Marta S. Esparza | Málaga
La Fiscalía de Malaga ha hecho público su escrito de conclusiones provisionales sobre las diligencias abiertas por el conocido caso 'Troya', sobre a la supuesta corrupción municipal en torno al urbanismo de Alhaurín el Grande. El fiscal ha solicitado que se imponga al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, la pena de cuatro años y seis meses de cárcel por cinco delitos de cohecho pasivo, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 11 años y una multa de 500.000 euros.
Además, por un delito de prevaricación omisiva el fiscal pide para el regidor una inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años. El fiscal estima que Juan Martín Serón permitió la conducta delictiva de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, encargado de obtener contraprestaciones económicas a cambio de incrementos de edificabilidad contrarios al planeamiento municipal, y obtuvo a cambio de su silencio la "oportuna participación en el dinero conseguido".
En su escrito la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra 20 imputados, entre los que figuran junto a cargos públicos algunos funcionarios municipales y empresarios promotores inmobiliarios. Para el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, el fiscal solicita cinco años y seis meses de cárcel por 11 delitos de cohecho pasivo, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 11 años. Además, por 14 delitos contra la ordenación del territorio el fiscal pide para el edil dos años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por otros 10 años.
En su escrito, el fiscal asegura que desde el año 2002 se ha venido funcionando en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande mediante una "trama dirigida a obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales", en la que se ofrecía a empresarios y promotores inmobiliarios "la posibilidad de obtener mayor edificabilidad respecto a la prevista en el planeamiento municipal, a cambio de determinadas retribuciones económicas".
Al frente de dicha trama se encontraría presuntamente el acusado José Gregorio Guerra, edil de Urbanismo, encargado de negociar las condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las consiguientes contrapartidas a abonar por los empresarios. Guerra recaudaba y llevaba la contabilidad, según mantiene el Ministerio Fiscal, basándose en los pagos que aparecen en determinados archivos intervenidos durante la investigación. Según estos archivos, los implicados habrían cobrado el metro cuadrado de techo de más a 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se le aplicaba la suma de 6.000 euros.
En la trama se integraban ciertos funcionarios municipales, como Juan B.G., asesor jurídico de la oficina técnica del Ayuntamiento, quien a pesar de conocer que los proyectos venían informados negativamente por el arquitecto municipal emitía informes a favor de las licencias. Otro funcionario imputado es Ildefonso D.C., también asesor jurídico, quien al igual que el anterior informó en alguna ocasión a favor de la concesión de licencias. Para los 16 empresarios imputados por efectuar los pagos el escrito fiscal pide dos años de prisión y 120.000 euros de multa para cada uno por cohecho activo.
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