Camps y Castedo son los únicos bajo sospecha que quedan en un gobierno
MARÍA FABRA - Castellón
La corrupción cala. Las alegrías de los imputados e implicados en los casos Gürtel y Brugal han durado lo mismo que unas vacaciones escolares. Poco más de dos meses después de que el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, decidiera incluir en las listas autonómicas al grueso de ambas tramas, con el beneplácito de la dirección nacional, las expectativas han quedado reducidas a "diputado raso". Todos, o muchos de ellos, pensaron que traspasar el primer gran obstáculo de aparecer en una candidatura electoral, cuando el triunfo electoral del PP era evidente, era garantía de repetir o entrar en un Gobierno autónomo que iba a estar liderado por otro imputado, un igual, jurídicamente hablando. Sin embargo, no ha sido así.
Las urnas avalaron a implicados en corrupción que no conservan el cargo
Camps quiere distanciar su imputación de las del resto del PP
Pese a las graves acusaciones de cohecho, financiación irregular y delito fiscal, entre otras, las urnas avalaron estas candidaturas otorgando a los populares valencianos una nueva mayoría absoluta que, en cualquier caso, se obtuvo con la pérdida de casi cuatro puntos respecto a las anteriores elecciones, cuando el tsunami azul aún no había arrasado en todo el panorama español.
Pero la corrupción no es buena carta de presentación y pesa. Y en el caso del PP valenciano ha sido como la fina lluvia, que ha ido salpicando y mojando hasta calar.
Hasta las elecciones, y desde que se destapó el caso Gürtel y el grueso del caso Brugal, la huella y consecuencia pública de la corrupción se habían hecho ya evidentes en el PP madrileño. Un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero y un senador, además de cinco alcaldes, fueron forzados a dejar sus cargos e incluso expulsados del partido. En el PP valenciano todo parecía seguir igual y, muy al contrario, todo apuntaba a que, incluso, el estar imputado contabilizaba como mérito para seguir manteniendo un cargo, para seguir siendo un administrador del dinero público. Para no dejar solo al líder, tanto del partido como de la Administración con los que se ha relacionado a las tramas corruptas. Pero no ha sido así.
Francisco Camps se ha deshecho de todos los imputados o implicados en casos de corrupción política y los ha dejado con el aforamiento que les dispensa su condición de parlamentarios pero sin ningún otro cargo. Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, al igual que Luis Díaz Alperi, permanecerán en la bancada popular de las Cortes valencianas pero como meros espectadores de lo que decide el nuevo Gobierno. El ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tampoco podrá optar a la reelección. Ninguno de ellos volverá a administrar dinero público.
Hay dos excepciones: la del propio Camps y la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que fue reelegida con una abrumadora mayoría antes de que se levantara el secreto del sumario de la parte del caso Brugal en el que está implicada y que desvela su connivencia con el más importante constructor de Alicante, Enrique Ortiz.
Fuentes consultadas aseguran que la decisión de Camps se basa en dos premisas: la primera, la necesidad de desprenderse de la marca de corrupción con la que está etiquetada la Comunidad Valenciana, tanto en su imagen pública como en el mismo seno del PP. "Daba igual que habláramos de los ERE de Andalucía, en la Comunidad Valenciana siempre era más", sostiene un dirigente popular. En el caso del partido, al requisito de cambiar esa imagen se uniría la exigencia de la dirección de evitar la reedición de la avalancha de críticas que supuso la inclusión de 11 implicados en casos de corrupción en las listas y la incomodidad del propio Mariano Rajoy por tener que respaldar esas decisiones.
La segunda intención de Camps es distinguir su implicación judicial de la del resto de quienes han sido sus hombres de confianza, con la idea de marcar distancias. Pese a que la trama corrupta, liderada por Francisco Correa y su "amiguito del alma", Álvaro Pérez, El Bigotes, entró de su mano, tanto en el PP como en la Generalitat valenciana, el reelegido presidente pretende que las referencias a su imputación se mantengan en el "caso de los tres trajes" y no se pueda hablar de la cúpula de Camps vinculada a los otros asuntos judiciales, como el de la financiación irregular del PP.
Las urnas avalaron a implicados en corrupción que no conservan el cargo
Camps quiere distanciar su imputación de las del resto del PP
Pese a las graves acusaciones de cohecho, financiación irregular y delito fiscal, entre otras, las urnas avalaron estas candidaturas otorgando a los populares valencianos una nueva mayoría absoluta que, en cualquier caso, se obtuvo con la pérdida de casi cuatro puntos respecto a las anteriores elecciones, cuando el tsunami azul aún no había arrasado en todo el panorama español.
Pero la corrupción no es buena carta de presentación y pesa. Y en el caso del PP valenciano ha sido como la fina lluvia, que ha ido salpicando y mojando hasta calar.
Hasta las elecciones, y desde que se destapó el caso Gürtel y el grueso del caso Brugal, la huella y consecuencia pública de la corrupción se habían hecho ya evidentes en el PP madrileño. Un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero y un senador, además de cinco alcaldes, fueron forzados a dejar sus cargos e incluso expulsados del partido. En el PP valenciano todo parecía seguir igual y, muy al contrario, todo apuntaba a que, incluso, el estar imputado contabilizaba como mérito para seguir manteniendo un cargo, para seguir siendo un administrador del dinero público. Para no dejar solo al líder, tanto del partido como de la Administración con los que se ha relacionado a las tramas corruptas. Pero no ha sido así.
Francisco Camps se ha deshecho de todos los imputados o implicados en casos de corrupción política y los ha dejado con el aforamiento que les dispensa su condición de parlamentarios pero sin ningún otro cargo. Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, al igual que Luis Díaz Alperi, permanecerán en la bancada popular de las Cortes valencianas pero como meros espectadores de lo que decide el nuevo Gobierno. El ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tampoco podrá optar a la reelección. Ninguno de ellos volverá a administrar dinero público.
Hay dos excepciones: la del propio Camps y la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que fue reelegida con una abrumadora mayoría antes de que se levantara el secreto del sumario de la parte del caso Brugal en el que está implicada y que desvela su connivencia con el más importante constructor de Alicante, Enrique Ortiz.
Fuentes consultadas aseguran que la decisión de Camps se basa en dos premisas: la primera, la necesidad de desprenderse de la marca de corrupción con la que está etiquetada la Comunidad Valenciana, tanto en su imagen pública como en el mismo seno del PP. "Daba igual que habláramos de los ERE de Andalucía, en la Comunidad Valenciana siempre era más", sostiene un dirigente popular. En el caso del partido, al requisito de cambiar esa imagen se uniría la exigencia de la dirección de evitar la reedición de la avalancha de críticas que supuso la inclusión de 11 implicados en casos de corrupción en las listas y la incomodidad del propio Mariano Rajoy por tener que respaldar esas decisiones.
La segunda intención de Camps es distinguir su implicación judicial de la del resto de quienes han sido sus hombres de confianza, con la idea de marcar distancias. Pese a que la trama corrupta, liderada por Francisco Correa y su "amiguito del alma", Álvaro Pérez, El Bigotes, entró de su mano, tanto en el PP como en la Generalitat valenciana, el reelegido presidente pretende que las referencias a su imputación se mantengan en el "caso de los tres trajes" y no se pueda hablar de la cúpula de Camps vinculada a los otros asuntos judiciales, como el de la financiación irregular del PP.
Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Tema: Caso Gürtel
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