miércoles, 11 de julio de 2012

"CASO MALAYA"; "EL SEÑOR ROCA A VECES OBTENÍA UN BENEFICIO INDECENTE, PERO SIEMPRE ERA LEGAL"

Juan Antonio Roca (a la derecha) junto a su principal testaferro, Óscar Benavente. | C. Díaz
Alegato final de la abogada del principal acusado
La defensa sitúa a Roca como un ‘empresario de éxito’ al llegar a Marbella

José Carlos Villanueva | Málaga

Sobre el guión ya escrito. Rocío Amigo, la abogada defensora del principal acusado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, ha situado este miércoles a su representado como un “empresario de éxito” cuando desembarcó en el Ayuntamiento de Marbella, en mayo de 1992.

En cuanto a los negocios inmobilarios privados compaginados con su actividad pública, entre 1992 y 2006 que le reportaron un ingente patrimonio su letrada lo justifica así: "El señor Roca a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre era legal'. Para él ha pedido la libre absolución ante el tribunal que enjuicia la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España.

Durante su informe final, de más de dos horas de duración, la letrada esteponera ha insistido en la solvencia económica del ex asesor urbanístico municipal marbellí, frente a las tesis de Anticorrupción y los peritos de la Agencia Tributaria. Ambos organismos mantienen que Roca estaba arruinado y con sus empresas en quiebra cuando Jesús Gil le contrató.

Con “treinta y pocos años” Roca fue contratado como director general entre 1986 y 1990 en una empresa “y cobraba un sueldo de 1,6 millones de pesetas al mes” ha alegado su defensa. El cartagenero, perito de Minas, comenzó a comprar participaciones de sociedades. “Del 89 al 92 adquirió un yate y más de una veintena de inmuebles”. En 1996-ha insistido Amigo-”ya estaba bien situado y tenía veinte empresas que le generaban beneficios millonarios”.

“Contaba con un patrimonio de 8 millones de euros cuando llegó a Marbella y ya en 2006 (cuando fue detenido) alcanzó los 133 millones de euros”. Todo ello fruto, según la defensa, de su “actividad empresarial”. Sin tapujos, Rocío Amigo ha reconocido en todo momento que Roca compaginó siempre su labor municipal con los negocios inmobiliarios en Marbella y “todo el mundo lo sabía, porque no se ocultaba”, ha recalcado.

Lo cierto es que en numerosas operaciones desarrolladas en Marbella Roca se benefició como empresario, siendo juez y parte a la hora de comprar, vender y recalificar terrenos a terceros, desde su posición de gerente de Urbanismo. No hay duda de que Roca poseía siempre información privilegiada sobre las parcelas más jugosas que había en el mercado marbellí y prueba de ello fueron las millonarias ganancias obtenidas, como así sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa legitima las actuaciones empresariales del acusado así: "El señor Roca compraba y vendía terrenos, a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre era legal”, ha dicho Amigo sobre los escandalosos pelotazos urbanísticos protagonizados por su representado junto a otros socios.

En definitiva, el ex brazo derecho de Jesús Gil no hizo más que aprovechar el contexto de la burbuja inmobiliaria de la España de aquellos tiempos: “La especulación inmobiliaria puede ser amoral, pero es legal”, ha justificado la representante del antiguo factótum del urbanismo marbellí.

Paralelamente, la abogada del principal procesado ha criticado duramente la instrucción judicial que llevó a cabo el ex titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres: “Se ha querido meter en una organización criminal a un picapleitos, a un ñapas (sic) y a un segurata”. De esa forma tan despectiva se ha referido Amigo a los procesados Francisco Soriano (abogado); Ernesto Celdrá (intermediario de terrenos para Roca) y Jaime Hachuel, este último ex jefe de Seguridad del principal acusado.

En opinión de Amigo “Malaya es una investigación policial sin filtro judicial previo y sin cimientos”. Cree, además, que la instrucción de Torres “ha provocado la muerte social de todos los acusados, que han padecido una condena anticipada”.

Finalmente, dicha defensa se ha quejado ante el tribunal de que haya “un periodista que se queje de que el Ayuntamiento rebaja la pena de prisión a Roca de 40 a 30 años”. Realmente la rebaja fue mayor. De los 39 años que el Consistorio pedía inicialmente ahora ha pasado a reclamar tan sólo 20, tal y comó informó EL MUNDO.es el pasado 14 de junio.

El fiscal pide para Roca 30 años de prisión y 800 millones de multa, principalmente por delito continuado de blanqueo de capitales, entre otros. Juan Carlos López Caballero sostiene que el ex asesor municipal cimentó su fortuna en actividades ilícitas dentro del Consistorio marbellí, principalmente con sobornos de empresarios y promotores, además de las comisiones que logró en actividades inmobiliarias privadas.

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