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| Juan Antonio Roca en una de sus declaraciones del juicio. | Carlos Díaz |
Todo ha seguido de nuevo el guión previsto. El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca ha vuelto este lunes a desviar responsabilidades urbanísticas hacia el fallecido ex regidor Jesús Gil y quien fuera su asesor jurídico municipal, José Luis Sierra, actualmente excarcelado (cumplía 8 años de prisión por el 'caso saqueo 1') por padecer Alzheimer.
A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, personada como acusación popular, el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal ha calificado de "locura" la exigencia del 50% de los aprovechamientos urbanísticos que "hacían Gil y Sierra" a los promotores, cada vez que éstos firmaban un convenio con el Ayuntamiento de Marbella.
De hecho, Roca ha asegurado que tras la moción de censura contra el ex alcalde Julián Muñoz, ocurrida en agosto de 2003, "se fijó sólo el 10% de los aprovechamientos. Lo exigido por ley", ha apostillado.
A pesar de que Muñoz era el firmante de los citados convenios el ex responsable del urbanismo municipal le ha dejado al margen de sus críticas. Ni siquiera le ha nombrado.
Roca ha vuelto a reinterpretar la historia, de la forma más beneficiosa para sus intereses personales, al presentar de nuevo la llegada de Marisol Yagüe a la Alcaldía -tras apartar a Muñoz- como una acción para "ir de la mano de la Junta de Andalucía, por la senda de la legalidad". Nada más lejos de la realidad.
Cabe recordar que a finales de julio de 2003 Muñoz acordó con la Junta de Andalucía elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras ser anulado. Obras Públicas dejó claro que el entonces alcalde debería prescindir de Roca. Días después se producía la moción de censura auspiciada por Jesús Gil, al ver peligrar los convenios que él mismo había puesto en práctica con Muñoz y Roca.
De hecho, el letrado del Ejecutivo autonómico le ha recordado al principal procesado la rescisión "unilateral", decidida por Obras Públicas, del convenio de colaboración firmado con la entonces alcaldesa Yagüe entre 2004 y 2005.
A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, personada como acusación popular, el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal ha calificado de "locura" la exigencia del 50% de los aprovechamientos urbanísticos que "hacían Gil y Sierra" a los promotores, cada vez que éstos firmaban un convenio con el Ayuntamiento de Marbella.
De hecho, Roca ha asegurado que tras la moción de censura contra el ex alcalde Julián Muñoz, ocurrida en agosto de 2003, "se fijó sólo el 10% de los aprovechamientos. Lo exigido por ley", ha apostillado.
A pesar de que Muñoz era el firmante de los citados convenios el ex responsable del urbanismo municipal le ha dejado al margen de sus críticas. Ni siquiera le ha nombrado.
Roca ha vuelto a reinterpretar la historia, de la forma más beneficiosa para sus intereses personales, al presentar de nuevo la llegada de Marisol Yagüe a la Alcaldía -tras apartar a Muñoz- como una acción para "ir de la mano de la Junta de Andalucía, por la senda de la legalidad". Nada más lejos de la realidad.
Cabe recordar que a finales de julio de 2003 Muñoz acordó con la Junta de Andalucía elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras ser anulado. Obras Públicas dejó claro que el entonces alcalde debería prescindir de Roca. Días después se producía la moción de censura auspiciada por Jesús Gil, al ver peligrar los convenios que él mismo había puesto en práctica con Muñoz y Roca.
De hecho, el letrado del Ejecutivo autonómico le ha recordado al principal procesado la rescisión "unilateral", decidida por Obras Públicas, del convenio de colaboración firmado con la entonces alcaldesa Yagüe entre 2004 y 2005.
Se desvincula de los convenios urbanísticos
A pesar de que Roca siempre ha tratado de desvincularse de los convenios urbanísticos, las conversaciones telefónicas -tres de ellas reproducidas este lunes en la Sala- demuestran hasta qué punto controlaba todos los entresijos de los informes que se llevaban a las comisiones de gobierno y los plenos del Ayuntamiento de Marbella. Se le ha podido oír dando instrucciones a la abogada del área municipal de Urbanismo, Salvadora Martín Moreno.
Tras finalizar el turno de las acusaciones el primero en tomar la palabra ha sido el abogado defensor del promotor Carlos Sánchez, Julián Chamorro. El conocido letrado madrileño ha puesto de manifiesto, con sus preguntas a Roca, la legalización de más de 30.000 viviendas en Marbella con la llegada del PP a la Alcaldía, tras elaborar un nuevo PGOU con la Junta de Andalucía.
"¿Ha devuelto algún dinero el Ayuntamiento como compensación por esas licencias de obras?", ha preguntado Chamorro a Roca. Ello ha servido para que el ex asesor de Yagüe dejara claro que "no hay nada que devolver porque todo se ha legalizado". De hecho, el equipo de gobierno que preside Angeles Muñoz no ha revisado licencias otorgadas de forma irregular por el GIL. Tanto el PP como la antigua Comisión Gestora dejaron en suspenso cualquier demolición a ejecutar por los tribunales, a la espera de la aprobación definitiva del nuevo Plan.
A pesar de que Roca siempre ha tratado de desvincularse de los convenios urbanísticos, las conversaciones telefónicas -tres de ellas reproducidas este lunes en la Sala- demuestran hasta qué punto controlaba todos los entresijos de los informes que se llevaban a las comisiones de gobierno y los plenos del Ayuntamiento de Marbella. Se le ha podido oír dando instrucciones a la abogada del área municipal de Urbanismo, Salvadora Martín Moreno.
Tras finalizar el turno de las acusaciones el primero en tomar la palabra ha sido el abogado defensor del promotor Carlos Sánchez, Julián Chamorro. El conocido letrado madrileño ha puesto de manifiesto, con sus preguntas a Roca, la legalización de más de 30.000 viviendas en Marbella con la llegada del PP a la Alcaldía, tras elaborar un nuevo PGOU con la Junta de Andalucía.
"¿Ha devuelto algún dinero el Ayuntamiento como compensación por esas licencias de obras?", ha preguntado Chamorro a Roca. Ello ha servido para que el ex asesor de Yagüe dejara claro que "no hay nada que devolver porque todo se ha legalizado". De hecho, el equipo de gobierno que preside Angeles Muñoz no ha revisado licencias otorgadas de forma irregular por el GIL. Tanto el PP como la antigua Comisión Gestora dejaron en suspenso cualquier demolición a ejecutar por los tribunales, a la espera de la aprobación definitiva del nuevo Plan.
Además
* Gráfico: Las claves del caso
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