'CASO BAENA' | El consistorio pedía ser acusación particular
El alcalde de Baena, Luis Moreno. | Madero Cubero
Sevilla
El Ayuntamiento de Baena ha intentado dar un golpe de efecto en el caso de las facturas falsas que le servían presuntamente a personal de confianza del alcalde, el senador socialista Luis Moreno, para financiar juergas en el club de alterne de Marbella Milady Palace.
El pasado lunes, en medio del escándalo social y político desatado por las revelaciones de este periódico, el Consistorio pidió al Juzgado de Instrucción Único de Baena que le permitiera personarse como acusación particular tanto contra los dos funcionarios imputados por malversación, Rafael Santano y Juan Díaz Pérez, como contra el resto de acusados.
La fiscal del caso y el juez instructor han desestimado la solicitud del Ayuntamiento, recordándole que fue el propio Consistorio el que remitió informes del interventor y el tesorero municipales y una auditoría externa «según los cuales» –y pese a todas las pruebas y evidencias recabadas por la Policía Judicial– no habría irregularidad alguna en las facturas emitidas por la empresa del denunciante de la trama de corrupción baenense, de modo que no puede alegar perjuicio «según documental unida a la causa» puesto que sería contradictorio con sus propios actos.
Ésta es la primera vez en la que el Ayuntamiento de Baena pretende ejercer la acusación particular desde que se iniciara la instrucción del caso, porque en 2008 lo que hizo el Ayuntamiento fue intentar presentarse como parte perjudicada, sin que se le permitiera tampoco por las mismas razones ahora aducidas.
Curiosamente, la nueva petición del Ayuntamiento baenense se produjo justo una semana después de que el acalde afirmara en rueda de prensa que él tenía que poner «la mano en el fuego» por los dos trabajadores municipales bajo sospecha porque, mientras no haya condena judicial contra cualquiera de ellos, «tengo que respetar su presunción de inocencia».
El argumento fue reutilizado en el pleno municipal celebrado el jueves de la semana pasada, en este caso para justificar la decisión de que los expedientes informativos abiertos contra Santano y Díaz hayan sido congelados a expensas del desarrollo judicial del caso. Sólo cuatro días después, el Ayuntamiento reclamaba formalmente la acusación particular contra los dos trabajadores a los que, en principio, ha descartado sancionar administrativamente por los hechos investigados.
En la misma sesión plenaria celebrada hace ocho días, el alcalde y senador del PSOE sí anunció su idea de emprender diversas acciones judiciales por vía penal contra los que él considera que son urdidores de la «trama» de IU y contra sus colaboradores necesarios –en alusión a los guardias civiles que pincharon los teléfonos móviles de los dos trabajadores municipales por orden del juez–. Sin embargo, no dio ninguna pista sobre su intención de volver a pedir al juzgado la personación del Ayuntamiento en el proceso.
El auto judicial conocido ayer no dice en ningún momento que las presuntas facturas falsas investigadas sean «reales». Es la fiscal del caso la que señala que hay informes del Ayuntamiento y de una auditoría externa «según los cuales» se ha comprobado la «realidad» de las obras y suministros, pero en ningún caso puede colegirse de este hecho que el Ministerio Público presuma o asuma la veracidad del contenido de dichos informes, sino que se limita a esgrimirlos para denegar la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda actuar en el proceso como acusación particular, criterio en el que coincide plenamente con la autoridad judicial.
Como ya se ha apuntado en este periódico, al menos hay una falsificación poco menos que incontrovertible: la de la factura depositada por el empresario denunciante ante la autoridad judicial. En ese momento, ya se habían autorizado los pinchazos de la Guardia Civil, de modo que se puede hacer un seguimiento exhaustivo de su negociación, de las presiones directas ejercidas para su pago por Rafael Santano –que ejercía funciones de secretario del alcalde– y, finalmente, de su cobro y entrega judicial, con copia de los extractos bancarios que así lo acreditan. En concreto, el 27 de agosto de 2007 se ingresaron en la cuenta del Jusgado de Baena los 2.265,48 euros con el número de orden 6.424.069.
Es cierto, como subrayan los abogados de la defensa como el Ayuntamiento, que el empresario se desdijo finalmente de su confesión, pero no se puede obviar que lo hizo después de meses de colaboración con la Justicia y tras haberse ratificado inicialmente tanto ante el juez como el fiscal de la acusación que hizo ante la Guardia Civil el 20 de julio de 2007. Cambió su versión una vez perdida la condición de testigo protegido –la cual reclamó alegando, literalmente, que temía «por su vida y bienes»– y tras haber sido imputado por cohecho. En definitiva, sólo si se archiva el caso tendría garantizado no acabar siendo sancionado él también por estos hechos presuntamente delictivos.
