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| Francisco Camps, junto a Santiago Calatrava, en el Palau de la Generalitat. | Vicent Bosch |
Tras la denuncia de Esquerra Unida
* EUPV denunció el pago de 2,5 millones de euros por las torres de Calatrava
* Sanz: 'Se han pagado cantidades millonarias por diversos proyectos fantasmas'
* La denuncia incluía también un proyecto en Torrevieja y otro en Castellón
* EUPV denunció el pago de 2,5 millones de euros por las torres de Calatrava
* Sanz: 'Se han pagado cantidades millonarias por diversos proyectos fantasmas'
* La denuncia incluía también un proyecto en Torrevieja y otro en Castellón
Rodrigo Terrasa | Iván Pérez | Valencia
La Fiscalía Provincial de Valencian ha decidido abrir diligencias para investigar los contratos de la Generalitat Valenciana con el arquitecto Santiago Calatrava tras la denuncia presentada por Esquerra Unida el pasado 25 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En concreto, según ha informado la formación política, se investigarán posibles delitos de "prevaricación, malversación y fraude tributario" por la contratación y edificación de un proyecto urbanístico en una parcela de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
EUPV entregó a la Fiscalía el pasado mes de marzo una serie de documentos relacionados con los proyectos del arquitecto valenciano en la dársena de Torrevieja (Alicante), las torres que proyectó frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el Centro de Convenciones de Castellón. Según ha explicó Marga Sanz, coordinadora general de EUPV, la Generalitat pagó al arquitecto cerca de seis millones de euros por estos diseños.
"La Fiscalia estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito y esperamos que se llegue hasta el final, porque, tal y como denunciamos desde EUPV, pensamos que la administración valenciana ha estado pagando cantidades millonarias a Santiago Calatrava por diversos proyectos fantasmas que no se han realizado", ha explicado Sanz.
Esquerra Unida denunció el pago de 2,5 millones de euros a Calatrava por la redacción del anteproyecto de los rascacielos que se debían construir frente a la Ciudad de las Ciencias, así como los 2,7 millones por el Centro de Convenciones de Castellón, "paralizado por la Justicia", o los 600.000 euros por la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja. "La Fiscalia provincial de Valencia ha abierto diligencias por el primer proyecto y esperemos que en Castellón y en Alicante, donde se han derivado los otros casos, también se abra una investigación".
"Las cantidades de las que estamos hablando son astronómicas y lo más grave es que las obras finalmente no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse. Queremos la máxima transparencia en cada uno de los proyectos encargados por Camps a Caltrava, cómo se han encargado, si se ha cumplido la legalidad, y que sea la Justicia quien decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos", ha reclamado la coordinadora de EUPV.
Esquerra Unida denunció los "denominadores comunes" en los contratos de la Administración valenciana con Calatrava: "contratos sin publicidad, pagos millonarios por los proyectos y obras no realizadas". En la denuncia que presentaron se subrayaba que en el caso del contrato de la dársena del puerto de Torrevieja, no se conocían las razones que avalaban "la ausencia de la concurrencia de otros licitadores". Por lo que se refiere al de las Torres de la Ciudad de las Ciencias, la formación indicaba que "once meses antes de la suscripción del contrato, el propio presidente Camps anunciaba la adjudicación a Calatrava", con lo que la justificación del procedimiento negociado sin publicidad "se agotaba en la mera voluntad política".
En dichos contratos, según EUPV, "no consta" la existencia del pliego de prescripciones técnicas, "no ha quedado acreditada" la capacidad de obrar del contratista", ni la "solvencia técnica" del mismo y "tampoco se justifican las causas que motivan la dispensa de la constitución de garantía", tal y como exige la Ley de contratos de las administraciones públicas. Esto "apunta a la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".
En cuanto al proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) le paga la redacción del Proyecto Básico a pesar de que reconoce, según la denuncia, el "incumplimiento" del contrato.
De igual modo, en la denuncia se destaca que "en todos los casos, se trata de proyectos que no se han ejecutado y cuya efectiva realización se muestra poco menos que imposible".
Asimismo, en los pagos realizados por los contratos de las torres de CACSA y en Centro de Convenciones de Castellón "no se ingresó el IVA correspondiente", ya que el domicilio fiscal de Calatrava se encuentra en Suiza. Para EUPV, esta situación, atendiendo a las Reglas Especiales de la normativa de la Ley sobre el IVA, podría suponer que se ha cometido un delito de "defraudación a la hacienda pública estatal".
