TRIBUNALES | Por su volumen
Reclama otro juez para que la titular se ocupe en exclusiva de la causa
Asegura que es 'enormemente voluminosa y de muy compleja documentación'
ELMUNDO.es | Valencia
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, celebrada este jueves, ha acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial un juez de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha asumida la causa que investiga el presunto fraude en las ayudas de la Generalitat valenciana al Tercer Mundo.
La titular del Juzgado, Nieves Molina, lo ha solicitado para poder "concentrarse" en la actual fase de la conocida como 'causa de la cooperación'. El objetivo es que el juez de refuerzo se dedique mayoritariamente, y de forma transitoria, al trabajo que necesitan las causas que tramita el juzgado. Con ello, la juez titular se ocupará prácticamente en exclusiva de una causa, que según reconoce el TSJ, es "enormemente voluminosa y de muy compleja documentación".
La investigación del presunto fraude en las ayudas a ONG's se remonta a octubre de 2010. Entonces la Fiscalía abría diligencias por una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las subvenciones otorgadas dos años atrás por la Conselleria de Solidaridad, dirigida entonces por Blasco. Las beneficiarias eran dos entidades: la Fundación Cultural y de Estudios Sociales y la fundación Hemisferio (antes conocida como Solidaria Entre Pueblos).
El PSPV mantenía que la ayuda de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para proyectos en Nicaragua acabó destinándose a la compra de dos pisos de casi 300 metros cuadrados en el centro de Valencia, un garaje e incluso un velero.
Paralelamente se abría otra causa tras la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà. Denunciaba que la conselleria de Blasco también había favorecido a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. El dinero que recibió esta entidad se desvió, según la denuncia, a empresas que creó la propia fundación.
Entre los proyectos de Solidaridad estaba la construcción de un hospital en Haití, desolado tras el terremto de 2010. El Consell debía aportar 4 millones de euros y ajudicó a Hemisferio por su asesoramiento 177.000 euros que salían de las aportaciones solidarias de los valencianos. El hospital nunca se construyó.
El pasado 23 de febrero, la Policía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, registró la sede de la dirección general de Cooperación en Valencia y detuvo, entre otros, al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip.
Un día después, tanto Felip como Alexandre Catalá, subsecretario de Sanidad y subsecretario antes tanto en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía como en la de Solidaridad, fueron destituidos por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
22 imputados
Hasta ahora son 22 las personas imputadas por la juez que instruye el caso. Una de ella es Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional.
La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.
En la causa están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio. Asimismo, son 19 los testigos a los que ya se ha tomado declaración.
Durante el año de instrucción, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.
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