jueves, 18 de julio de 2013

PRISIÓN BAJO FIANZA DE 12.000 EUROS PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN


ALMERÍA | Por el caso de los viajes fantasma
Junto a Pérez Montoya, procesados María Teresa González y Joaquín Conde
El juzgado ha ordenado también la retirada del pasaporte a los tres

Miguel Cabrera | Almería

Un día después de tomarles declaración durante casi seis horas, el juez instructor del caso de las facturas por los viajes fantasma de la Diputación de Almería durante el pasado mandato ha dictado auto de prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para el ex vicepresidente de la institución supramunicipal, el socialista Luis Pérez Montoya; la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, y el empresario Joaquín Conde.

Luis Durbán, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Almería, ha fijado el 29 de julio como fecha tope para que los tres imputados en este caso, en el que investiga presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, aporten los 12.000 euros de la fianza y eludan su ingreso en prisión. Fuentes jurídicas han informado que el juzgado ha retirado el pasaporte a los tres, les prohíbe salir de España y les obliga a comparecer a primeros de mes en dependencias judiciales.

Aunque ninguno de los tres imputados quiso declarar a la salida de los juzgados –dos de ellos salieron del edificio de la Ciudad de la Justicia por una puerta trasera- el rostro compungido de Luis Pérez Montoya, quien sí usó la puerta principal, parecía ya indicar que no las tenía todas consigo tras responder al duro interrogatorio al que fue sometido, especialmente por el abogado de la Diputación, Antonio Abad.

No obstante, Pérez insistió en su inocencia al asegurar que en ningún caso había intervenido en una posible falsificación de facturas por viajes que, bien no se realizaron o en los que viajaron personas distintas a las que figuraban en la documentación oficial, como denunció el actual vicepresidente de la Diputación, Javier García, cuando presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado enero. Hasta el momento, se han detectado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias pagadas por la Diputación en el pasado mandato, cuando era gobernada por el PSOE, y que ascienden a un montante de más de 460.000 euros.

No obstante, algunos de los diez imputados en el caso han declarado ante el juez que las facturas podrían ascender a varios cientos, como ha dicho el ex gerente del Patronato de Turismo, Francisco Iglesias, quien también ha advertido que su nombre ha sido utilizado en esas facturas falsas para el enriquecimiento de otras personas.

Facturas falsas
Por su parte, María Teresa González, a quienes algunos imputados y testigos han señalado como la responsable de la gestión económica del Patronato, aún por encima del gerente, también volvió a negar ante el juez su participación en la falsificación de las facturas, aseguró que su labor no era la fiscalización y precisó que si se había producido alguna irregularidad, los responsables habrían sido sus superiores. Y entre ellos estaría el también imputado Luis Pérez Montoya.

El empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, empresa proveedora de la Diputación, declaró que no tuvo ninguna participación en el entramado de las supuestas facturas falsas, tras ser imputado a raíz de la declaración prestada la semana pasada por Francisco Javier Guerrero, gerente de la agencia de viajes que emitía las facturas, tras ingresar en prisión.

Guerrero informó al juez de que a través del Patronato de Turismo se pagaron facturas que el club Unicaja Voleibol - equipo patrocinado por la Diputación Provincial- adeudaba tanto a su empresa como a la de Conde, algo que éste desmintió rotundamente, tal y como ha explicado a ELMUNDO.es su abogado, Juan Marfil Castellano. Guerrero ha quedado en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al atender el juez la petición de su defensa.

Aunque los tres imputados que declararon el miércoles defendieron firmemente su inocencia y su falta de responsabilidad en las facturas ficticias, el juez ha dictado contra ellos orden de prisión eludible bajo fianza, que se espera sea abonada por todos ellos en breve.

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