Según sostiene la Fiscalía
* El juez apunta a que Cerdó daba las 'oportunas órdenes' a fin de captar votantes y dar una 'imagen de partido de éxito'
* El juez apunta a que Cerdó daba las 'oportunas órdenes' a fin de captar votantes y dar una 'imagen de partido de éxito'
Europa Press | Palma
La Fiscalía Anticorrupción postula que Unió Mallorquina (UM) desvió 1,2 millones de euros del Ayuntamiento de Palma a hacer "proselitismo, propaganda y apología de su idea política", y apunta a la ex concejal de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, la ex coordinadora de este departamento, Paula Cortés, y la ex gerente del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof), Catalina Payeras, como las principales personas que urdieron esta trama "en beneficio exclusivo del partido".
Así consta en el escrito que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción número 12 para solicitar una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM, posteriormente acordada por el juez en el marco del caso Picnic, que investiga la supuesta malversación de fondos del Consistorio palmesano para la captación de futuros afiliados y votantes de UM.
En su escrito, que está incluido en el amplio sumario de la causa, la Fiscalía asevera que la principal imputada en este proceso, Cerdó, dio órdenes a Payeras así como al ex asesor de Medio Ambiente, Salvador Maimó, y al ex director general de Promoción Económica del Imfof, Enric Molina, a fin de que "ignoraran" las bases legales establecidas para contratar desde esta empresa pública a inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM.
Según los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, las encuestas realizadas puerta a puerta por estos informadores sirvieron para deducir la afinidad de los ciudadanos hacia la formación nacionalista, datos eran facilitados a Cortés y que posteriormente eran utilizados para que los Imas visitasen únicamente a los afiliados y potenciales votantes con el objetivo de ofrecerles excursiones. De este modo, sostienen, se lograba mantener a los ya afiliados y se conseguían otros nuevos.
La Fiscalía desglosa de forma pormenorizada las cantidades presuntamente malversadas y apunta a que, de los 1,2 millones desviados, 343.332 euros procedían del convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios "innecesarios" de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.
Por su parte, el juez Francisco José Pérez, mediante un auto por el que dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la ex regidora daba las "oportunas órdenes" para indicar qué personas debían ser contratadas como Imas y qué labores debían realizar, todo ello "única y exclusivamente en claro beneficio de UM".
Las propias Cerdó y Cortés rechazaron su participación en estos hechos al ser interrogadas por el magistrado, quien considera "francamente incomprensible la constante negación" de ambas tanto por las funciones que desarrollaban como por lo arrojado por testigos, imputados y documentos que apuntan a la responsabilidad penal de las dos ex cargos 'uemitas'.
Así consta en el escrito que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción número 12 para solicitar una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM, posteriormente acordada por el juez en el marco del caso Picnic, que investiga la supuesta malversación de fondos del Consistorio palmesano para la captación de futuros afiliados y votantes de UM.
En su escrito, que está incluido en el amplio sumario de la causa, la Fiscalía asevera que la principal imputada en este proceso, Cerdó, dio órdenes a Payeras así como al ex asesor de Medio Ambiente, Salvador Maimó, y al ex director general de Promoción Económica del Imfof, Enric Molina, a fin de que "ignoraran" las bases legales establecidas para contratar desde esta empresa pública a inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM.
Según los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, las encuestas realizadas puerta a puerta por estos informadores sirvieron para deducir la afinidad de los ciudadanos hacia la formación nacionalista, datos eran facilitados a Cortés y que posteriormente eran utilizados para que los Imas visitasen únicamente a los afiliados y potenciales votantes con el objetivo de ofrecerles excursiones. De este modo, sostienen, se lograba mantener a los ya afiliados y se conseguían otros nuevos.
La Fiscalía desglosa de forma pormenorizada las cantidades presuntamente malversadas y apunta a que, de los 1,2 millones desviados, 343.332 euros procedían del convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios "innecesarios" de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.
Por su parte, el juez Francisco José Pérez, mediante un auto por el que dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la ex regidora daba las "oportunas órdenes" para indicar qué personas debían ser contratadas como Imas y qué labores debían realizar, todo ello "única y exclusivamente en claro beneficio de UM".
Las propias Cerdó y Cortés rechazaron su participación en estos hechos al ser interrogadas por el magistrado, quien considera "francamente incomprensible la constante negación" de ambas tanto por las funciones que desarrollaban como por lo arrojado por testigos, imputados y documentos que apuntan a la responsabilidad penal de las dos ex cargos 'uemitas'.
'UM se ganaba el apoyo de los fieles y adeptos que los apoyarían'
El juez señala en su resolución que la actuación de los Imas contaba con el "visto bueno y anuencia" de Cerdó, quien era conocedora de que el trabajo iba dirigido a la "retención y captación de potenciales votantes, con lo cual UM "se ahorraba el abono de sus nóminas y conseguía un trabajo de campo que no podía lograr con sus propios recursos".
"Con la contratación de gente afín a la formación se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil", recalca el juez.
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