 |
| Uno de los registros realizados en el marco de la operación. | Efe |
Corrupción en la Costa da Morte
* La documentación requisada es necesaria para justificar subvenciones
* Cee y Fisterra enviaron escritos al juzgado solicitando documentos del sumario
* Alegan que si no se le entrega podrán perder varias ayudas públicas
* El juez responde que los papeles son importantes para seguir investigando
* La documentación requisada es necesaria para justificar subvenciones
* Cee y Fisterra enviaron escritos al juzgado solicitando documentos del sumario
* Alegan que si no se le entrega podrán perder varias ayudas públicas
* El juez responde que los papeles son importantes para seguir investigando
Natalia Puga | Xurxo Salgado | Santiago de Compostela
Las investigaciones que tienen en marcha la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión y la Fiscalía para esclarecer todos los extremos relacionados con la 'operación Orquesta' contra la corrupción urbanística en la Costa da Morte, pueden tener consecuencias en las cuentas municipales de los ayuntamientos implicados: Cee, Fisterra y Mazaricos.
Así lo llevan reclamando ante el juzgado los ayuntamientos de Cee y Fisterra en sucesivos escritos remitidos. En ellos solicitan que le sea devuelta parte de la documentación requisada en los registros realizados en las instalaciones municipales, porque entre los papeles que ahora están en manos de los investigadores figuran documentos que necesitan para justificar diferentes subvenciones solicitadas a otras administraciones provinciales, autonómicas y estatales.
El juzgado se ha negado a entregar la documentación solicitada en base a los informes de la Fiscalía y la Policía Nacional porque la consideran importante para continuar con las investigaciones, de forma que en Cee y Fisterra se encuentran en una encrucijada que puede causarles desequilibrios en las cuentas municipales de este año.
De esta forma, la operación capitaneada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión que terminó con la detención de tres alcaldes, cuatro concejales, una fucionaria y tres empresarios por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación documental puede conllevar más consecuencias que las imputaciones penales directamente relacionadas con la causa. Puede afectar a la gestión normal de los propios ayuntamientos.
A pesar de que el secreto de sumario se abrió a mediados del mes de abril, esta documentación sigue en manos de los investigadores y a los ayuntamientos se les está agotando el plazo para justificar subvenciones. Así, en caso de que se demore más la entrega de la documentación solicitada, el Ayuntamiento de Cee puede perder varias ayudas concedidas por el Ministerio de Cultura y la Xunta de Galicia mientras en Fisterra se quedarían sin subvenciones de la Diputación de A Coruña y el Ministerio de Administraciones Públicas.
Así lo llevan reclamando ante el juzgado los ayuntamientos de Cee y Fisterra en sucesivos escritos remitidos. En ellos solicitan que le sea devuelta parte de la documentación requisada en los registros realizados en las instalaciones municipales, porque entre los papeles que ahora están en manos de los investigadores figuran documentos que necesitan para justificar diferentes subvenciones solicitadas a otras administraciones provinciales, autonómicas y estatales.
El juzgado se ha negado a entregar la documentación solicitada en base a los informes de la Fiscalía y la Policía Nacional porque la consideran importante para continuar con las investigaciones, de forma que en Cee y Fisterra se encuentran en una encrucijada que puede causarles desequilibrios en las cuentas municipales de este año.
De esta forma, la operación capitaneada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión que terminó con la detención de tres alcaldes, cuatro concejales, una fucionaria y tres empresarios por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación documental puede conllevar más consecuencias que las imputaciones penales directamente relacionadas con la causa. Puede afectar a la gestión normal de los propios ayuntamientos.
A pesar de que el secreto de sumario se abrió a mediados del mes de abril, esta documentación sigue en manos de los investigadores y a los ayuntamientos se les está agotando el plazo para justificar subvenciones. Así, en caso de que se demore más la entrega de la documentación solicitada, el Ayuntamiento de Cee puede perder varias ayudas concedidas por el Ministerio de Cultura y la Xunta de Galicia mientras en Fisterra se quedarían sin subvenciones de la Diputación de A Coruña y el Ministerio de Administraciones Públicas.
