CÓRDOBA | Reclama que el perito sea experto
Toñi Caravaca | Córdoba
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad cordobesa de Baena ha ordenado la realización de un nuevo informe pericial independiente a un especialista en arquitectura y urbanismo sobre las facturas que han dado lugar al llamado caso de las 'facturas falsas' presuntamente emitidas por el Ayuntamiento baenense, cuyo alcalde es el senador del PSOE Luis Moreno. Conviene recordar que, según informes de la Policía Judicial, dichas facturas habrían servido para financiar juergas de personal de confianza del regidor en el club de alterne de Marbella: el Milady Palace.
El famoso informe elaborado por un técnico de la empresa Tinsa, con el que el Consistorio y todos los acusados confiaban en que se procediera al archivo inmediato de la causa, está más en entredicho que nunca. En este sentido, resulta sintomático que antes incluso de que su autor acuda hoy jueves a declarar como testigo y a justificar el contenido de su trabajo, el juez ya haya ordenado la realización de un segundo informe independiente, exigiendo además a quien lo realice que pueda demostrar una titulación acorde al trabajo técnico realizado, según confirmaron a EL MUNDO de Andalucía fuentes cercanas al caso.
La clave para que ha hecho tambalear ese primer informe es otro presentado por la acción popular, elaborado por un arquitecto superior y urbanista que también comparecerá mañana en el juzgado de Baena, que acreditaría «la falta de rigor y veracidad» del elaborado por el técnico de Tinsa, quien curiosamente no explicitaba su titulación profesional en el dossier que remitió al juzgado.
Mientras tanto, la instrucción del caso sigue en marcha. Ayer testificaron otras tres personas, entre ellas J.C.L., el funcionario que hizo –por orden directa del alcalde– el informe remitido al juzgado por el Ayuntamiento acreditando la veracidad de las facturas; informe contaminado, ya que este trabajador era el mismo que dio el visto bueno a los citados recibos entre junio de 2005 y junio de 2007. Si acreditara a día de hoy su falsedad, estaría abriendo las puertas a su propia imputación.
Según fuentes consultadas por este periódico, J.C.L. recalcó ante el juez «que cuando daba el visto bueno a esas facturas es porque las obras estaban ya hechas o los materiales comprados».
Las mismas fuentes puntualizan que el trabajo del técnico municipal se limitaba a firmar los recibos que recogían las cuantías que se tenían que pagar por la ejecución de una reforma o la compra de materiales. Cómo se pagaban después lo desconocía. De esto se encargaba el Ayuntamiento, quien «cargaba a una u otra partida el gasto que esto conllevaba en función del dinero que hubiese disponible en cada una de ellas». Por tanto, la forma de pago tendrá que ser aclarado por el propio Consistorio.
Por su parte, el gerente de la Mancomunidad Guadajoz y Campiña Este, José Rafael Martos, también tuvo que declarar ayer ante el juez en calidad de testigo para justificar el pago de ciertas obras relacionadas con el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa) en Baena. Según estas mismas fuentes, Martos precisó cuáles son los trámites que se siguen para abonar una obra que está subvencionada por el Aepsa y corroboró que, efectivamente, estas obras se han realizado conforme a los datos de las facturas emitidas.
«Cuando se empiezan a comprar materiales para poner en marcha una obra del Aepsa, el dinero del INEM aún no ha llegado. Por esta razón, el Ayuntamiento lo coge de otras partidas que sí disponen de liquidez, y luego reponen cuando llega la subvención», explicaron fuentes cercanas al caso.
ELMUNDO.ES
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad cordobesa de Baena ha ordenado la realización de un nuevo informe pericial independiente a un especialista en arquitectura y urbanismo sobre las facturas que han dado lugar al llamado caso de las 'facturas falsas' presuntamente emitidas por el Ayuntamiento baenense, cuyo alcalde es el senador del PSOE Luis Moreno. Conviene recordar que, según informes de la Policía Judicial, dichas facturas habrían servido para financiar juergas de personal de confianza del regidor en el club de alterne de Marbella: el Milady Palace.
El famoso informe elaborado por un técnico de la empresa Tinsa, con el que el Consistorio y todos los acusados confiaban en que se procediera al archivo inmediato de la causa, está más en entredicho que nunca. En este sentido, resulta sintomático que antes incluso de que su autor acuda hoy jueves a declarar como testigo y a justificar el contenido de su trabajo, el juez ya haya ordenado la realización de un segundo informe independiente, exigiendo además a quien lo realice que pueda demostrar una titulación acorde al trabajo técnico realizado, según confirmaron a EL MUNDO de Andalucía fuentes cercanas al caso.
La clave para que ha hecho tambalear ese primer informe es otro presentado por la acción popular, elaborado por un arquitecto superior y urbanista que también comparecerá mañana en el juzgado de Baena, que acreditaría «la falta de rigor y veracidad» del elaborado por el técnico de Tinsa, quien curiosamente no explicitaba su titulación profesional en el dossier que remitió al juzgado.
Mientras tanto, la instrucción del caso sigue en marcha. Ayer testificaron otras tres personas, entre ellas J.C.L., el funcionario que hizo –por orden directa del alcalde– el informe remitido al juzgado por el Ayuntamiento acreditando la veracidad de las facturas; informe contaminado, ya que este trabajador era el mismo que dio el visto bueno a los citados recibos entre junio de 2005 y junio de 2007. Si acreditara a día de hoy su falsedad, estaría abriendo las puertas a su propia imputación.
Según fuentes consultadas por este periódico, J.C.L. recalcó ante el juez «que cuando daba el visto bueno a esas facturas es porque las obras estaban ya hechas o los materiales comprados».
Las mismas fuentes puntualizan que el trabajo del técnico municipal se limitaba a firmar los recibos que recogían las cuantías que se tenían que pagar por la ejecución de una reforma o la compra de materiales. Cómo se pagaban después lo desconocía. De esto se encargaba el Ayuntamiento, quien «cargaba a una u otra partida el gasto que esto conllevaba en función del dinero que hubiese disponible en cada una de ellas». Por tanto, la forma de pago tendrá que ser aclarado por el propio Consistorio.
Por su parte, el gerente de la Mancomunidad Guadajoz y Campiña Este, José Rafael Martos, también tuvo que declarar ayer ante el juez en calidad de testigo para justificar el pago de ciertas obras relacionadas con el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa) en Baena. Según estas mismas fuentes, Martos precisó cuáles son los trámites que se siguen para abonar una obra que está subvencionada por el Aepsa y corroboró que, efectivamente, estas obras se han realizado conforme a los datos de las facturas emitidas.
«Cuando se empiezan a comprar materiales para poner en marcha una obra del Aepsa, el dinero del INEM aún no ha llegado. Por esta razón, el Ayuntamiento lo coge de otras partidas que sí disponen de liquidez, y luego reponen cuando llega la subvención», explicaron fuentes cercanas al caso.
ELMUNDO.ES
No hay comentarios:
Publicar un comentario