MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tiene abiertas investigaciones al menos contra diez alcaldes de la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos por delitos urbanísticos que, en todos los casos, tienen un denominador común según explican desde la propia Fiscalía: la falta de respeto a la legalidad.
Se trata de un puñado de primeros ediles (también hay un par de ellos que ya han dejado el sillón municipal) que han permitido que en sus municipios se construyera sin licencia y que anteponen sus propios criterios a los que estipula la norma urbanística. Estos son los que actualmente están siendo investigados.
Gerena. El alcalde de esta localidad, Jacinto Pereira, (PSOE) se enfrenta una investigación sobre destrucción de yacimientos arqueológicos para que se construyera una urbanización sobre el yacimiento. Además ese mismo alcalde también está siendo investigado por la Fiscalía por el derribo de un edificio catalogado para la construcción de una residencia de ancianos. Y se libró de otra denuncia porque ya había prescrito al haber pasado más de tres años que recaía sobre él por la construcción de una nave en suelo rústico.
Castilblanco de los Arroyos. En este caso se trata del ex alcalde, Manuel Ruiz (IU). Tiene un juicio inminente por haber permitido edificar centenares de construcciones ilegales en las Minas de Castilblanco. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, «las toleró y las alentó durante varios años». Se enfrenta por tanto a un posible delito de prevaricación por omisión.
Morón de la Frontera. Su alcalde Manuel Morilla (PP) ha sido objeto de una querella por autorizar vertidos ilegales al cauce del río Guadaira. Se trata de un presunto delito contra el medio ambiente ya que durante años no ha evitado que los vertidos de derivados de la aceituna llegaran al río. Además, Morilla se alió con su antecesor, el ex alcalde del PSOE, José Párraga y ambos aprobaron un aparcamiento ilegal en suelo rústico.
Guillena. El alcalde socialista Justo Padilla tiene en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla un juicio pendiente con una acusación de prevaricación urbanística por permitir la edificación en suelo rústico sin hacer nada durante años. Se trata de una urbanización «Los lagos del Serrano». Pero el primer edil de Guillena también está siendo investigado por la Fiscalía por permitir el vertido al río de todas las aguas residuales de la población sin depurarse. Burguillos. José Juan López, alcalde socialista autorizó un edificio ilegal en suelo urbano. Era un edificio que tenía más altura de la permitida. El juicio tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 12 de Sevilla en unos días. En este caso la Fiscalía pide varios meses de prisión y al menos ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Madroño. La alcaldesa, la socialista María Josefa Rubiano, también está siendo investigada por conceder licencias ilegales en suelo rústico. Al parecer se trataba de una vivienda unifamiliar a la que concedió la citada licencia en 2004 pese a que el arquitecto municipal informó de que estaba en suelo rústico.
Aguadulce. Otra mujer, la ya ex alcaldesa socialista Isabel Ortiz, a quién también se acusa de prevaricación urbanística por dar licencias contrarias a la legalidad. La licencia en cuestión se otorgó para la construcción de dos naves para engorde de pavos en suelo calificado como no urbanizable en el PGOU. Y ello pese a que los técnicos municipales habían informado contrariamente a esa licencia.
El Viso del Alcor. Manuel García Benítez, alcalde socialista y el concejal Antonio Salvat fueron denunciados por un delito urbanístico ya que realizaron una adjudicación en suelo rústico sin licencia.
Cazalla de la Sierra. Se trata del ex alcalde socialista, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta), también denunciado por prevaricación urbanística. Falta el escrito de acusación y el caso se ha demorado por la avalancha de recursos.
Lora de Estepa El alcalde socialista Salvador Guerrero, también se tuvo que enfrentar a un juicio similar. Por haber tolerado la construcción de un edificio ilegal en suelo rústico llegaron a pedirle un año de cárcel aunque fue absuelto hace un par de meses.
Cinco fiscales dedicados a ello
En Sevilla hay cinco fiscales de la red de fiscales medioambientales dedicados a eso: a investigar los asuntos urbanísticos, contra el medio ambiente o el patrimonio. Su trabajo está surtiendo efecto dado que cada años son más los casos. El problema es que cada asunto tarda dos o tres años en resolverse por que a la lentitud de la justicia se suma que, cuanto toca en órganos de pueblo, los juzgados son aún mas lentos
ABCDESEVILLA.ES
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Los casos de han disparado en los cuatro últimos años
La mayoría son del PSOE pero también hay de IU yPP
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tiene abiertas investigaciones al menos contra diez alcaldes de la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos por delitos urbanísticos que, en todos los casos, tienen un denominador común según explican desde la propia Fiscalía: la falta de respeto a la legalidad.