El propio Santiago Calatrava contestó el pasado 2 de abril a la denuncia de Esquerra Unida y aseguró que los honorarios de los trabajos que realizó para la Generalitat corresponden a contratos suscritos "dentro de la legalidad" y que han sido cumplidos por su parte "en todas y cada una de sus cláusulas".
En concreto, según ha informado la formación política, se investigarán posibles delitos de "prevaricación, malversación y fraude tributario" por la contratación y edificación de un proyecto urbanístico en una parcela de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
EUPV entregó a la Fiscalía el pasado mes de marzo una serie de documentos relacionados con los proyectos del arquitecto valenciano en la dársena de Torrevieja (Alicante), las torres que proyectó frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el Centro de Convenciones de Castellón. Según ha explicó Marga Sanz, coordinadora general de EUPV, la Generalitat pagó al arquitecto cerca de seis millones de euros por estos diseños.
"La Fiscalia estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito y esperamos que se llegue hasta el final, porque, tal y como denunciamos desde EUPV, pensamos que la administración valenciana ha estado pagando cantidades millonarias a Santiago Calatrava por diversos proyectos fantasmas que no se han realizado", ha explicado Sanz.
Esquerra Unida denunció el pago de 2,5 millones de euros a Calatrava por la redacción del anteproyecto de los rascacielos que se debían construir frente a la Ciudad de las Ciencias, así como los 2,7 millones por el Centro de Convenciones de Castellón, "paralizado por la Justicia", o los 600.000 euros por la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja. "La Fiscalia provincial de Valencia ha abierto diligencias por el primer proyecto y esperemos que en Castellón y en Alicante, donde se han derivado los otros casos, también se abra una investigación".
"Las cantidades de las que estamos hablando son astronómicas y lo más grave es que las obras finalmente no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse. Queremos la máxima transparencia en cada uno de los proyectos encargados por Camps a Caltrava, cómo se han encargado, si se ha cumplido la legalidad, y que sea la Justicia quien decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos", ha reclamado la coordinadora de EUPV.
Esquerra Unida denunció los "denominadores comunes" en los contratos de la Administración valenciana con Calatrava: "contratos sin publicidad, pagos millonarios por los proyectos y obras no realizadas". En la denuncia que presentaron se subrayaba que en el caso del contrato de la dársena del puerto de Torrevieja, no se conocían las razones que avalaban "la ausencia de la concurrencia de otros licitadores". Por lo que se refiere al de las Torres de la Ciudad de las Ciencias, la formación indicaba que "once meses antes de la suscripción del contrato, el propio presidente Camps anunciaba la adjudicación a Calatrava", con lo que la justificación del procedimiento negociado sin publicidad "se agotaba en la mera voluntad política".
En dichos contratos, según EUPV, "no consta" la existencia del pliego de prescripciones técnicas, "no ha quedado acreditada" la capacidad de obrar del contratista", ni la "solvencia técnica" del mismo y "tampoco se justifican las causas que motivan la dispensa de la constitución de garantía", tal y como exige la Ley de contratos de las administraciones públicas. Esto "apunta a la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".
En cuanto al proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) le paga la redacción del Proyecto Básico a pesar de que reconoce, según la denuncia, el "incumplimiento" del contrato.
De igual modo, en la denuncia se destaca que "en todos los casos, se trata de proyectos que no se han ejecutado y cuya efectiva realización se muestra poco menos que imposible".
Asimismo, en los pagos realizados por los contratos de las torres de CACSA y en Centro de Convenciones de Castellón "no se ingresó el IVA correspondiente", ya que el domicilio fiscal de Calatrava se encuentra en Suiza. Para EUPV, esta situación, atendiendo a las Reglas Especiales de la normativa de la Ley sobre el IVA, podría suponer que se ha cometido un delito de "defraudación a la hacienda pública estatal".
El propio Santiago Calatrava contestó el pasado 2 de abril a la denuncia de Esquerra Unida y aseguró que los honorarios de los trabajos que realizó para la Generalitat corresponden a contratos suscritos "dentro de la legalidad" y que han sido cumplidos por su parte "en todas y cada una de sus cláusulas".
elmundo.es
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