El juez investiga financiación ilegal en la organización de Camps y supuesto enriquecimiento personal, en los imputados madrileños
M. IGLESIAS COLPISA. MADRID
Diez dirigentes imputados, cinco aforados bajo sospecha y tres tribunales investigando la trama de corrupción relacionada con el PP dibujan un panorama sombrío para el partido de Mariano Rajoy, que apenas ha tenido unas horas para disfrutar de su reciente éxito electoral en Galicia y el País Vasco. La organización delictiva nació en la sede central del partido al amparo del aparato de Organización bajo la presidencia de José María Aznar, pero más tarde, expulsado del nido original, se extendió por las comunidades valenciana y madrileña. Rajoy ha tratado de forma diferente a los militantes implicados en la causa de una y otra autonomía porque la actuación del entramado investigado era muy distinta en una y otra comunidad.
Los autos de inhibición del juez Baltasar Garzón han venido a confirmar un secreto a voces en los pasillos de la sede popular de la calle Génova: el tinglado de Francisco Correa se construyó en los años noventa sobre las relaciones del empresario con los funcionarios del partido. El negocio floreció cuando el PP llegó al poder y se hacían actos cada vez más potentes.
La amistad del empresario con el entonces gerente, Luis Bárcenas, y el contacto frecuente con Jesús Sepúlveda Recio, alcalde hasta el viernes de Pozuelo (Madrid) y en aquellas fechas secretario de Organización del PP, encargado de la organización de los eventos del partido como responsable electoral, fueron pilares sólidos sobre los que Correa construyó su alianza con la organización política y creó así un entramado de influencias en las administraciones que iban ocupando sus amigos del 'aparato'.
Sepúlveda estaba entonces casado con la hoy vicesecretaria de Organización, Ana Mato, que también ocupaba un cargo en la dirección nacional. Fue cesado como responsable electoral en el 2003 y circularon rumores en el partido sobre su connivencia con las facturas abusivas que presentaban al partido las empresas de Correa.
Ahora, el juez Garzón considera claves las relaciones de aquella época entre el dimitido alcalde de Pozuelo y el empresario detenido. «Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón era una de las personas que organizaban eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos», relata el magistrado de la Audiencia Nacional en la resolución en la que le imputa en el 'caso Gürtel'.
En la misma época crecieron las amistades de Correa y su entorno con los restantes funcionarios del partido: Guillermo Ortega, Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y otros militantes que participaban en los preparativos de los actos del partido. Más tarde, accedieron a cargos de la Comunidad y los ayuntamientos, hasta donde, muy pronto, llegaron los tentáculos del entramado de Correa. La red estableció relaciones supuestamente delictivas para hartarse de intermediar en la oferta de contratos públicos, controlados mediante sobornos, y cobrar comisiones a los adjudicatarios.
Negocio diversificado
El negocio se diversificó poco después con la intermediación en actividades urbanísticas, recalificaciones y maniobras especulativas que se repartieron por los municipios de Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Majadahonda.
El contacto para llegar al Ayuntamiento de Boadilla fue el eurodiputado Gerardo Galeote, que relacionó al empresario con su padre, concejal de ese municipio y también imputado en la causa acusado del cobro de cuantiosos sobornos.
El ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, se habría enriquecido con las comisiones por adjudicar a las empresas del entramado la organización de todos los actos públicos de la presidenta de Madrid durante años. Correa utilizaba hasta seis distintos números de registro para sus distintas empresas, de manera que las consejerías que pagaban las facturas pensaban que se estaban adjudicando los contratos a diferentes sociedades.
Esperanza Aguirre había descubierto la trampa cuando citó a su consejero el día que saltó el escándalo a los medios de comunicación. «Alberto, ¿tú has contratado alguna vez con Special Events?», le preguntó la presidenta. «No, ni hablar, nunca, todo eso es mentira», replicó el consejero. «Bueno, pues entonces es mejor que dimitas», le espetó ella.
El partido al rescate
El PP dejó caer a los presuntos corruptos madrileños con dimisiones y suspensiones de militancia que Aguirre aplicó sin muchas contemplaciones. No es de extrañar, pues el juez les imputa en un sumario que investiga delitos como falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero.
Sin embargo, la dirección nacional salió en defensa de los dos aforados de la Comunidad Valenciana, el presidente Francisco Camps y el secretario general Ricardo Costa. Lo que el juez pide al Tribunal Superior de Justicia que investigue es un esquema delictivo diferente al de Madrid. Los dos políticos valencianos, junto a un ex vicepresidente y un jefe de gabinete, habrían recibido dádivas de la terminal valenciana de la trama que, supuestamente, pagó sus gastos en vestuario.
Con ser menos relevantes penalmente, los hechos son de un calado político indudable y dejarán huella en la trayectoria política de los afectados. Sobre todo, la resolución judicial que revela el pago de los trajes resulta demoledora para Camps, quien, a pesar de que la Policía detectó los cheques y transferencias utilizados para los pagos, sigue negándolo todo.
El 'modus operandi' del entramado en la Comunidad Valenciana apunta a una supuesta financiación irregular del partido que ni el juez ha probado ni parece fácil lograrlo. Lo que la Policía trató de averiguar fueron los contactos entre los altos cargos receptores de regalos y las contrataciones de las administraciones públicas con Orange Market, sobre todo para el stand de la Generalitat en FITUR. La amistad de su propietario, Álvaro Pérez, con el presidente autonómico fue decisiva para la expansión de la empresa en la comunidad y letal para el político.
