Dijeron que eran 'pesquisas antidroga'
José Carlos Villanueva | Málaga
Ratificación
A lo largo del interrogatorio de este lunes a los testigos policiales el fiscal ha buscado, con sus preguntas, la ratificación de toda la investigación mediante la corroboración pormenorizada de los numerosos oficios e informes elaborados a instancia del juez Torres.
Sorprendentemente el comisario Madrona ha asegurado que no tenía conocimiento de actos de corrupción - en el Ayuntamiento de Marbella- antes de iniciarse la investigación del caso 'Malaya' en noviembre de 2005.
Todo ello a pesar de que el caso 'Saqueo 1' se inició en octubre de 1999, tras denunciar EL MUNDO el desvío de 24 millones de euros de sociedades municipales a cuentas privadas. En abril de 2002 Roca y el ex alcalde Gil, entre otros, ingresaron en prisión preventiva incomunicada durante una semana, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Al ser preguntado por la contabilidad de la empresa Maras Asesores, incautada a raíz de la detención del contable y testaferro Salvador Gardoqui, Rando ha declarado que dentro del movimiento de entradas y salidas, de dicha contabilidad, "para el señor Roca el Ayuntamiento era una empresa más" .
Paralelamente se ha referido a Maras como "la caja única de los cohechos", en relación con las iniciales que aparecían en la contabilidad y que la Udyco atribuyó a empresarios que entregaban fondos a Roca a modo de supuestos sobornos, para agilizar permisos urbanísticos.
elmundo.es
José Carlos Villanueva | Málaga
La investigación policial del llamado caso 'Malaya' tuvo que ser reorganizada a los pocos días de ponerse en marcha. La Policía Local de Marbella detectó a los agentes encargados de las pesquisas sobre la trama de presunta corrupción municipal.
Así lo han declarado este lunes tanto el ex comisario jefe de Marbella Rafael Madrona, como el inspector Rando. Ambos llevaron el peso de las investigaciones en lo que respecta a la Udyco Costa del Sol, con sede en la Comisaría Provincial de Málaga.
Madrona, que en noviembre de 2005 cuando arrancó la instrucción judicial era inspector jefe, ha recordado que el entonces superintendente de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, les preguntó personalmente a qué se estaban dedicando en la ciudad: "Le contestamos que se trataba de una operación antidroga", ha detallado el mando policial.
Por su parte, Rando, ex jefe del Grupo III de Blanqueo de Capitales, ha expuesto que la unidad que él lideraba "estaba formada por sólo seis funcionarios". No obstante, ha asegurado que "la Policía Local hacía imposible una aproximación sin riesgo de ser detectados".
Fue encargo del entonces juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, actuar con "el máximo sigilo". En las primeras vigilancias policiales, que se llevaron a cabo en el entorno de las oficinas de Urbanismo, cuartel general de Juan Antonio Roca, los agentes fueron detectados, "tras recibirse una llamada de Marbella preguntando por un vehículo sospechoso". El demandante de aquella información era Del Pozo.
A partir de ese momento se extremó al máximo el celo policial, como ya es sabido, hasta el punto de 'blindar' las pesquisas en el seno del propio Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, Rando y otro inspector pendiente de declarar en el juicio sólo daban cuenta de sus informes al juez Torres, por expreso deseo de éste, y no a sus superiores directos de Madrid, ni tampoco a la cúpula de Málaga.
"Las cautelas comenzaron en la propia Comisaría Provincial", ha expuesto Rando a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Tales hechos generaron múltiples tensiones y los dos inspectores acabaron tirando la toalla cuando aparecieron una serie de nombres que resultaron incómodos a la superioridad policial, tal y como informó EL MUNDO en 2007. Ambos mandos policiales acabaron destinados en la comisaría del distrito malagueño de El Palo, dedicados a la delincuencia común, a pesar de la alta cualificación y capacitación profesional que tenían en la lucha contra el crimen organizado.
