CORRUPCIÓN Y TRANSFUGUISMO EN EL PARAÍSO URBANÍSTICO DE GONDOMAR

De izq. a dcha y detras de sus respectivos abogados: Alejandro Gómez Garrido, Borja Ramilo y José Luis Mosquera. | Efe

Serie sobre la corrupción

* El 90% del anterior gobierno local fue inhabilitado judicialmente
* La Audiencia condenó a dos concejales del PP por exigir dinero a promotores
* El ex alcalde y otros cuatro ediles, culpables de un delito de prevaricación
* El tripartito surgió de una moción de censura con cuatro tránsfugas del PSOE
* A dos meses del 22-M, prohíben a la secretaria emitir informes urbanísticos

Antonino García | Vigo

Gondomar está en permanente convulsión desde hace ya cinco años. El pequeño municipio del área metropolitana de Vigo vive rodeado de escándalos políticos que no cesan: inhabilitaciones, sentencias, mociones de censura, caceroladas y funcionarios con miedo a firmar cualquier tipo de resolución.

"No hay un caso Gondomar, sino que Gondomar es un caso en sí mismo", señalaba uno de los abogados que participaba en el juicio contra dos concejales por cohecho celebrado el pasado verano. La oposición asegura estar "harta" de que el nombre de su localidad aparezca "siempre" en los periódicos por "escándalos" y los trabajadores municipales desean que lleguen "cuanto antes" las elecciones para que se restablezca la normalidad.

Con poco menos de 14.000 habitantes, la localidad ha experimentado su explosión demográfica en la primera década del siglo XXI, en plena efervescencia de las constructoras e inmobiliarias. Situado a orillas del río Miñor, a sólo unos metros de las playas de la bahía de Baiona y a unos kilómetros de Vigo, Gondomar reunía las características necesarias para que la tentación del dinero fácil estuviese todos los días a las puertas de los concejales.

Lo que era un secreto a voces salió a luz pública en febrero de 2007. Con la ayuda de un gancho que simulaba su papel de intermediario, la Guardia Civil desmontaba una trama dedicada a extorsionar a promotores con intereses urbanísticos.

Condenas por cohecho
José Luis Mosquera, edil del Cultura, y Alejandro Gómez, de Urbanismo, fueron condenados por la Audiencia Provincial a 15 y tres meses, respectivamente, de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como a multas de 135.000 y 450.000 euros, aunque el segundo de ellos decidió recurrir la pena ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El sistema que utilizaban y que declaró probado el tribunal popular consistía en solicitar importantes cantidades de dinero, según la Fiscalía hasta un millón de euros, por "no poner trabas" a los convenios urbanísticos que ya habían sido aprobados. Durante su declaración, Mosquera llegó a decir que el dinero estaba destinado a financiar la campaña del PP en Uruguay y la de partidos independientes, así como la escisión de los tránsfugas del PSOE que dos años más tarde acabarían propiciando una moción de censura.

De aquel gobierno local del PP, el 90% está actualmente inhabilitado. Además de José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, otros cinco ediles, incluido el ex alcalde Carlos Silva, fueron procesados y condenados por un delito de prevaricación continuada.

Licencias urbanísticas
En este caso, también estuvo implicado Mosquera junto al propio Silva y a los concejales Ángel Gregores, José Misa, Jaime Rial y Abelardo Meseses. El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo condenó en diciembre de 2008 a los integrantes de la Comisión de Gobierno de Gondomar a un año y seis meses de prisión e inhabilitación por ocho años, por un delito de prevaricación urbanística. Tras el recurso, la Audiencia rebajó en junio de 2010 la pena al ex alcalde, aunque mantuvo una pena de seis meses de prisión y le inhabilitó para ocupar un cargo público durante siete años.

El fallo considera que en el periodo entre febrero de 2005 y enero de 2006 se concedieron licencias urbanísticas de forma ilegal, ya que se aprobaron al amparo de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) anulado y con informes desfavorables de los técnicos municipales.

Carlos Silva dimitió entonces de sus cargos como concejal de Economía, Hacienda y Personal, así como de su puesto como vicepresidente en la Diputación Provincial de Pontevedra. El ex regidor eludió el pasado verano su ingreso en prisión al ser absuelto de otro delito de falsedad documental que hubiera supuesto su encarcelamiento.

El escándalo de corrupción urbanística de 2007 tuvo un efecto inmediato en las elecciones municipales que estaba a punto de celebrarse y el PP perdió la Alcaldía a favor del BNG y el PSOE, que pactaron para que gobernase el nacionalista Antón Araúxo.

Moción de censura
Los dos concejales que perdieron los populares supusieron un gobierno de coalición que sólo duraría dos años. En julio de 2009, una moción de censura propiciada por tránsfugas le devolvía el bastón de mando en Gondomar.

Los socialistas Alfonso de Lis, Carlos Cabaleiro, Teresa Pereira y Manuel Gómez votaban a favor del nombramiento de Martín Urgal, segundo en la lista del PP tras Silva, junto con el independiente Manuel Núñez (Move Gondomar). El PSOE expulsaría de su formación a los cuatro ediles y la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo los declararía tránsfugas un año después.

Durante los dos últimos años, la situación apenas ha mejorado en el Ayuntamiento de Gondomar y las denuncias continúan. "Por suerte o por desgracia ocupamos grandes titulares en periódicos de tirada nacional", señala Antón Araúxo. El BNG ha puesto en manos de la Fiscalía de Pontevedra la última controvertida decisión del gobierno local.

El alcalde dictó en febrero de 2011 una resolución mediante la que cesaba a la secretaria general y a la técnica de administración de sus funciones en materia urbanística. A cambio, decidía contratar durante seis meses por un importe de 17.500 euros a un asesor externo para realizar los informes favorables para conceder licencias.

"Tenemos que sacar adelante pequeñas obras que dan muchos puestos de trabajo y quiero que ellas se dediquen a pagar facturas pendientes desde hace más de un año", respondió el regidor tras las acusaciones de los nacionalistas. División en el PP local.

Para empeorar todavía más las cosas, Rafael Louzán, presidente de la Diputación y de la dirección provincial del PP, eligió a un candidato que ha dividido todavía más al partido de cara al 22-M. Fernando Guitián, ingeniero y sin experiencia política, no quiere incluir en su lista a ninguno de los concejales actuales y se ha producido una ruptura con la ejecutiva local.

En un lugar en el que la sombra de la corrupción urbanística todavía está muy presente, el candidato no mencionó en su presentación que también se había dedicado a la promoción inmobiliaria. Según publicó el diario 'El País', Guitián participó en la construcción de varios chalets en el municipio que aún no se han vendido.

Desde que se produjo la moción de censura se han repetido una y otra vez las caceroladas organizadas por la Plataforma Vecinal de Gondomar en contra de la Corrupción. Con el lema 'Moción=Corrupción', aseguran que "aún hay ciudadanos que seguiremos manifestando nuestra indignación con el golpe de estado que dieron los tránsfugas junto al PP y a Move Gondomar".

'Corrupción made in Spain'
Si algo ha caracterizado a España en los últimos años es la corrupción. Una lacra que se ha instalado con fuerza en todas partes y todos los partidos políticos.

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