El estudio ha sido realizado por una filial de Mascaró
Europa Press | Palma
Un informe aportado por la UTE Resenetma -filial de Melchor Mascaró- cifra en un total de 203.711 euros la cantidad que presuntamente fue sobrefacturada por los servicios de recogida selectiva que la concesionaria prestó entre 2006 y 2010, lo que contrasta con los más de cinco millones de euros a los que una pericial encargada por el Consell de Mallorca elevaba el desvío que a nivel global se habría producido a través de esta mercantil y de la FCC Lumsa, lo que está siendo investigado en el marco del caso Cloaca.
El documento ha sido aportado por la defensa de la mercantil, ejercida por el letrado Jaime Campaner, después de que el juez instructor de la causa, Enrique Morell, emplazase a las UTE investigadas en este procedimiento -Resenetma y FCC Lumsa- a que justificasen documentalmente el valor real de los servicios prestados y esclarecer de este modo si incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este caso.
El dictamen pericial, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por el economista Antonio Suau, indica que el valor de los servicios que prestó Resenetma asciende a 3,2 millones de euros, si bien la diferencia entre esta cantidad y el importe facturado a la Institución Insular se sitúa en los 203.711 euros. Se trata de unas conclusiones que difieren del informe que elevaba a más de cinco millones la cantidad global presuntamente desviada a través de las dos mercantiles y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.
En cualquier caso, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.
En este contexto, aseveran que este "incumplimiento" les provocó en total un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno". Las defensas de ambas UTE así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien el nuevo informe pericial las estimaba en más de cinco millones.
Posteriormente, un informe jurídico aportado al caso por Resenetma consideraba "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell y negaba por tanto un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incidía en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas.
El dictamen, elaborado por el catedrático Avel·lí Blasco, aseveraba que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial. "Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", incidía el informe.
"En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuios entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell. El dictamen apuntaba a que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".
Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados. Imprimir
El documento ha sido aportado por la defensa de la mercantil, ejercida por el letrado Jaime Campaner, después de que el juez instructor de la causa, Enrique Morell, emplazase a las UTE investigadas en este procedimiento -Resenetma y FCC Lumsa- a que justificasen documentalmente el valor real de los servicios prestados y esclarecer de este modo si incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este caso.
El dictamen pericial, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por el economista Antonio Suau, indica que el valor de los servicios que prestó Resenetma asciende a 3,2 millones de euros, si bien la diferencia entre esta cantidad y el importe facturado a la Institución Insular se sitúa en los 203.711 euros. Se trata de unas conclusiones que difieren del informe que elevaba a más de cinco millones la cantidad global presuntamente desviada a través de las dos mercantiles y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.
En cualquier caso, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.
En este contexto, aseveran que este "incumplimiento" les provocó en total un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno". Las defensas de ambas UTE así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien el nuevo informe pericial las estimaba en más de cinco millones.
Posteriormente, un informe jurídico aportado al caso por Resenetma consideraba "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell y negaba por tanto un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incidía en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas.
El dictamen, elaborado por el catedrático Avel·lí Blasco, aseveraba que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial. "Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", incidía el informe.
"En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuios entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell. El dictamen apuntaba a que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".
Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados. Imprimir
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