TRIBUNALES
José Carlos Villanueva | Marbella
El auto no establece una periodicidad de comparecencias, como pedía el fiscal
Los condenados debe informar de las salidas fuera de España
José Carlos Villanueva | Marbella
El abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, y el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, no tendrán que ir de momento a la cárcel ni depositar fianza por el 'caso Minutas', por el que han sido condenados cada uno de ellos a siete años y medio de prisión, según se recoge en un auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es
Por lo que respecta a Del Nido, condenado a 7 años y 6 meses de prisión, al igual que Muñoz, la acusación pública apreciaba riesgo de que volviera a cometer delitos, relacionados con la administración pública, al ser asesor jurídico de un número indeterminado de ayuntamientos en la provincia de Sevilla.
En el auto, de 12 folios de extensión, el presidente del tribunal, Carlos Prieto, y los magistrados Andrés Rodero y Javier García, asestan un duro varapalo a las tesis del Ministerio Público: No aprecian riesgo de fuga suficiente como para decretar prisión provisional, o establecer fianzas. También rechazan el riesgo de “reiteración delictiva” de los procesados.
La Sala hace suyos los argumentos de las defensas sobre que los condenados no han tenido causas penales abiertas por hechos posteriores a la fecha en que abandonaron el Ayuntamiento de Marbella, “hace más de ocho años”. Por tanto, no pueden cometer delitos en el ámbito municipal. Sin embargo, nada dice dicha resolución sobre el “peligro” de que el presidente del Sevilla F.C. siga vinculado, como asesor jurídico, a consistorios sevillanos como Bollullos de la Mitación.
El tribunal decreta la obligación de todos los condenados de comparecer ante la Sala “cuantas veces sean citados para ello”. Así pues, ni siquiera se fija una periodicidad de comparecencias semanales o mensuales, en contra de lo que pedía el fiscal, quien solicitó para Del Nido y Muñoz prisión provisional o, en caso contrario, fianza de 500.000 euros. La Sección Tercera también establece, en la parte dispositiva del auto, que los encausados deben comunicar a la autoridad judicial cualquier tipo de cambio en sus domicilio, a efectos de notificaciones y citaciones, así como sus teléfonos correos electrónicos y fax.
Por último, se les apercibe para que informen sobre “cuantas salidas y entradas” realicen fuera del territorio nacional”. Todo ello después de que no se les retire el pasaporte, en contra de lo solicitado por el Ministerio Público.
La Sala entiende, con respecto al riesgo de fuga, que “nunca puede descartarse tal posibilidad”, lo que “no justifica la prisión provisional” que pedía Anticorrupción para Muñoz Del Nido y otros. Nada dice el auto -contra el que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días- sobre en qué basa su negativa a imponer fianza alguna, por mínima que ésta sea. Se rechaza lo alegado por el fiscal sobre las 17 condenas firmes del ex regidor marbellí y sus numerosas causas pendientes.
En un apartado bajo el epígrafe 'Carga de la prueba' los magistrados afirman que “sólo cuando se pruebe que un condenado es un probable reincidente o prófugo se deben adoptar medidas cautelares”. Sostienen, además, que el fiscal “no ha propuesto, junto con su petición, ningún medio de prueba para concretar algún comportamiento o acción elusiva de los condenados que justifique la adopción de nuevas medidas cautelares”. “Por contra” -añaden los magistrados- “las defensas, a excepción del caso de Esteban Guzmán Lanzat (ex edil del GIL), sí que han aportado datos y documentación suficiente para probar el arraigo de los condenados”, reza el fallo.
Guzmán, condenado a 6 años de prisión, no compareció el pasado lunes en la vista de medidas cautelares celebrada. Su abogado dijo que se encontraba en Cuba “viendo a su hija”. Ahora, tal y como establece el auto, se expone a ser detenido, tras ordenarse su busca y captura, si no comparece “en horas de audiencia” (horario laboral) en el plazo de cinco días a partir de ayer.
La Audiencia de Málaga aún debe decidir si ejecuta -de forma provisional- la sentencia en lo que se refiere a la responsabilidad civil reclamada a los condenados: Casi 9 millones de euros. Tanto el fiscal como el Ayuntamiento de Marbella, personado como perjudicado y acusación particular, han pedido que se haga efectivo el pago de las cantidades.
Ya en la vista celebrada el pasado lunes llamó poderosamente la atención la ausencia de los letrados municipales marbellíes. Ello motivó los reproches de las defensas. La versión oficial del equipo de gobierno del PP estriba en que el Consistorio había pedido “la ejecución provisional de sentencia”. Ello no es incompatible con que Marbella hubiera solicitado medidas cautelares en la vía penal, como hizo Anticorrupción.
La sentencia dictada el pasado mes de diciembre, recurrida ante el Supremo, determinó que la cantidad con la que debe indemnizar el exalcalde de Marbella Julián Muñoz al Ayuntamiento asciende a 3,05 millones de euros; mientras que Del Nido responderá, de forma conjunta y solidaria con el anterior, con la cantidad de 2,7 millones de euros.
Condena
La condena por el 'caso Minutas' está relacionada con diversos delitos cometidos en el asesoramiento efectuado por el letrado al Consistorio marbellí.
El abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, fue condenado el pasado 19 de diciember a siete años y seis meses de prisión, al igual que el ex alcalde marbellí, Julián Muñoz, por fraude en concurso con prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso 'Minutas'.
En la sentencia de este caso, sobre los honorarios que pagó el Ayuntamiento de Marbella a Del Nido y que ascendieron entre 1999 y 2003 a 6,7 millones de euros, se absuelve al abogado y a Muñoz de falsedad documental y de delito societario continuado.
Del Nido, además, estaba acusado de tráfico de influencias, apropiación indebida, presentación de documento falso y deslealtad profesional pero la Sala lo absuelve de estos cargos.
Por otro lado, Muñoz y Del Nido fueron a 15 años de inhabilitación absoluta y deberán indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 3.058.505 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.
Además
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