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| Miquel Nadal y su abogado Josep Zaforteza, izquierda. Guillem Bosch |
El gerente del Cilma asegura que miembros del equipo electoral del exconseller cobraron 50.000 euros sin ir a trabajar
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA
Eugenio Losada, gerente de un consorcio público de informática, declaró hace unos días ante la Policía que el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, le ordenó contratar a 16 militantes de Unió Mallorquina (UM) para que trabajaran en el partido y su campaña electoral y cobraran de la institución insular. Losada, uno de los arrepentidos del caso Voltor, ha aportado a los investigadores listados con los sueldos públicos de estos enchufados de UM, que en dos casos llegaron a percibir hasta 50.000 euros del Consell sin ir a trabajar en dicha institución.
Losada fue interrogado hace unos días por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía en la Comisaría de la Playa de Palma. En esa declaración Losada, defendido por Francisca Pol, acusó claramente a Nadal, representado por Josep Zaforteza, de decidir en 2007 la contratación de 16 trabajadores en el Cilma, muchos de los cuales nunca pisaron el consorcio y se dedicaron a la red electoral de Nadal, que aspiraba a ser el alcalde de Palma.
Según el alto cargo imputado, ninguno de esos 16 contratados era necesario para el Cilma, un consorcio dedicado teóricamente a impulsar las nuevas tecnologías en los municipios de la isla. Nadal habría facilitado a Losada la identidad de esos militantes de UM por mediación de Eugenia Cañellas, la directora insular de Presidencia del Consell y secretaria personal del primero.
Según el imputado arrepentido, en el Cilma llegaron a producirse hasta 34 contrataciones fantasma entre 2005 y 2007.
Cañellas sería la persona que se ocupó de recolocar a esos 16 enchufados del consorcio, algunos de los cuales trabajaron en otros departamentos del Consell y otros nunca aparecieron por la institución.
La juez del caso Voltor abrió hace unos días una pieza separada para investigar las contrataciones fraudulentas entre 2005 y 2007. En esta pieza están imputados, además de Nadal, Cañellas y Losada, Catalina Julve, exdirectora insular de Medio Ambiente, y Francesc Buils, antiguo conseller de Turismo en el Consell.
Varios de esos militantes de UM, como Antonio Barò o Margarita Bellman, trabajaron intensamente entre 2005 y 2007 en tareas electorales de UM, como la búsqueda y captación de otros afiliados y la elaboración de encuestas.
Baró y Bellman, que están imputados en el caso Maquillaje por delito electoral y malversación, cobraron en esos dos años casi 50.000 euros del Cilma sin desarrollar actividad alguna en ese consorcio. Otra de las contratadas, Rosa María V. percibió entre 2005 y 2006 cerca de 100.000 euros y, según la jueza de instrucción 10, tampoco hizo labor alguna en el Cilma.
Losada también ha incriminado en la presunta trama de corrupción a Buils, defendido por Mateo Sedano, y a Catalina Julve, representada por Gabriel Garcías.
Según el alto cargo del Consell, que ha estado apartado de su puesto varios meses tras ser suspendido por la actual presidenta de dicha institución, Buils enchufó en el consorcio a 4 personas, que fueron contratadas entre 2005 y 2006, dos de los cuales eran Bellman y Baró. En 2007 repitieron contrato supuestamente fraudulento 3 de ellas y se unió una cuarta militante, Luisa Tortella, defendida por Gregorio San José e imputada también en Maquillaje. Tortella fue nombrada en esta legislatura para un alto cargo en el Inestur, un instituto de la conselleria de Turismo y figura como encausada en otras piezas del caso Voltor. Tortella es ahijada de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar.
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