ELMUNDO.ES
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El pasado lunes, en medio del escándalo social y político desatado por las revelaciones de este periódico, el Consistorio pidió al Juzgado de Instrucción Único de Baena que le permitiera personarse como acusación particular tanto contra los dos funcionarios imputados por malversación, Rafael Santano y Juan Díaz Pérez, como contra el resto de acusados.
La fiscal del caso y el juez instructor han desestimado la solicitud del Ayuntamiento, recordándole que fue el propio Consistorio el que remitió informes del interventor y el tesorero municipales y una auditoría externa «según los cuales» –y pese a todas las pruebas y evidencias recabadas por la Policía Judicial– no habría irregularidad alguna en las facturas emitidas por la empresa del denunciante de la trama de corrupción baenense, de modo que no puede alegar perjuicio «según documental unida a la causa» puesto que sería contradictorio con sus propios actos.
Ésta es la primera vez en la que el Ayuntamiento de Baena pretende ejercer la acusación particular desde que se iniciara la instrucción del caso, porque en 2008 lo que hizo el Ayuntamiento fue intentar presentarse como parte perjudicada, sin que se le permitiera tampoco por las mismas razones ahora aducidas.
Curiosamente, la nueva petición del Ayuntamiento baenense se produjo justo una semana después de que el acalde afirmara en rueda de prensa que él tenía que poner «la mano en el fuego» por los dos trabajadores municipales bajo sospecha porque, mientras no haya condena judicial contra cualquiera de ellos, «tengo que respetar su presunción de inocencia».
El argumento fue reutilizado en el pleno municipal celebrado el jueves de la semana pasada, en este caso para justificar la decisión de que los expedientes informativos abiertos contra Santano y Díaz hayan sido congelados a expensas del desarrollo judicial del caso. Sólo cuatro días después, el Ayuntamiento reclamaba formalmente la acusación particular contra los dos trabajadores a los que, en principio, ha descartado sancionar administrativamente por los hechos investigados.
En la misma sesión plenaria celebrada hace ocho días, el alcalde y senador del PSOE sí anunció su idea de emprender diversas acciones judiciales por vía penal contra los que él considera que son urdidores de la «trama» de IU y contra sus colaboradores necesarios –en alusión a los guardias civiles que pincharon los teléfonos móviles de los dos trabajadores municipales por orden del juez–. Sin embargo, no dio ninguna pista sobre su intención de volver a pedir al juzgado la personación del Ayuntamiento en el proceso.
El auto judicial conocido ayer no dice en ningún momento que las presuntas facturas falsas investigadas sean «reales». Es la fiscal del caso la que señala que hay informes del Ayuntamiento y de una auditoría externa «según los cuales» se ha comprobado la «realidad» de las obras y suministros, pero en ningún caso puede colegirse de este hecho que el Ministerio Público presuma o asuma la veracidad del contenido de dichos informes, sino que se limita a esgrimirlos para denegar la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda actuar en el proceso como acusación particular, criterio en el que coincide plenamente con la autoridad judicial.
Como ya se ha apuntado en este periódico, al menos hay una falsificación poco menos que incontrovertible: la de la factura depositada por el empresario denunciante ante la autoridad judicial. En ese momento, ya se habían autorizado los pinchazos de la Guardia Civil, de modo que se puede hacer un seguimiento exhaustivo de su negociación, de las presiones directas ejercidas para su pago por Rafael Santano –que ejercía funciones de secretario del alcalde– y, finalmente, de su cobro y entrega judicial, con copia de los extractos bancarios que así lo acreditan. En concreto, el 27 de agosto de 2007 se ingresaron en la cuenta del Jusgado de Baena los 2.265,48 euros con el número de orden 6.424.069.
Es cierto, como subrayan los abogados de la defensa como el Ayuntamiento, que el empresario se desdijo finalmente de su confesión, pero no se puede obviar que lo hizo después de meses de colaboración con la Justicia y tras haberse ratificado inicialmente tanto ante el juez como el fiscal de la acusación que hizo ante la Guardia Civil el 20 de julio de 2007. Cambió su versión una vez perdida la condición de testigo protegido –la cual reclamó alegando, literalmente, que temía «por su vida y bienes»– y tras haber sido imputado por cohecho. En definitiva, sólo si se archiva el caso tendría garantizado no acabar siendo sancionado él también por estos hechos presuntamente delictivos.
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