Asegura que eran resueltas por una comisión específica
Europa Press | Alicante
El jefe de planeamiento de Urbanismo municipal en el momento de las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Miguel Ángel Cano, ha negado que el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), resolviera alegaciones al documento.
Cano ha declarado en calidad de testigo durante tres horas y veinte minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga la pieza separada del caso Brugal en torno al supuesto amaño del PGOU alicantino.
Según varias fuentes jurídicas consultadas por EFE, el exjefe de planeamiento ha asegurado al juez que las alegaciones al PGOU eran resueltas por una comisión específica sobre el Plan de la que formaban parte él mismo, el jefe jurídico municipal, José Luis Ortuño, y el equipo redactor del Plan.
De esta forma, desmontaría las conclusiones de la investigación policial, que cree que el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti, el exconcejal socialista Francisco Javier Gutiérrez, presentaban y resolvían alegaciones mediante dos sociedades aparentemente distintas.
Incluso, Cano ha señalado que no conoce personalmente a José Luis Castedo y que a Gutiérrez sólo lo ha visto una vez en la presentación pública del PGOU.
Según estas fuentes, el alto técnico ha rechazado que hubiera percibido ningún tipo de "presión" por parte de los políticos del ayuntamiento para beneficiar en el planeamiento urbanístico a algún empresario, como el constructor imputado Enrique Ortiz, a quien la investigación cree el principal beneficiado de los presuntos amaños.
En su larga declaración, el jefe de planeamiento ha analizado los modelos territoriales del PGOU iniciado y no terminado por Lluís Cantallops, más restrictivo, y del equipo del arquitecto Jesús Quesada, más extensivo.
Ha relatado que él elaboró cinco informes desde el inicio del proceso hasta final, y sobre el despido de Cantallops a mitad del trabajo ha apuntado que se debió a que éste había pedido más honorarios para proceder a los ajustes que le pedían desde el ayuntamiento en forma de "contrapuestas" a sus indicaciones previas.
Cano ha declarado en calidad de testigo durante tres horas y veinte minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga la pieza separada del caso Brugal en torno al supuesto amaño del PGOU alicantino.
Según varias fuentes jurídicas consultadas por EFE, el exjefe de planeamiento ha asegurado al juez que las alegaciones al PGOU eran resueltas por una comisión específica sobre el Plan de la que formaban parte él mismo, el jefe jurídico municipal, José Luis Ortuño, y el equipo redactor del Plan.
De esta forma, desmontaría las conclusiones de la investigación policial, que cree que el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti, el exconcejal socialista Francisco Javier Gutiérrez, presentaban y resolvían alegaciones mediante dos sociedades aparentemente distintas.
Incluso, Cano ha señalado que no conoce personalmente a José Luis Castedo y que a Gutiérrez sólo lo ha visto una vez en la presentación pública del PGOU.
Según estas fuentes, el alto técnico ha rechazado que hubiera percibido ningún tipo de "presión" por parte de los políticos del ayuntamiento para beneficiar en el planeamiento urbanístico a algún empresario, como el constructor imputado Enrique Ortiz, a quien la investigación cree el principal beneficiado de los presuntos amaños.
En su larga declaración, el jefe de planeamiento ha analizado los modelos territoriales del PGOU iniciado y no terminado por Lluís Cantallops, más restrictivo, y del equipo del arquitecto Jesús Quesada, más extensivo.
Ha relatado que él elaboró cinco informes desde el inicio del proceso hasta final, y sobre el despido de Cantallops a mitad del trabajo ha apuntado que se debió a que éste había pedido más honorarios para proceder a los ajustes que le pedían desde el ayuntamiento en forma de "contrapuestas" a sus indicaciones previas.
Declara el ex edil del PP, Pablo Suárez
Tras Cano, también ha sido preguntado como testigo durante media hora el exconcejal de Servicios y Mantenimiento de Alicante Pablo Suárez, del PP, quien se ha referido a una reunión con el hijo del excalcalde Díaz Alperi, sobre lo que ha comentado que éste último simplemente le hizo una consulta.
Además, ha añadido que Díaz Alperi no le presionó en ningún momento y que fue cesado por la actual alcaldesa Castedo cuando sucedió en el cargo al anterior porque no entraba dentro de sus planes.
Antes que Cano y Suárez había declarado el primer redactor del PGOU, el arquitecto barcelonés Cantallops, quien en cambio sí admitió ante el juez que entre 1999 y 2005 fue objeto de "presiones indirectas" a través de técnicos municipales relacionados con el diseño del planeamiento de la capital.
Según un abogado, Cantallops detalló que la actual alcaldesa (en aquellos años concejal de Urbanismo) le pidió que excluyera del PGOU el plan urbanístico de Rabassa y también la construcción de unas 3.000 viviendas en una zona colindante con el término de Xixona.
Tras Cano, también ha sido preguntado como testigo durante media hora el exconcejal de Servicios y Mantenimiento de Alicante Pablo Suárez, del PP, quien se ha referido a una reunión con el hijo del excalcalde Díaz Alperi, sobre lo que ha comentado que éste último simplemente le hizo una consulta.
Además, ha añadido que Díaz Alperi no le presionó en ningún momento y que fue cesado por la actual alcaldesa Castedo cuando sucedió en el cargo al anterior porque no entraba dentro de sus planes.
Antes que Cano y Suárez había declarado el primer redactor del PGOU, el arquitecto barcelonés Cantallops, quien en cambio sí admitió ante el juez que entre 1999 y 2005 fue objeto de "presiones indirectas" a través de técnicos municipales relacionados con el diseño del planeamiento de la capital.
Según un abogado, Cantallops detalló que la actual alcaldesa (en aquellos años concejal de Urbanismo) le pidió que excluyera del PGOU el plan urbanístico de Rabassa y también la construcción de unas 3.000 viviendas en una zona colindante con el término de Xixona.
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