La Audiencia de Palma considera que existe un elevado riesgo de fuga del ex director gerente del Instituto Balear de Turismo
A. M. - Palma de Mallorca
El ex director gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Gobierno balear del PP, Juan Carlos Alía, imputado en el escándalo de supuesta corrupción de la operación pasarela , seguirá en prisión porque la Audiencia de Palma de Mallorca considera que existe un elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones abiertas.
El juez instructor dictó una orden de ingreso en prisión el pasado día 17 de julio y acusó a Alúa de la exigencia y el cobro de supuestas comisiones ilegales a un empresario contratista del Ibatur, Bartolomé Morey. En la vista de petición de libertad, ante la Audiencia, el fiscal rechazó el argumento de la defensa de que eran inciertas las acusaciones de cohecho y de que podía probar que no cobró cantidades ilegales.
Juan Carlos Alía, ejecutivo del sector del turismo, está imputado los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el Ibatur se manejaban más de 12 millones de euros anuales.
El dueño de la compañía Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, que facturó dos millones al Ibatur destapó las supuestas actuaciones ilegales del ex alto cargo del Gobierno de Matas que exigía el 10%. En declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción tras ser detenido, Morey pactó los beneficios penales de la colaboración con la justicia que se otorgan a los arrepentidos. Los fiscales valoraron la disposición del ex gerente del Ibatur a sumarse a esta vía de colaboración para desentrañar la supuesta red de malversación de caudales.
El supuesto comisionista Juan Carlos Alía es el único ex cargo político del PP que está en prisión preventiva entre el medio centenar de imputados en los casos en investigación pendientes de juicio. En la causa del Ibatur han sido detenidas dieciséis personas, ex altos cargos y contratistas. Cuatro de los imputados son dueños de empresas de servicios de publicidad, televisión, edición y espectáculos que trabajaron en las campañas electorales del PP al mismo tiempo que recibían contratos oficiales. La Fiscalía sospecha que regalaron al PP parte de su trabajo. Dos empresarios han reconocido que no cobraron sus facturas.
En la cárcel de Palma, cumpliendo penas firmes por supuesta corrupción, están el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el ex director general del Territorio, Jaume Massot y el ex número dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos. El ex secretario general y ex diputado de Unió Mallorquina, Tomeu Vicens, también está preso con condena.
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