Declaración ante el juez
* Se ha desvinculado de la modificación del plan urbanístico de Palma
* Ello permitió la recalificación de terrenos en el polígono
* Se ha desvinculado de la modificación del plan urbanístico de Palma
* Ello permitió la recalificación de terrenos en el polígono
Efe | Palma
El exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal (UM) ha afirmado al juez que no tiene "ningún interés en polígono alguno", en referencia a la recalificación la legislatura pasada de terrenos del polígono de Son Oms que, según sospechan las acusaciones de este caso, le habrían beneficiado. Nadal ha declarado como imputado ante el juez instructor del llamado "caso Son Oms", que investiga un supuesto "pelotazo" urbanístico en la urbanización del polígono industrial palmesano de Son Oms durante la pasada legislatura.
El exvicepresidente, que fue miembro de la Comisión de Urbanismo del Consell, se ha desvinculado de la modificación del plan urbanístico de Palma que permitió la recalificación de terrenos en el polígono, ya que ha dicho que quien la planteó fue el Ayuntamiento de la ciudad y el Consell simplemente la aprobó después. Respecto a si el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, también de UM e imputado en el caso, pudo beneficiarse de esta operación urbanística, ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de que pudiera estar interesado en la recalificación ni de que había participado en el desarrollo del polígono.
"No sabía que Vicens había participado en el desarrollo de Son Oms, ni Vicens me comentó nada. Oí comentarios, como se oyen comentarios en Palma", ha explicado Nadal, tras lo que ha insistido en que no tenía "ningún conocimiento de que Vicens "estuviera interesado en esa modificación". Nadal ha recordado que la recalificación de Son Oms investigada se realizó mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palma aprobada por el Consell, aunque propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad.
Ha explicado que la propuesta partió del Ayuntamiento, en concreto del exconcejal de Urbanismo del PP Javier Rodrigo de Santos, y que en vista de ella la ponencia técnica del Consell elaboró un informe en el que ponía de relieve unas 50 deficiencias que debían subsanarse, de las cuales una docena podrían suponer la suspensión del plan, por lo que se lo remitió al consistorio. El Ayuntamiento propuso entonces que estas deficiencias se consideraran prescritas y así se votó en el Consell, aunque se referían solo a polígonos en suelo urbano, como Can Valero y Son Castelló, y no a Son Oms.
"Una de las deficiencias se refería al suelo industrial en general, no se habló del suelo de Son Oms, del que se habló fue del polígono de Son Castelló", ha dicho Nadal al juez. Nadal ha detallado que si no era a propuesta del Ayuntamiento de Palma, la comisión técnica del Consell no podía modificar la actualización del plan prevista por Cort, ya que quien la instaba era el consistorio, y ha insistido en que no cree que la propuesta viniera de Vicens.
Antes de Nadal ha comparecido ante el juez Elisabet Diéguez, presunta testaferro de Vicens como administradora de la sociedad Metalumba, que habría servido, según las acusaciones, para blanquear dinero del exconseller. En vista de que Diéguez se ha negado a declarar, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha pedido al juez que se la retuviera y se practicara un registro en su casa para buscar la contabilidad de la empresa. Su abogado, Jaime Campaner, se ha negado en rotundo y, después de una acalorada discusión, finalmente el juez la ha dejado en libertad.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal ha retirado finalmente su solicitud porque el letrado se ha comprometido a entregar la contabilidad de la sociedad, extremo que Campaner ha negado. Las fuentes oficiales han afirmado que se ha depositado a última hora de la mañana la contabilidad de la empresa en el juzgado, aunque Campaner ha indicado que él no lo ha hecho.
El exvicepresidente, que fue miembro de la Comisión de Urbanismo del Consell, se ha desvinculado de la modificación del plan urbanístico de Palma que permitió la recalificación de terrenos en el polígono, ya que ha dicho que quien la planteó fue el Ayuntamiento de la ciudad y el Consell simplemente la aprobó después. Respecto a si el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, también de UM e imputado en el caso, pudo beneficiarse de esta operación urbanística, ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de que pudiera estar interesado en la recalificación ni de que había participado en el desarrollo del polígono.
"No sabía que Vicens había participado en el desarrollo de Son Oms, ni Vicens me comentó nada. Oí comentarios, como se oyen comentarios en Palma", ha explicado Nadal, tras lo que ha insistido en que no tenía "ningún conocimiento de que Vicens "estuviera interesado en esa modificación". Nadal ha recordado que la recalificación de Son Oms investigada se realizó mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palma aprobada por el Consell, aunque propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad.
Ha explicado que la propuesta partió del Ayuntamiento, en concreto del exconcejal de Urbanismo del PP Javier Rodrigo de Santos, y que en vista de ella la ponencia técnica del Consell elaboró un informe en el que ponía de relieve unas 50 deficiencias que debían subsanarse, de las cuales una docena podrían suponer la suspensión del plan, por lo que se lo remitió al consistorio. El Ayuntamiento propuso entonces que estas deficiencias se consideraran prescritas y así se votó en el Consell, aunque se referían solo a polígonos en suelo urbano, como Can Valero y Son Castelló, y no a Son Oms.
"Una de las deficiencias se refería al suelo industrial en general, no se habló del suelo de Son Oms, del que se habló fue del polígono de Son Castelló", ha dicho Nadal al juez. Nadal ha detallado que si no era a propuesta del Ayuntamiento de Palma, la comisión técnica del Consell no podía modificar la actualización del plan prevista por Cort, ya que quien la instaba era el consistorio, y ha insistido en que no cree que la propuesta viniera de Vicens.
Antes de Nadal ha comparecido ante el juez Elisabet Diéguez, presunta testaferro de Vicens como administradora de la sociedad Metalumba, que habría servido, según las acusaciones, para blanquear dinero del exconseller. En vista de que Diéguez se ha negado a declarar, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha pedido al juez que se la retuviera y se practicara un registro en su casa para buscar la contabilidad de la empresa. Su abogado, Jaime Campaner, se ha negado en rotundo y, después de una acalorada discusión, finalmente el juez la ha dejado en libertad.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal ha retirado finalmente su solicitud porque el letrado se ha comprometido a entregar la contabilidad de la sociedad, extremo que Campaner ha negado. Las fuentes oficiales han afirmado que se ha depositado a última hora de la mañana la contabilidad de la empresa en el juzgado, aunque Campaner ha indicado que él no lo ha hecho.
elmundo.es
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