaración ante la Policía Judicial del empresario Antonio Pardal, dueño de la constructora Larena 98, según el cual Marchena le ofreció la adjudicación de varios concursos para la construcción de VPO a cambio de renunciar a los derechos de superficie de unos terrenos de Mercasevilla, los mismos que finalmente fueron adjudicados a una filial de Sando en un concurso que la juez Alaya considera irregular.
Antonio Pardal aseguró en su día, en su declaración ante la juez instructora, que recibió "presiones" para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie firmado el 14 de octubre de 2003, ya que existía una entidad -Sanma, filial de Sando- que estaba esperando a subrogarse en dicho derecho. En su declaración, ratificó su declaración policial y narró cómo, tras firmar el contrato de derecho de superficie y realizar los proyectos para la construcción de una serie de naves industriales, la Gerencia Municipal de Urbanismo le comunicó que estos proyectos no eran viables.
Según dijo Pardal, seis meses antes de la subrogación de Sanma en el derecho de superficie, tuvo una reunión con el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, quien "le ofreció participar en diferentes concursos de viviendas de VPO y de locales libres, y aunque no se le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, así lo entendió implícitamente".
Marchena en el juzgado
El 15 de febrero, el ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena intentó un golpe de efecto acudiendo de forma voluntaria e inesperada al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla con la pretensión de prestar declaración sobre su presunta implicación en el 'caso Mercasevilla'. La juez Mercedes Alaya, que instruye estas diligencias, no lo recibió.
Marchena acudió al juzgado en torno a las 11 de la mañana y apenas permaneció unos quince minutos en el interior del edificio. Ante la imposibilidad de ser recibido por la juez, que en ese momento presidía una vista y con la que no había concertado cita alguna, el actual vicepresidente de las empresas municipales dejó constancia de su disposición a declarar ante los funcionarios del juzgado.
Marchena acudió al juzgado en torno a las 11 de la mañana y apenas permaneció unos quince minutos en el interior del edificio. Ante la imposibilidad de ser recibido por la juez, que en ese momento presidía una vista y con la que no había concertado cita alguna, el actual vicepresidente de las empresas municipales dejó constancia de su disposición a declarar ante los funcionarios del juzgado.
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