Se trata de un puñado de primeros ediles (también hay un par de ellos que ya han dejado el sillón municipal) que han permitido que en sus municipios se construyera sin licencia y que anteponen sus propios criterios a los que estipula la norma urbanística. Estos son los que actualmente están siendo investigados.
Gerena. El alcalde de esta localidad, Jacinto Pereira, (PSOE) se enfrenta una investigación sobre destrucción de yacimientos arqueológicos para que se construyera una urbanización sobre el yacimiento. Además ese mismo alcalde también está siendo investigado por la Fiscalía por el derribo de un edificio catalogado para la construcción de una residencia de ancianos. Y se libró de otra denuncia porque ya había prescrito al haber pasado más de tres años que recaía sobre él por la construcción de una nave en suelo rústico.
Castilblanco de los Arroyos. En este caso se trata del ex alcalde, Manuel Ruiz (IU). Tiene un juicio inminente por haber permitido edificar centenares de construcciones ilegales en las Minas de Castilblanco. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, «las toleró y las alentó durante varios años». Se enfrenta por tanto a un posible delito de prevaricación por omisión.
Morón de la Frontera. Su alcalde Manuel Morilla (PP) ha sido objeto de una querella por autorizar vertidos ilegales al cauce del río Guadaira. Se trata de un presunto delito contra el medio ambiente ya que durante años no ha evitado que los vertidos de derivados de la aceituna llegaran al río. Además, Morilla se alió con su antecesor, el ex alcalde del PSOE, José Párraga y ambos aprobaron un aparcamiento ilegal en suelo rústico.
Guillena. El alcalde socialista Justo Padilla tiene en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla un juicio pendiente con una acusación de prevaricación urbanística por permitir la edificación en suelo rústico sin hacer nada durante años. Se trata de una urbanización «Los lagos del Serrano». Pero el primer edil de Guillena también está siendo investigado por la Fiscalía por permitir el vertido al río de todas las aguas residuales de la población sin depurarse. Burguillos. José Juan López, alcalde socialista autorizó un edificio ilegal en suelo urbano. Era un edificio que tenía más altura de la permitida. El juicio tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 12 de Sevilla en unos días. En este caso la Fiscalía pide varios meses de prisión y al menos ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Madroño. La alcaldesa, la socialista María Josefa Rubiano, también está siendo investigada por conceder licencias ilegales en suelo rústico. Al parecer se trataba de una vivienda unifamiliar a la que concedió la citada licencia en 2004 pese a que el arquitecto municipal informó de que estaba en suelo rústico.
Aguadulce. Otra mujer, la ya ex alcaldesa socialista Isabel Ortiz, a quién también se acusa de prevaricación urbanística por dar licencias contrarias a la legalidad. La licencia en cuestión se otorgó para la construcción de dos naves para engorde de pavos en suelo calificado como no urbanizable en el PGOU. Y ello pese a que los técnicos municipales habían informado contrariamente a esa licencia.
El Viso del Alcor. Manuel García Benítez, alcalde socialista y el concejal Antonio Salvat fueron denunciados por un delito urbanístico ya que realizaron una adjudicación en suelo rústico sin licencia.
Cazalla de la Sierra. Se trata del ex alcalde socialista, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta), también denunciado por prevaricación urbanística. Falta el escrito de acusación y el caso se ha demorado por la avalancha de recursos.
Lora de Estepa El alcalde socialista Salvador Guerrero, también se tuvo que enfrentar a un juicio similar. Por haber tolerado la construcción de un edificio ilegal en suelo rústico llegaron a pedirle un año de cárcel aunque fue absuelto hace un par de meses.
Cinco fiscales dedicados a ello
En Sevilla hay cinco fiscales de la red de fiscales medioambientales dedicados a eso: a investigar los asuntos urbanísticos, contra el medio ambiente o el patrimonio. Su trabajo está surtiendo efecto dado que cada años son más los casos. El problema es que cada asunto tarda dos o tres años en resolverse por que a la lentitud de la justicia se suma que, cuanto toca en órganos de pueblo, los juzgados son aún mas lentos
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