Concluye la instrucción
Europa Press | Palma
elmundo.es
Europa Press | Palma
La titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, ha acordado el fin de la instrucción del caso Scala, que investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura del PP, y ha decretado que continúe el proceso penal contra el ex conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados para que la Fiscalía y el Govern puedan decidir contra quiénes dirigir acusación como paso previo a su enjuiciamiento.
Así lo ha decretado mediante el auto de 160 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, después de que así lo solicitaran el Ministerio Público y la acusación particular en representación del Govern al apreciar indicios delictivos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración.
Unos delitos que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Además de Cardona y Ordinas, entre el resto de encausados contra quienes las acusaciones podrán pedir la apertura de juicio oral o por el contrario solicitar su sobreseimiento se encuentran el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.
De acuerdo a las investigaciones, la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.
La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona, asistido por el letrado José Zaforteza. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.
Sin embargo, en el marco de esta causa, el ex conseller ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico.
Así lo ha decretado mediante el auto de 160 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, después de que así lo solicitaran el Ministerio Público y la acusación particular en representación del Govern al apreciar indicios delictivos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración.
Unos delitos que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Además de Cardona y Ordinas, entre el resto de encausados contra quienes las acusaciones podrán pedir la apertura de juicio oral o por el contrario solicitar su sobreseimiento se encuentran el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.
De acuerdo a las investigaciones, la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.
La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona, asistido por el letrado José Zaforteza. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.
Sin embargo, en el marco de esta causa, el ex conseller ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario