[Garzón y más de 30 portadas de El País, parecen tener como objetivo erosionar a el Pp como alternativa al PSOE de Zapatero]
(PD).- María Dolores de Cospedal tachó este viernes de «insidiosas» e «injustificadas» algunas de las acusaciones que Garzón formula en sus autos de inhibición, respaldando expresamente la inocencia de Francisco Camps y negando una hipotética financiación ilegal del PP.
Como subraya el diario El Mundo en su editorial de este sábado, lo vamos a poder corroborar con certeza en los próximos meses, puesto que la inhibición de Garzón va a permitir que los hechos sean investigados por jueces profesionales, no catalogables en función de sus simpatías políticas.
Ellos tendrán que separar el grano de la paja y podremos comprobar la veracidad o no de las afirmaciones del sectario superjuez.
Otra de las cosas positivas que han pasado en las últimas horas es el levantamiento del secreto del sumario, lo que nos permite conocer de qué se acusa a cada persona. De su lectura se desprenden tres tipos distintos de responsabilidades: las que tienen sobre todo trascendencia penal, las de menor trascendencia penal y más política y aquellas que parecen sólo de carácter político.
Los presuntos delitos más graves se cometieron en Madrid. El PP obligó ayer a dimitir a los alcaldes de Pozuelo y Arganda y suspendió de militancia a todos los imputados. Pero ello no basta.
El partido está obligado también a hacer una seria reflexión sobre el mecanismo de selección de sus alcaldes -hay cuatro imputados y que han tenido que dimitir- y sobre el control de cómo ejercen sus actividades. Sería injusto convertir este asunto en un proceso político a Esperanza Aguirre porque se ha demostrado que la corrupción es transversal a todas las formaciones políticas y territorios.Pero no se puede eludir que cometió un error de juicio al nombrar consejero a López Viejo.
Sobre las acusaciones con más repercusión política que viabilidad procesal que pesan sobre Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP de Valencia, cabe señalar que tienen una base técnica porque los trajes son pagos en especie por parte de una red que en otros lugares estaba cometiendo delitos de cohecho.
Si esas prendas hubieran sido regaladas por personas honradas, no cabría dilucidar responsabilidad penal alguna, aunque el asunto sería muy feo. Todo indica que la investigación terminará en archivo, ya que resulta totalmente desproporcionada la acusación de «sobornos en especie» que formula Garzón.
El problema para Camps es que en el auto hay muchos detalles que hacen verosímil que las empresas de Correa pagaron sus trajes.
Están las facturas y la contabilidad interna y además el sastre ha corroborado los hechos. Puede que las facturas sean falsas y el sastre haya mentido, pero los documentos que obran en el sumario crean dudas sobre si Camps ha dicho la verdad.
Penalmente, le protege la presunción de inocencia. Políticamente, las reglas son otras aunque su palabra siempre tendrá más fuerza que la de tipos como Correa o Alvaro Pérez. En todo caso, si las cosas son como él dice y está «en paz», debe poner cuanto antes sobre la mesa las pruebas de su inocencia de las que disponga para acallar la maledicencia.
De lo que no hay duda es de que Correa y parte de los imputados han podido cometer los desmanes que se describen en el sumario porque tuvieron en una época el respaldo o la cercanía de la dirección del PP. Garzón deja claro que el PP rompió en 2004 con Correa, pero ¿qué sucedió antes?
Tanto si hay imputaciones como si no las hay contra Luis Bárcenas, tesorero del PP y ex amigo de Correa, éste debería ser relevado de su cargo porque no sólo hay que ser honrado sino parecerlo. Igualmente, José María Michavila debería dejar su escaño por el conflicto de los intereses de su bufete con la condición de diputado.
¿Debe rodar alguna otra cabeza? Sólo cuando la Justicia esclarezca esta trama de corrupción y favores, será el momento de determinar hasta dónde alcanzan esas responsabilidades políticas.
PERIODISTADIGITAL.COM
(PD).- María Dolores de Cospedal tachó este viernes de «insidiosas» e «injustificadas» algunas de las acusaciones que Garzón formula en sus autos de inhibición, respaldando expresamente la inocencia de Francisco Camps y negando una hipotética financiación ilegal del PP.
Como subraya el diario El Mundo en su editorial de este sábado, lo vamos a poder corroborar con certeza en los próximos meses, puesto que la inhibición de Garzón va a permitir que los hechos sean investigados por jueces profesionales, no catalogables en función de sus simpatías políticas.
Ellos tendrán que separar el grano de la paja y podremos comprobar la veracidad o no de las afirmaciones del sectario superjuez.
Otra de las cosas positivas que han pasado en las últimas horas es el levantamiento del secreto del sumario, lo que nos permite conocer de qué se acusa a cada persona. De su lectura se desprenden tres tipos distintos de responsabilidades: las que tienen sobre todo trascendencia penal, las de menor trascendencia penal y más política y aquellas que parecen sólo de carácter político.
Los presuntos delitos más graves se cometieron en Madrid. El PP obligó ayer a dimitir a los alcaldes de Pozuelo y Arganda y suspendió de militancia a todos los imputados. Pero ello no basta.
El partido está obligado también a hacer una seria reflexión sobre el mecanismo de selección de sus alcaldes -hay cuatro imputados y que han tenido que dimitir- y sobre el control de cómo ejercen sus actividades. Sería injusto convertir este asunto en un proceso político a Esperanza Aguirre porque se ha demostrado que la corrupción es transversal a todas las formaciones políticas y territorios.Pero no se puede eludir que cometió un error de juicio al nombrar consejero a López Viejo.
Sobre las acusaciones con más repercusión política que viabilidad procesal que pesan sobre Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP de Valencia, cabe señalar que tienen una base técnica porque los trajes son pagos en especie por parte de una red que en otros lugares estaba cometiendo delitos de cohecho.
Si esas prendas hubieran sido regaladas por personas honradas, no cabría dilucidar responsabilidad penal alguna, aunque el asunto sería muy feo. Todo indica que la investigación terminará en archivo, ya que resulta totalmente desproporcionada la acusación de «sobornos en especie» que formula Garzón.
El problema para Camps es que en el auto hay muchos detalles que hacen verosímil que las empresas de Correa pagaron sus trajes.
Están las facturas y la contabilidad interna y además el sastre ha corroborado los hechos. Puede que las facturas sean falsas y el sastre haya mentido, pero los documentos que obran en el sumario crean dudas sobre si Camps ha dicho la verdad.
Penalmente, le protege la presunción de inocencia. Políticamente, las reglas son otras aunque su palabra siempre tendrá más fuerza que la de tipos como Correa o Alvaro Pérez. En todo caso, si las cosas son como él dice y está «en paz», debe poner cuanto antes sobre la mesa las pruebas de su inocencia de las que disponga para acallar la maledicencia.
De lo que no hay duda es de que Correa y parte de los imputados han podido cometer los desmanes que se describen en el sumario porque tuvieron en una época el respaldo o la cercanía de la dirección del PP. Garzón deja claro que el PP rompió en 2004 con Correa, pero ¿qué sucedió antes?
Tanto si hay imputaciones como si no las hay contra Luis Bárcenas, tesorero del PP y ex amigo de Correa, éste debería ser relevado de su cargo porque no sólo hay que ser honrado sino parecerlo. Igualmente, José María Michavila debería dejar su escaño por el conflicto de los intereses de su bufete con la condición de diputado.
¿Debe rodar alguna otra cabeza? Sólo cuando la Justicia esclarezca esta trama de corrupción y favores, será el momento de determinar hasta dónde alcanzan esas responsabilidades políticas.
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