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| Las actas del Consejo de Gobierno, tal cual las envió la Junta al juzgado. |
Revés judicial al Gobierno andaluz
* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"
* La Junta dice que el conflicto deber resolverlo del Tribunal Supremo
* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"
* La Junta dice que el conflicto deber resolverlo del Tribunal Supremo
S. Torres | A. Salvador | Sevilla
La Audiencia de Sevilla ha declarado que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó estos documentos al Gobierno andaluz en su investigación de la trama de los ERE, pero el Ejecutivo de Griñán se los denegó alegando que su contenido era reservado.
En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.
"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".
Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.
En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.
"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".
Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.
Las actas, en dependencias judiciales
Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.
Por su parte, La Junta de Andalucía considera que la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno a la juez debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.
Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, este conflicto que ha sido planteado por la Junta de Andalucía "todavía no ha sido tramitado por el Juzgado de Instrucción numero 6", cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya y que investiga las ayudas de la administración andaluza a los ERE irregulares.
El Gobierno andaluz recalca que "la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno" a la juez, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.
También pone en cuestión que la juez suspendiera la tramitación del conflicto de jurisdicción ante el Supremo, tal como le había planteado la Junta, "ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización".
Además
elmundo.es
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