Durante la investigación del caso 'Malaya', que se prolongó desde noviembre de 2005 y desembocó con las detenciones de la primera fase en marzo de 2006, hubo "numerosas rotaciones" de vehículos y participaron cientos de agentes. Se trataba de no despertar ninguna sospecha en el entorno del Ayuntamiento de Marbella, tras ser detectados por primera vez.
Así lo han declarado este lunes tanto el ex comisario jefe de Marbella Rafael Madrona, como el inspector Rando. Ambos llevaron el peso de las investigaciones en lo que respecta a la Udyco Costa del Sol, con sede en la Comisaría Provincial de Málaga.
Madrona, que en noviembre de 2005 cuando arrancó la instrucción judicial era inspector jefe, ha recordado que el entonces superintendente de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, les preguntó personalmente a qué se estaban dedicando en la ciudad: "Le contestamos que se trataba de una operación antidroga", ha detallado el mando policial.
Por su parte, Rando, ex jefe del Grupo III de Blanqueo de Capitales, ha expuesto que la unidad que él lideraba "estaba formada por sólo seis funcionarios". No obstante, ha asegurado que "la Policía Local hacía imposible una aproximación sin riesgo de ser detectados".
Fue encargo del entonces juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, actuar con "el máximo sigilo". En las primeras vigilancias policiales, que se llevaron a cabo en el entorno de las oficinas de Urbanismo, cuartel general de Juan Antonio Roca, los agentes fueron detectados, "tras recibirse una llamada de Marbella preguntando por un vehículo sospechoso". El demandante de aquella información era Del Pozo.
A partir de ese momento se extremó al máximo el celo policial, como ya es sabido, hasta el punto de 'blindar' las pesquisas en el seno del propio Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, Rando y otro inspector pendiente de declarar en el juicio sólo daban cuenta de sus informes al juez Torres, por expreso deseo de éste, y no a sus superiores directos de Madrid, ni tampoco a la cúpula de Málaga.
"Las cautelas comenzaron en la propia Comisaría Provincial", ha expuesto Rando a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Tales hechos generaron múltiples tensiones y los dos inspectores acabaron tirando la toalla cuando aparecieron una serie de nombres que resultaron incómodos a la superioridad policial, tal y como informó EL MUNDO en 2007. Ambos mandos policiales acabaron destinados en la comisaría del distrito malagueño de El Palo, dedicados a la delincuencia común, a pesar de la alta cualificación y capacitación profesional que tenían en la lucha contra el crimen organizado.
Durante la investigación del caso 'Malaya', que se prolongó desde noviembre de 2005 y desembocó con las detenciones de la primera fase en marzo de 2006, hubo "numerosas rotaciones" de vehículos y participaron cientos de agentes. Se trataba de no despertar ninguna sospecha en el entorno del Ayuntamiento de Marbella, tras ser detectados por primera vez.
Ratificación
A lo largo del interrogatorio de este lunes a los testigos policiales el fiscal ha buscado, con sus preguntas, la ratificación de toda la investigación mediante la corroboración pormenorizada de los numerosos oficios e informes elaborados a instancia del juez Torres.
Sorprendentemente el comisario Madrona ha asegurado que no tenía conocimiento de actos de corrupción - en el Ayuntamiento de Marbella- antes de iniciarse la investigación del caso 'Malaya' en noviembre de 2005.
Todo ello a pesar de que el caso 'Saqueo 1' se inició en octubre de 1999, tras denunciar EL MUNDO el desvío de 24 millones de euros de sociedades municipales a cuentas privadas. En abril de 2002 Roca y el ex alcalde Gil, entre otros, ingresaron en prisión preventiva incomunicada durante una semana, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Al ser preguntado por la contabilidad de la empresa Maras Asesores, incautada a raíz de la detención del contable y testaferro Salvador Gardoqui, Rando ha declarado que dentro del movimiento de entradas y salidas, de dicha contabilidad, "para el señor Roca el Ayuntamiento era una empresa más" .
Paralelamente se ha referido a Maras como "la caja única de los cohechos", en relación con las iniciales que aparecían en la contabilidad y que la Udyco atribuyó a empresarios que entregaban fondos a Roca a modo de supuestos sobornos, para agilizar permisos urbanísticos.
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