Varios escritos al juzgado
El primero de los oficios que obra en el sumario en este sentido data del 24 de febrero y consiste en un escrito remitido por el Ayuntamiento de Fisterra. El alcalde e imputado José Manuel Traba Fernández solicitó al juzgado que le fuese remitida documentación en relación con los expedientes de mejora de la red de abastecimiento de la calle Alcalde Fernández, instalación de césped artificial en el campo Ara Solis y la mejora de la urbanización del grupo Cabo Fisterra, por precisarlos para su aportación ante el Ministerio de Administraciones Públicas y ante la Diputación Provincial de A Coruña.
El 28 de febrero envió su primer escrito el Ayuntamiento de Cee, en su caso con el fin de justificar subvenciones concedidas para la Casa de Cultura por parte de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Cultura. Las obras a justificar serían la construcción del centro para el desarrollo de iniciativas e impulso de la creatividad, el acondicionamiento de la planta baja y las entreplantas 1ª y 2ª de la casa de cultura para salas de exposición y gestión cultural, adaptación del escenario y la adaptación para edificio de usos múltiples municipales.
En ambos casos, y en escritos posteriores, el juez respondió solicitando que se aportasen más datos, como la fecha de inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, el estado procedimental en que se encontraban y la documentación que necesitan para la concesión o no de tales subvenciones, mientras que la Fiscalía añadía que se informase sobre ante qué organismo habría que presentarla.
En todos los casos el juez matizó que la documentación solicitada constituye una prueba documental en el marco de una instrucción penal cuyo análisis policial y judicial es imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. Así, la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado indicando que sería necesario más tiempo para poder analizarla con garantías de poder obtener conclusiones relevantes para la causa y de cara a concretar futuras detenciones o imputaciones a realizar.
En Cee 'no entienden qué pasa'
En este sentido, el alcalde de Cee, Ramón Vigo, confirmó a ELMUNDO.es que su ayuntamiento perderá medio millón de euros si el Juzgado nº2 de Corcubión no le devuelve los expedientes y las facturas de obras que fueron intervenidas en la 'operación Orquesta'. "Estamos contra la pared porque necesitamos esa documentación para recibir las ayudas", apunta.
Actualmente, esperan esa documentación para cobrar 320.000 euros del Plan E y dos facturas de 150.000 euros y 70.000 euros del Ministerio de Cultura porque "se acerca el tiempo de liquidación".
Ramón Vigo se queja de que "no hay respuesta" por parte del juzgado a pesar de los varios requerimientos que se le han hecho llegar desde el ayuntamiento. "Antes nos ponían la excusa del secreto de sumario pero, ahora que se ha levantado, no entendemos qué pasa".
Facturas sobre las fiestas patronales
Por otra parte, una de las líneas de investigación que sigue la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión se refiere a una subvención concedida por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Cee para sufragar las fiestas patronales, Xunqueira 2009. En concreto, para el pago de los grupos musicales Mago de Oz y Golden Apple Quartet.
Esta investigación se basa en tres conversaciones telefónicas mantenidas entre el alcalde y el promotor cultural Jorge L.L., en las que el primero le pide al segundo que le confeccione unas facturas al objeto de justificar una subvención que le había concedido la Xunta de Galicia. Le pedía dos facturas por importe de 42.000 y 10.500 euros porque el montante total a justificar era de 121.000 euros, pero ya tenía justificado el importe de 58.000 euros.
El juzgado ha pedido a la Xunta que le facilite toda la documentación con la que cuente acerca de las subvenciones solicitadas por el ayuntamiento, hayan sido autorizadas o no, en relación con los términos expresados. Además, obra en poder judicial una serie de documentación en relación con estas subvenciones. Como la investigación sigue en marcha, se le niega judicialmente el acceso a la petición realizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario