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| Isabel García Marcos en una imagen de archivo en la Ciudad de la Justicia. | ELMUNDO.es |
José Carlos Villanueva | Málaga
La sentencia supondrá un precedente cargado de simbolismo. Isabel García Marcos, la ex edil del PSOE que se distinguió por sus denuncias urbanísticas contra gobiernos del GIL (1991-2003) ha aceptado este jueves ser condenada por un delito de prevaricación urbanística.
Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal del 'caso Magenta', Juan Calvo Rubio, la ex munícipe marbellí ha sido enjuiciada por su antigua condición de primera teniente de alcalde (de agosto de 2003 a marzo de 2006).
La que fuera tránsfuga socialista se ha conformado con una multa de 3.650 euros e inhabilitación durante 10 años para cargo público electo, en lugar del año de prisión que solicitaba inicialmente el Ministerio Público. No tendrá problemas para seguir desempeñando su puesto como inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tampoco está en su mente volver a la política activa para ser elegida en las urnas.
Pero al margen de la petición fiscal está lo que solicita el PSOE, personado como acusación particular: Un año y diez meses de prisión para la que fuera su compañera de filas. Fuentes de las defensas consultadas por EL MUNDO.es califican como "poco probable" que el juez de lo Penal 10 de Málaga, donde se ha celebrado la vista, vaya a aceptar penas superiores a las que reclama la acusación pública, dado el acuerdo alcanzado.
El asesor jurídico del PSOE, Oliver Roales, ha sido muy crítico con el acuerdo entre la fiscalía y los acusados, al considerar que en el Ayuntamiento de Marbella "existió una situación generalizada de corrupción" y, a su juicio, no se pueden hacer distingos entre los ex ediles gilistas ya condenados por delitos urbanísticos y quienes formaron parte del gobierno tripartito en el que estaba García Marcos, entre 2003 y 2006. De hecho, Roales, al contrario que el fiscal, incluye entre los acusados para los que pide la misma pena al ex edil del GIL Rafael Calleja, yerno de Pitita Ridruejo.
Se han sumado al pacto con el fiscal otros tres ex miembros de la corporación marbellí que presidió Marisol Yagüe. Se trata del también tránsfuga del PSOE, José Jaén, el ex secretario provincial del Partido Andalucista, Pedro Pérez Salgado y la ex edil del GIL Carmen Revilla.
García Marcos, que no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, también ha compartido banquillo con el que fuera su mayor enemigo político, el ex alcalde Julián Muñoz, y otros ocho ex ediles gilistas de distintas corporaciones (1995 a 2006).
La mayoría de los ex concejales del GIL enjuiciados eran integrantes de la comisión de gobierno de abril de 2002, presidida por Julián Muñoz, que acordó otorgar licencia de obras al proyecto básico, presentado por el grupo inmobiliario Magenta, para la construcción de 20 viviendas. Había un exceso de edificabilidad, puesto que, según el PGOU vigente de 1986, sólo se podían construir cinco viviendas, sostiene el fiscal.
García Marcos, Pérez, Jaén y Revilla dieron el permiso de proyecto de ejecución en marzo de 2004. Así pues, con su actuación administrativa consolidaron el delito iniciado por anteriores ediles.
La denuncia por la que García Marcos será condenada forma parte de la decena que interpuso el ex portavoz del PSOE de Marbella Silvestre Puertas en 2004. Él y su compañero de filas Diego Lara fueron los únicos representantes socialistas de la Corporación desde agosto de 2003 a marzo de 2006, cuando se inició la operación 'Malaya'. Así pues, la que fuera látigo de Jesús Gil, desde el PSOE, atesorará su primera condena gracias a Puertas y Lara, quienes firmaron inicialmente la moción de censura contra Julián Muñoz. Antes de ser sometida a votación en el pleno se retiraron de dicha operación de transfuguismo político.
De los doce ex ediles acusados, ocho de ellos: Julián Muñoz, Rafael González, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa Marisa Alcalá Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez (prófugo de la Justicia y declarado en rebeldía) ya se habían acogido al acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía de Medio Ambiente. Se fijaba un año de prisión para los ediles de la segunda corporación del GIL (1995-1999) y de nueve meses para los de la tercera (1999-2003). Por tanto, este jueves dicho pacto se ha alcanzado de nuevo con las mismas penas.
Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal del 'caso Magenta', Juan Calvo Rubio, la ex munícipe marbellí ha sido enjuiciada por su antigua condición de primera teniente de alcalde (de agosto de 2003 a marzo de 2006).
La que fuera tránsfuga socialista se ha conformado con una multa de 3.650 euros e inhabilitación durante 10 años para cargo público electo, en lugar del año de prisión que solicitaba inicialmente el Ministerio Público. No tendrá problemas para seguir desempeñando su puesto como inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tampoco está en su mente volver a la política activa para ser elegida en las urnas.
Pero al margen de la petición fiscal está lo que solicita el PSOE, personado como acusación particular: Un año y diez meses de prisión para la que fuera su compañera de filas. Fuentes de las defensas consultadas por EL MUNDO.es califican como "poco probable" que el juez de lo Penal 10 de Málaga, donde se ha celebrado la vista, vaya a aceptar penas superiores a las que reclama la acusación pública, dado el acuerdo alcanzado.
El asesor jurídico del PSOE, Oliver Roales, ha sido muy crítico con el acuerdo entre la fiscalía y los acusados, al considerar que en el Ayuntamiento de Marbella "existió una situación generalizada de corrupción" y, a su juicio, no se pueden hacer distingos entre los ex ediles gilistas ya condenados por delitos urbanísticos y quienes formaron parte del gobierno tripartito en el que estaba García Marcos, entre 2003 y 2006. De hecho, Roales, al contrario que el fiscal, incluye entre los acusados para los que pide la misma pena al ex edil del GIL Rafael Calleja, yerno de Pitita Ridruejo.
Se han sumado al pacto con el fiscal otros tres ex miembros de la corporación marbellí que presidió Marisol Yagüe. Se trata del también tránsfuga del PSOE, José Jaén, el ex secretario provincial del Partido Andalucista, Pedro Pérez Salgado y la ex edil del GIL Carmen Revilla.
García Marcos, que no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, también ha compartido banquillo con el que fuera su mayor enemigo político, el ex alcalde Julián Muñoz, y otros ocho ex ediles gilistas de distintas corporaciones (1995 a 2006).
La mayoría de los ex concejales del GIL enjuiciados eran integrantes de la comisión de gobierno de abril de 2002, presidida por Julián Muñoz, que acordó otorgar licencia de obras al proyecto básico, presentado por el grupo inmobiliario Magenta, para la construcción de 20 viviendas. Había un exceso de edificabilidad, puesto que, según el PGOU vigente de 1986, sólo se podían construir cinco viviendas, sostiene el fiscal.
García Marcos, Pérez, Jaén y Revilla dieron el permiso de proyecto de ejecución en marzo de 2004. Así pues, con su actuación administrativa consolidaron el delito iniciado por anteriores ediles.
La denuncia por la que García Marcos será condenada forma parte de la decena que interpuso el ex portavoz del PSOE de Marbella Silvestre Puertas en 2004. Él y su compañero de filas Diego Lara fueron los únicos representantes socialistas de la Corporación desde agosto de 2003 a marzo de 2006, cuando se inició la operación 'Malaya'. Así pues, la que fuera látigo de Jesús Gil, desde el PSOE, atesorará su primera condena gracias a Puertas y Lara, quienes firmaron inicialmente la moción de censura contra Julián Muñoz. Antes de ser sometida a votación en el pleno se retiraron de dicha operación de transfuguismo político.
De los doce ex ediles acusados, ocho de ellos: Julián Muñoz, Rafael González, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa Marisa Alcalá Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez (prófugo de la Justicia y declarado en rebeldía) ya se habían acogido al acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía de Medio Ambiente. Se fijaba un año de prisión para los ediles de la segunda corporación del GIL (1995-1999) y de nueve meses para los de la tercera (1999-2003). Por tanto, este jueves dicho pacto se ha alcanzado de nuevo con las mismas penas.
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