El magistrado del 'caso Brugal' fija una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory, amigo de José Joaquín Ripoll, e imputa a otros cuatro arrestados, entre ellos el contratista Ortiz
Alicante
El juez imputó ayer al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial vinculada a una contrata de basuras en la Vega Baja (al sur de esa provincia valenciana). El magistrado acusa al dirigente popular de los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. Ayer, sin embargo, ni el juez ni el tribunal ni los abogados de Ripoll confirmaron oficialmente dichas imputaciones. El magistrado rechazó la petición del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, de prisión eludible con fianza de 500.000 euros.
"Sigo sin saber qué ha motivado mi imputación", dice Ripoll
Tras comparecer ante el tribunal, Ripoll ofreció una rueda de prensa en la sede la Diputación de Alicante. El dirigente aseguró que había declarado por iniciativa propia. "El juez me advirtió de que no estaba citado judicialmente y que podía negarme a declarar, pero opté por hacerlo y colaborar", dijo. "Pero desconozco qué hechos han motivado mi imputación", señaló. "El juez ha dicho que no podía revelarlo porque las diligencias son secretas", explicó. Luego, según dijo, respondió durante 20 minutos a preguntas generales del magistrado y del fiscal. "Cuando se levante el secreto, emprenderé las medidas legales que estime oportunas", concluyó.
Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, comparecía también ante la prensa -a las puertas de la institución, porque fue desalojado del edificio por orden de la presidencia- para exigir la dimisión de Ripoll.
En la jornada de ayer, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que dirige el conocido como caso Brugal, interrogó a otros cinco de los 11 arrestadas el martes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). El primero en comparecer, al filo de las nueve de la mañana, fue Rafael Gregory, empresario propietario de un concesionario de vehículos pesados en Alicante. Tras interrogarle, el juez -a propuesta del fiscal- lo dejó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. El magistrado, según el abogado del imputado, le acusa de los delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Gregory, amigo de Ripoll y ex presidente de la Fundación del Hércules Club de Fútbol, fue detenido hace unas semanas por una presunta estafa. La investigación del caso considera clave a este empresario en una de las tres ramas del caso Brugal, la vinculada al desvío de capitales a paraísos fiscales.
Luego tomó declaración a José Francisco León, empresario y amigo del promotor Enrique Ortiz. El juez lo imputó por los delitos comunes de la causa, sin imponer medidas cautelares. En la misma situación procesal quedó José Candel, ingeniero y máximo responsable de la sociedad mercantil Inusa, propiedad de Ortiz. A continuación le tocó el turno al gerente de la firma Sufi (concesionaria de la basura del municipio de Orihuela), Luis Bracho. También quedó imputado por los delitos comunes del sumario y sin medidas cautelares.
Por la tarde declararon Ripoll y Ortiz. Ripoll llegó al Palacio de Justicia de Orihuela a las dos de la tarde, a pie y flanqueado por sus dos abogados, Bernardo del Rosal y Fernando Candela. Ripoll acudió acompañado únicamente por sus dos letrados, en un gesto que contrasta con el amplio despliegue de cargos públicos y simpatizantes que acompañaron la comparecencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho, pero rechazó la petición del fiscal de cárcel eludible con 800.000 euros. El magistrado interrogará hoy a los otros cinco arrestados: tres ediles del PP de Orihuela (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez), y el industrial Ángel Fenoll y su hijo.
La cronología del 'caso Brugal'
- El conocido como caso Brugal trata de esclarecer una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con los arrestos del industrial afín al PP Ángel Fenoll y su cúpula empresarial.
- El martes se reactivó la investigación con la detención del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, de tres ediles del PP de Orihuela y de siete empresarios.
- El juez interrogó ayer a seis de los arrestados. A José Joaquín Ripoll le imputó los siguientes delitos: fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal solicitó prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó.
- También han sido detenidos el empresario de la automoción Rafael Gregory, acusado de fraude, cohecho y tráfico de influencias, con fianza de 100.000 euros para eludir la prisión, y el contratista Enrique Ortiz, por fraude y cohecho. El fiscal pidió una fianza de 800.000 euros, que el juez rechazó. Luis Candel, directivo de la mercantil Inusa; Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi; y José Francisco León, empresario, han sido imputados sin medidas cautelares.
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elpaís.com
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Tras comparecer ante el tribunal, Ripoll ofreció una rueda de prensa en la sede la Diputación de Alicante. El dirigente aseguró que había declarado por iniciativa propia. "El juez me advirtió de que no estaba citado judicialmente y que podía negarme a declarar, pero opté por hacerlo y colaborar", dijo. "Pero desconozco qué hechos han motivado mi imputación", señaló. "El juez ha dicho que no podía revelarlo porque las diligencias son secretas", explicó. Luego, según dijo, respondió durante 20 minutos a preguntas generales del magistrado y del fiscal. "Cuando se levante el secreto, emprenderé las medidas legales que estime oportunas", concluyó.
Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, comparecía también ante la prensa -a las puertas de la institución, porque fue desalojado del edificio por orden de la presidencia- para exigir la dimisión de Ripoll.
En la jornada de ayer, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que dirige el conocido como caso Brugal, interrogó a otros cinco de los 11 arrestadas el martes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). El primero en comparecer, al filo de las nueve de la mañana, fue Rafael Gregory, empresario propietario de un concesionario de vehículos pesados en Alicante. Tras interrogarle, el juez -a propuesta del fiscal- lo dejó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. El magistrado, según el abogado del imputado, le acusa de los delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Gregory, amigo de Ripoll y ex presidente de la Fundación del Hércules Club de Fútbol, fue detenido hace unas semanas por una presunta estafa. La investigación del caso considera clave a este empresario en una de las tres ramas del caso Brugal, la vinculada al desvío de capitales a paraísos fiscales.
Luego tomó declaración a José Francisco León, empresario y amigo del promotor Enrique Ortiz. El juez lo imputó por los delitos comunes de la causa, sin imponer medidas cautelares. En la misma situación procesal quedó José Candel, ingeniero y máximo responsable de la sociedad mercantil Inusa, propiedad de Ortiz. A continuación le tocó el turno al gerente de la firma Sufi (concesionaria de la basura del municipio de Orihuela), Luis Bracho. También quedó imputado por los delitos comunes del sumario y sin medidas cautelares.
Por la tarde declararon Ripoll y Ortiz. Ripoll llegó al Palacio de Justicia de Orihuela a las dos de la tarde, a pie y flanqueado por sus dos abogados, Bernardo del Rosal y Fernando Candela. Ripoll acudió acompañado únicamente por sus dos letrados, en un gesto que contrasta con el amplio despliegue de cargos públicos y simpatizantes que acompañaron la comparecencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho, pero rechazó la petición del fiscal de cárcel eludible con 800.000 euros. El magistrado interrogará hoy a los otros cinco arrestados: tres ediles del PP de Orihuela (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez), y el industrial Ángel Fenoll y su hijo.
La cronología del 'caso Brugal'
- El conocido como caso Brugal trata de esclarecer una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con los arrestos del industrial afín al PP Ángel Fenoll y su cúpula empresarial.
- El martes se reactivó la investigación con la detención del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, de tres ediles del PP de Orihuela y de siete empresarios.
- El juez interrogó ayer a seis de los arrestados. A José Joaquín Ripoll le imputó los siguientes delitos: fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal solicitó prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó.
- También han sido detenidos el empresario de la automoción Rafael Gregory, acusado de fraude, cohecho y tráfico de influencias, con fianza de 100.000 euros para eludir la prisión, y el contratista Enrique Ortiz, por fraude y cohecho. El fiscal pidió una fianza de 800.000 euros, que el juez rechazó. Luis Candel, directivo de la mercantil Inusa; Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi; y José Francisco León, empresario, han sido imputados sin medidas cautelares.
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