El juez ve "inconcebible" que el proveedor también daba por recibido el material
IGNACIO ZAFRA - Valencia
En Emarsa, la sociedad de depuración del agua de Valencia, que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, las cosas funcionaban más o menos así. Un empresario, Sebastián García, facturaba 1,78 millones de euros a la empresa pública sin haber firmado ningún contrato con ella, sólo con "un acuerdo verbal", según admitió ayer él mismo ante el juez.
Sebastián García vendió 164 teclados a una sociedad con 32 ordenadores
García tenía otra empresa que también era proveedora de Emarsa. En el periodo investigado (2004-2010), le facturó otros 2,71 millones de euros. Ambas tenían el mismo objeto, tenían la misma sede, y en realidad, según acabó reconociendo García al juez Vicente Ríos, actuaban como una sola empresa. En total, redondeando, obtuvieron de Emarsa 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas).
¿A qué se dedicaban? Las dos empresas suministraban material informático y se encargaban de su mantenimiento. En menos de un año (el juez apuntó que en solo seis meses) vendieron a Emarsa, supuestamente, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus; 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros... El problema es que en la sociedad de depuración solo había 32 puestos de trabajo informatizados, según la investigación que hizo, una vez que estalló el escándalo, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), que era la propietaria de Emarsa.
García trabaja en la sociedad desde 1999, época en que Emarsa estaba bajo control directo de Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. García suministraba el material informático a la sociedad de depuración y, algunas veces, él mismo firmaba el albarán que daba como recibido y conforme por parte de Emarsa el material que le había vendido. El juez se permitió ayer calificar tal conducta de "inconcebible".
García admitió que sus dos empresas, que tenían prácticamente como único cliente a Emarsa, trasvasaban dinero (a través de supuestos préstamos y supuestas compras) a dos firmas de su hermana, dedicadas al sector de la construcción, también sospechosas de haber participado en el saqueo de la sociedad pública. Estas otras dos empresas obtuvieron de Emarsa 4,28 millones de euros (712 millones de pesetas).
Sebastián García vendió 164 teclados a una sociedad con 32 ordenadores
García tenía otra empresa que también era proveedora de Emarsa. En el periodo investigado (2004-2010), le facturó otros 2,71 millones de euros. Ambas tenían el mismo objeto, tenían la misma sede, y en realidad, según acabó reconociendo García al juez Vicente Ríos, actuaban como una sola empresa. En total, redondeando, obtuvieron de Emarsa 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas).
¿A qué se dedicaban? Las dos empresas suministraban material informático y se encargaban de su mantenimiento. En menos de un año (el juez apuntó que en solo seis meses) vendieron a Emarsa, supuestamente, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus; 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros... El problema es que en la sociedad de depuración solo había 32 puestos de trabajo informatizados, según la investigación que hizo, una vez que estalló el escándalo, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), que era la propietaria de Emarsa.
García trabaja en la sociedad desde 1999, época en que Emarsa estaba bajo control directo de Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. García suministraba el material informático a la sociedad de depuración y, algunas veces, él mismo firmaba el albarán que daba como recibido y conforme por parte de Emarsa el material que le había vendido. El juez se permitió ayer calificar tal conducta de "inconcebible".
García admitió que sus dos empresas, que tenían prácticamente como único cliente a Emarsa, trasvasaban dinero (a través de supuestos préstamos y supuestas compras) a dos firmas de su hermana, dedicadas al sector de la construcción, también sospechosas de haber participado en el saqueo de la sociedad pública. Estas otras dos empresas obtuvieron de Emarsa 4,28 millones de euros (712 millones de pesetas).
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