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| Antonio Fernández el día que compareció ante el juez. | C. Márquez |
La Audiencia corrige a la juez Alaya
La defensa había denunciado indefensión del ex alto cargo
"Si hubiera tenido intención de fugarse, tiempo ha tenido"
Sebastián Torres / Antonio Salvador | Sevilla
La Audiencia de Sevilla ha vuelto a corregir a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos y ha decretado libertad para el ex consejero Antonio Fernández si deposita una fianza de 450.000 euros.
El titular andaluz de Empleo entre 2004 y 2010 se encuentra en prisión preventiva comunicada desde el pasado 24 de abril, tras prestar declaración durante cuatro días ante la juez Alaya. Ésta le imputó cuatro delitos continuados de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos y obtención indebida de subvenciones públicas, además de cohecho y falsedad en documento mercantil.
La instructora fundamentó la decisión de enviar a Fernández al centro penitenciario Sevilla 2 por el riesgo de fuga y la posible obstrucción de las actuaciones judiciales que podría llevar a cabo el imputado.
En un auto fechado este jueves, del que ha sido ponente la magistrada Esperanza Jiménez Mantecón, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex consejero y resuelve que Antonio Fernández podrá elurid la prisión provisional si deposita una fianza en metálico de 450.000 euros. También le obliga a entregar el pasaporte para que no pueda abandonar el país y comparecer todos los martes en un juzgado.
La Audiencia de Sevilla considera que no concurre ninguno de los dos motivos esgrimidos para sustentar la prisión. El tribunal recuerda que, si hubiera querido fugarse o entorpecer la instrucción de la causa, "tiempo ha tenido" tras haber transcurrido trece meses desde que se le notificó la imputación hasta que prestó declaración.
Respecto a la posibilidad de eludir la acción judicial, la Audiencia de Sevilla dice que Fernández "pudo hacerlo" cuando conoció su imputación. "La toma de declaración duró cuatro días y fue conocedor desde el primero de ellos de los concretos hechos e infracciones penales que se le atribuían", razona el auto.
En cuanto a la eventual obstrucción de las actuaciones judiciales, consideran que la influencia que pudiera ejercer el imputado "no se conjuraría con la privación de libertad".
La misma sección de la Audiencia de Sevilla ya resolvió en idénticos términos el pasado 14 de junio ante el recurso presentado por el 'chófer de la coca', Juan Francisco Trujillo Blanco. A éste le impuso una fianza de 150.000 euros y la obligación de comparecer en el juzgado dos veces a la semana.
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