Pide a la Junta las actas de la última década del Consejo de Gobierno
RAÚL BOCANEGRA SEVILLA
La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, ha reclamado al Ejecutivo que le entregue a la Policía Judicial una batería ingente de documentos, entre los que están copias de las actas de todos los consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad. El periodo comprende la gestión del expresidente Manuel Chaves y del actual presidente, José Antonio Griñán.
En su auto, fechado el 21 de marzo, Alaya no aclara las razones que le llevan a tal petición y se limita a decir esto: "Ha existido cierta falta de colaboración por parte de la Junta a la hora de dar cumplimiento al mandato de este Juzgado para que entregue [otros] documentos requeridos". Y esos papeles son "de interés para la causa".
En el auto, la magistrada exige a la Administración que aporte también copias compulsadas de las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Empleo, Innovación, Hacienda y Presidencia. Alaya agrega que de esta documentación se "incorporará" a su investigación la que "sea relevante, devolviéndose el resto dado el carácter de la misma".
Fuentes del PSOE, que se mostraron "atónitas" ante la petición de la jueza, especulaban ayer que la exigencia de las actas de los consejos de Gobierno podría significar esto: que la jueza quiere saber si los reparos de los interventores se trataron al máximo nivel.
En apoyo de esta tesis, Alaya incluye en su auto una frase enigmática en la que sostiene que, "indiciariamente, responsables" de la Junta de Andalucía intentaron evitar que el Gobierno andaluz abandonase la "mera actitud pasiva" mantenida tras conocerse los informes de la Intervención. En otras palabras, la jueza sospecha que miembros del Ejecutivo conocían las irregularidades y las toleraron. La magistrada da 48 horas a Hacienda para que le remita una serie de informes que le permitan conocer en detalle la actuación de la Intervención.
En su auto, fechado el 21 de marzo, Alaya no aclara las razones que le llevan a tal petición y se limita a decir esto: "Ha existido cierta falta de colaboración por parte de la Junta a la hora de dar cumplimiento al mandato de este Juzgado para que entregue [otros] documentos requeridos". Y esos papeles son "de interés para la causa".
En el auto, la magistrada exige a la Administración que aporte también copias compulsadas de las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Empleo, Innovación, Hacienda y Presidencia. Alaya agrega que de esta documentación se "incorporará" a su investigación la que "sea relevante, devolviéndose el resto dado el carácter de la misma".
Fuentes del PSOE, que se mostraron "atónitas" ante la petición de la jueza, especulaban ayer que la exigencia de las actas de los consejos de Gobierno podría significar esto: que la jueza quiere saber si los reparos de los interventores se trataron al máximo nivel.
En apoyo de esta tesis, Alaya incluye en su auto una frase enigmática en la que sostiene que, "indiciariamente, responsables" de la Junta de Andalucía intentaron evitar que el Gobierno andaluz abandonase la "mera actitud pasiva" mantenida tras conocerse los informes de la Intervención. En otras palabras, la jueza sospecha que miembros del Ejecutivo conocían las irregularidades y las toleraron. La magistrada da 48 horas a Hacienda para que le remita una serie de informes que le permitan conocer en detalle la actuación de la Intervención.
El papel de la Intervención
La jueza Alaya quiere saber además qué papel jugó la Intervención general de la Junta, que desnudó desde el año 2005 el procedimiento de concesión de ERE al concluir que la Consejería de Empleo tramitaba "subvenciones excepcionales prescindiendo del procedimiento administrativo establecido". Empleo dispuso de un fondo de 647 millones hasta 2010 para ayudas sociolaborales, que el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado en el caso, calificó de "fondo de reptiles", aunque luego se retractó.
El PP ha venido reclamando la dimisión de Griñán por esto. Lo acusa de haber conocido los informes de la Intervención cuando era consejero de Hacienda y de no haber actuado en consecuencia. Tanto Griñán como su viceconsejera de entonces, hoy consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, han negado que el presidente los conociera. Aguayo manifestó en un encuentro con la prensa que ella los recibió.
La magistrada quiere que los interventores de entonces aclaren a la Policía si procedía la elaboración de informes de actuación, aquellos que deberían haberse elevado al Consejo de Gobierno para su debate y no haberse quedado en un escalón inferior, como los informes ordinarios. Griñán ha manifestado que jamás se hicieron. Alaya se pregunta por qué no fue así si "año tras año se constató que las transferencias efectuadas a través del IFA [el ente público designado como pagador de los ERE por Empleo] bajo la fórmula de transferencias de financiación se realizaron prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en el artículo 107 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, cual es el procedimiento de subvención excepcional".
Ayer, la consejera de Presidencia, María del Mar Moreno, manifestó que "la diligencia de la Junta es incuestionable", agregó que han remitido ya al juzgado más de 25.000 folios, algunos por iniciativa propia, y remachó que es "absolutamente normal que la jueza demande información adicional, aclaraciones y cualquier clase de documentación que estime pertinente". "La Junta es la primera interesada en llegar hasta el final de esta cuestión", apostilló Moreno.
Javier Arenas, presidente del PP andaluz, afirmó que el auto confirma la "existencia de una trama y el mayor escándalo de 30 años de autonomía" y acusó a Griñán de "obstruir" a la Justicia y al Parlamento. Diego Valderas, coordinador de IU, solicitó varias dimisiones, la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria y exigió a Griñán "que ponga el celo debido" en la colaboración con la Justicia.
público.es
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