NORTECASTILLA.ES
M. IGLESIAS COLPISA. MADRID
Diez dirigentes imputados, cinco aforados bajo sospecha y tres tribunales investigando la trama de corrupción relacionada con el PP dibujan un panorama sombrío para el partido de Mariano Rajoy, que apenas ha tenido unas horas para disfrutar de su reciente éxito electoral en Galicia y el País Vasco. La organización delictiva nació en la sede central del partido al amparo del aparato de Organización bajo la presidencia de José María Aznar, pero más tarde, expulsado del nido original, se extendió por las comunidades valenciana y madrileña. Rajoy ha tratado de forma diferente a los militantes implicados en la causa de una y otra autonomía porque la actuación del entramado investigado era muy distinta en una y otra comunidad.
Los autos de inhibición del juez Baltasar Garzón han venido a confirmar un secreto a voces en los pasillos de la sede popular de la calle Génova: el tinglado de Francisco Correa se construyó en los años noventa sobre las relaciones del empresario con los funcionarios del partido. El negocio floreció cuando el PP llegó al poder y se hacían actos cada vez más potentes.
La amistad del empresario con el entonces gerente, Luis Bárcenas, y el contacto frecuente con Jesús Sepúlveda Recio, alcalde hasta el viernes de Pozuelo (Madrid) y en aquellas fechas secretario de Organización del PP, encargado de la organización de los eventos del partido como responsable electoral, fueron pilares sólidos sobre los que Correa construyó su alianza con la organización política y creó así un entramado de influencias en las administraciones que iban ocupando sus amigos del 'aparato'.
Sepúlveda estaba entonces casado con la hoy vicesecretaria de Organización, Ana Mato, que también ocupaba un cargo en la dirección nacional. Fue cesado como responsable electoral en el 2003 y circularon rumores en el partido sobre su connivencia con las facturas abusivas que presentaban al partido las empresas de Correa.
Ahora, el juez Garzón considera claves las relaciones de aquella época entre el dimitido alcalde de Pozuelo y el empresario detenido. «Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón era una de las personas que organizaban eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos», relata el magistrado de la Audiencia Nacional en la resolución en la que le imputa en el 'caso Gürtel'.
En la misma época crecieron las amistades de Correa y su entorno con los restantes funcionarios del partido: Guillermo Ortega, Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y otros militantes que participaban en los preparativos de los actos del partido. Más tarde, accedieron a cargos de la Comunidad y los ayuntamientos, hasta donde, muy pronto, llegaron los tentáculos del entramado de Correa. La red estableció relaciones supuestamente delictivas para hartarse de intermediar en la oferta de contratos públicos, controlados mediante sobornos, y cobrar comisiones a los adjudicatarios.
Negocio diversificado
El negocio se diversificó poco después con la intermediación en actividades urbanísticas, recalificaciones y maniobras especulativas que se repartieron por los municipios de Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Majadahonda.
El contacto para llegar al Ayuntamiento de Boadilla fue el eurodiputado Gerardo Galeote, que relacionó al empresario con su padre, concejal de ese municipio y también imputado en la causa acusado del cobro de cuantiosos sobornos.
El ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, se habría enriquecido con las comisiones por adjudicar a las empresas del entramado la organización de todos los actos públicos de la presidenta de Madrid durante años. Correa utilizaba hasta seis distintos números de registro para sus distintas empresas, de manera que las consejerías que pagaban las facturas pensaban que se estaban adjudicando los contratos a diferentes sociedades.
Esperanza Aguirre había descubierto la trampa cuando citó a su consejero el día que saltó el escándalo a los medios de comunicación. «Alberto, ¿tú has contratado alguna vez con Special Events?», le preguntó la presidenta. «No, ni hablar, nunca, todo eso es mentira», replicó el consejero. «Bueno, pues entonces es mejor que dimitas», le espetó ella.
El partido al rescate
El PP dejó caer a los presuntos corruptos madrileños con dimisiones y suspensiones de militancia que Aguirre aplicó sin muchas contemplaciones. No es de extrañar, pues el juez les imputa en un sumario que investiga delitos como falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero.
Sin embargo, la dirección nacional salió en defensa de los dos aforados de la Comunidad Valenciana, el presidente Francisco Camps y el secretario general Ricardo Costa. Lo que el juez pide al Tribunal Superior de Justicia que investigue es un esquema delictivo diferente al de Madrid. Los dos políticos valencianos, junto a un ex vicepresidente y un jefe de gabinete, habrían recibido dádivas de la terminal valenciana de la trama que, supuestamente, pagó sus gastos en vestuario.
Con ser menos relevantes penalmente, los hechos son de un calado político indudable y dejarán huella en la trayectoria política de los afectados. Sobre todo, la resolución judicial que revela el pago de los trajes resulta demoledora para Camps, quien, a pesar de que la Policía detectó los cheques y transferencias utilizados para los pagos, sigue negándolo todo.
El 'modus operandi' del entramado en la Comunidad Valenciana apunta a una supuesta financiación irregular del partido que ni el juez ha probado ni parece fácil lograrlo. Lo que la Policía trató de averiguar fueron los contactos entre los altos cargos receptores de regalos y las contrataciones de las administraciones públicas con Orange Market, sobre todo para el stand de la Generalitat en FITUR. La amistad de su propietario, Álvaro Pérez, con el presidente autonómico fue decisiva para la expansión de la empresa en la comunidad y letal para el político.
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