La magistrada da 10 días a Economía para que remita los expedientes tramitados cuando Griñán era consejero
MANUEL PLANELLES - Sevilla
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de las irregularidades en los Expediente de Regualación de Empleo (ERE), ha decidido que 16 de los imputados presenten fianzas para hacer frente a las futuras responsabilidades pecuniarias. De momento, impone fianzas por un valor total de 4.797.562,63 euros. La mayor es para Carmen García Sánchez, propietaria de la empresa Río Grande. La juez le pide 1,99 millones porque, según Alaya, su responsabilidad es mayor que la del resto de intrusos que presuntamente se lucraron al ser incluidos en los ERE.
Según la magistrada, gracias a su "condición de empresaria", supuestamente logró lucrarse ella y ayudó a que otros se lucraran incluyéndolos en el ERE de su empresa. Alaya, en un auto fechado el 30 de noviembre, repasa uno a uno a los 16 imputados y detalla el dinero que percibieron de las arcas públicas de forma ilícita a través de los ERE. A la cantidad percibida, la juez le suma un 30%.
Las fianzas fijadas por la juez son mayores de las que solicitó la Fiscalía Anticorruoción el pasado 17 noviembre. El ministerio público reclamaba para 14 de los intrusos de los ERE un total de 2,85 millones de euros. El objetivo de la fiscalía es que la Junta de Andalucía pueda recuperar los 10 millones de euros que se quedaron los 72 falsos prejubilados que se han identificado hasta el momento.
La magistrada ha dado a la Junta un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que el responsable del ramo era el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno "a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L", partida también conocida como "fondo de reptiles".
Según la magistrada, gracias a su "condición de empresaria", supuestamente logró lucrarse ella y ayudó a que otros se lucraran incluyéndolos en el ERE de su empresa. Alaya, en un auto fechado el 30 de noviembre, repasa uno a uno a los 16 imputados y detalla el dinero que percibieron de las arcas públicas de forma ilícita a través de los ERE. A la cantidad percibida, la juez le suma un 30%.
Las fianzas fijadas por la juez son mayores de las que solicitó la Fiscalía Anticorruoción el pasado 17 noviembre. El ministerio público reclamaba para 14 de los intrusos de los ERE un total de 2,85 millones de euros. El objetivo de la fiscalía es que la Junta de Andalucía pueda recuperar los 10 millones de euros que se quedaron los 72 falsos prejubilados que se han identificado hasta el momento.
La magistrada ha dado a la Junta un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que el responsable del ramo era el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno "a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L", partida también conocida como "fondo de reptiles".
elpaís.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario