El principal imputado: "No me siento culpable"
"Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", declara
Javier Martín-Arroyo Sevilla
Pico de audiencia en el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha imputado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero seis delitos nada más comenzar su declaración: tres delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación para el principal imputado del caso es muy grave, dada la condena de cárcel que implicarían tres delitos continuados. Hasta ahora Guerrero estaba acusado de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, delito este último que la juez ha desestimado.
El ex director general mantiene como estrategia de defensa que la cúpula del Gobierno andaluz conocían cómo se concedían las subvenciones a empresas en crisis: "Es un hecho objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conocían el sistema de concesión de las ayudas", ha detallado en su declaración esta tarde. Ha añadido que "jamás" le pusieron reparo.
Guerrero está acusado de los delitos de falsedad porque la juez considera que conocía modificaciones en documentos vinculados a transacciones bancarias y documentos oficiales como uno que incluía la firma que su exchófer falsificó como si correspondiera a su madre, Estrella Blanco, que percibió una póliza ilegal de 125.000 euros.
La magistrada ha comenzado la sesión detallando el grueso de 29 millones en ayudas directas recibidas por las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Mientras, Guerrero asentía. Posteriormente, Alaya ha recordado que según la declaración del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, al terminar la jornada laboral, ambos acudían a locales de copas a consumir "alcohol y cocaína" con parte de las subvenciones públicas concedidas. En ese momento Guerrero negaba con la cabeza mientras Alaya describía las tardes pasadas en el pub sevillano Caramelo.
En su relato, la juez ha incidido en que todos los Ayuntamientos que recibieron ayudas del fondo para empresas en crisis de la Consejería de Empleo pertenecían al PSOE, al igual que todos los intrusos y personas beneficiadas por las falsas prejubilaciones en las empresas, cercanas al PSOE.
En su declaración, Guerrero ha explicado cómo al llegar en 1999 a la Consejería de Empleo se puso a las órdenes del viceconsejero Antonio Fernández, y empezó a tramitar ciertas "concesiones tácitas" en el expediente de Industrias Cárnicas Molina que no estaban reflejadas en los documentos oficiales de las subvenciones.
"Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Es la frase clave de la declaración judicial de Guerrero, que dispara hacia sus superiores en el Ejecutivo andaluz durante la década en la que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo.
Sin embargo, el ex director general ha negado que el convenio de 2001 firmado por Fernández y el exconsejero José Antonio Viera, alcanzado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y Empleo, fuera para evitar los reparos que puso la Intervención General ante los expedientes en Cárnicas Molina y Santana Motor. Guerrero asegura que el convenio marco se hizo ante la preocupación del Gobierno andaluz por mantener la paz social ante sucesivas crisis y protestas de obreros en las calles.
Guerrero ha mencionado que "solo el consejero o el viceconsejero" de Empleo pudieron ordenar la supuesta desaparición reciente de documentos en la Dirección General de Trabajo (DGT). Empleo niega esa presunta destrucción de expedientes. Otro de los mencionados en el juicio ha sido el exdiputado socialista Ramón Díaz, con el que Guerrero trabajó tres años, entre 2005 y 2008. Según el imputado, ambos se repartían los expedientes, y Díaz lo sustituía en todo lo que él no podía abarcar, excepto en las conversaciones con las consultoras Vitalia y Uniter.
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