MIGUEL CÁRCELES Y JOSÉ MARÍA GRANADOS | ALMERÍA
Un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, fechado el 4 de noviembre de 2008 asegura que «las prácticas del Ayuntamiento [...] corroboradas por los numerosos datos que constan en la documentación analizada y en los proporcionados por la AEAT [Agencia Tributaria] se ponen de manifiesto variadas y graves irregularidades».
Por ejemplo, enumera el informe, «la forma de gestión desarrollada» en Elsur «deja en buena medida al arbitrio de los subcontratistas», y éstos se habrían centrado más «en la búsqueda de beneficios por cualquier medio, lícito o ilícito, que en el desempeño de los servicios». En el informe se habla de que el Ayuntamiento ha «favorecido» la subcontratación «sistemática» de los servicios adjudicados a Elsur «puesto que los beneficiarios principales han sido personas ligadas al propio Ayuntamiento o a su círculo de intereses». Y que, «a la vista del Ayuntamiento» se habría producido una «masiva cesión ilegal de trabajadores entre las subcontratas y la empresa adjudicataria Elsur sin que el Ayuntamiento lo haya impedido».
«El Ayuntamiento se ha dotado de un instrumento que amplía considerablemente el campo de actuación de los subcontratistas de su círculo de intereses», asevera el informe de los técnicos del Ministerio. Resume el documento que, de este modo, con Elsur, el Ayuntamiento «crea una empresa con minoría pública, lo que la exime de los procedimientos y controles públicos, manteniendo el control de la gestión». Y que dicha compañía –cuya propiedad comparte con Agua y Gestión de Servicios Ambientales, una empresa mayoritariamente participada por el Grupo Abengoa que ostenta el 70% del capital social– no tiene estructura para poder «ejercer los servicios y actividades asumidas». Por ello, subcontrata «incluso las prestaciones principales». Ylas empresas subcontratadas, al menos las que pertenecen a los tres grupos mayores beneficiarios –dice el informe– «se benefician de una gestión complaciente con sus intereses». Algo que les permite «una facturación sobrevalorada con servicios inexistentes o manipulados».
De la documentación analizada entonces por los técnicos de Hacienda, surgen «varias referencias a empresas pertenecientes o vinculadas, directa o indirectamente al alcalde o a otros cargos del Ayuntamiento». Por ejemplo, la de Francisco Javier Aguilera Callejón. «Es cuñado del alcalde», advierte de primeras el informe, que continúa alertando de que «ha realizado y facturado servicios para el Ayuntamiento y para Elsur». Concretamente, según la tabla reproducida en el informe, habría recibido 3.589.000 euros «redondeados» por servicios prestados, bien al Ayuntamiento, bien a Elsur, entre los años 2002 y 2007. Los servicios prestados por Aguilera a ambas entidades durante esos seis años «además de aumentar fuertemente, se han ido desplazando hacia Elsur, de forma que en 2006 ya no aparece facturación al Ayuntamiento», informa la Intervención General del Estado.
Sin embargo, advierten los técnicos de Hacienda que «las obras y servicios adjudicados lo han sido sin publicidad ni concurrencia, requisitos exigidos en toda contratación de las Administraciones Públicas». Y además, que se «ha fraccionado el gasto en pequeñas partidas», algo que les habría permitido «eludir buena parte del procedimiento de contratación». «El fraccionamiento está prohibido», sancionan los técnicos.
Además, también se habrían detectado otras irregularidades. «Se han incumplido en puntos esenciales el procedimiento establecido para la aprobación del gasto» y «los precios de los servicios prestados y las unidades de obra o servicios realizados son los que factura el contratista, que son admitidos sin contraste por la administración».
«Repartidor de negocio»
El documento elaborado por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, habla de que «en los datos analizados» predominan los pagos a las subcontratistas «lo que concuerda con el papel asignado a Elsur como intermediario repartidor del negocio que surge de la gestión de los servicios públicos y de las obras y servicios del Ayuntamiento». De este modo, relata que los principales grupos empresariales en torno a los que gira la investigación habrían facturado a Elsur más de 90 millones de euros entre los años 2002 y 2007. El que más, el que el informe denomina como «grupo Amate». Sus seis sociedades (Alseconsan Indalo, Jarbauros Servicios, Merfaoran Servicios, Mafran Obras y Servicios, Carseal Servicios y Fracenta Servicios)«han facturado a Elsur» durante el sexenio investigado «un total de 41,2 millones de euros». Le seguirían las empresas del «grupo Galán» (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión), que según los técnicos del Ministerio habrían facturado a Elsur casi 27,4 millones entre 2002 y 2007.
Además de la facturación del cuñado del alcalde, Francisco Javier Aguilera –cifrada en Elsur en unos 3 millones de euros– también se agregan las empresas del «grupo Abengoa». «Ha facturado a través de 3 sociedades un total de 21,2 millones de euros» en los seis años analizados por el documento. «Los datos que constan en la documentación reflejan que no cobra dividendos, a los que tendría derecho como titular del 70% del capital». Así, los técnicos estatales plantean «como hipótesis» que «cabe sospechar que las cantidades cobradas por el grupo Abengoa podrán corresponder a una compensación por renunciar a la gestión de Elsur y al cobro del 70% de los beneficios».
Otro informe de esta misma unidad, en esta ocasión fechado dos meses después, en enero de 2009, habla de una sobrefacturación en las subcontratas de Elsur. «Si sumamos las cantidades que se recogen en nuestros informes [...] referidas a las subcontratas de los grupos Amate y Galán como pagos a patrimoniales, pagos a facturadores falsos y ‘moduleros’, podemos estimar en al menos 10.000.000 de euros el sobreprecio acumulado del canon», informan los técnicos del Ministerio de Hacienda en otro documento también incluido en el sumario del Caso Poniente.
La gestión económica de Elsur, la subcontratación de servicios a empresas «afines» al alcalde, Juan Enciso, y los pagos de algunas de las subcontratas investigadas a Sistemas de Dirección, una empresa del entonces interventor del Ayuntamiento de El Ejido, centran la mayor parte de los informes económicos que constan en las actuaciones judiciales incluidas en el sumario del Caso Poniente. Existen diversos informes de tributarios y de intervención de los técnicos ligados a Anticorrupción que resultan demoledores.
Un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, fechado el 4 de noviembre de 2008 asegura que «las prácticas del Ayuntamiento [...] corroboradas por los numerosos datos que constan en la documentación analizada y en los proporcionados por la AEAT [Agencia Tributaria] se ponen de manifiesto variadas y graves irregularidades».
Por ejemplo, enumera el informe, «la forma de gestión desarrollada» en Elsur «deja en buena medida al arbitrio de los subcontratistas», y éstos se habrían centrado más «en la búsqueda de beneficios por cualquier medio, lícito o ilícito, que en el desempeño de los servicios». En el informe se habla de que el Ayuntamiento ha «favorecido» la subcontratación «sistemática» de los servicios adjudicados a Elsur «puesto que los beneficiarios principales han sido personas ligadas al propio Ayuntamiento o a su círculo de intereses». Y que, «a la vista del Ayuntamiento» se habría producido una «masiva cesión ilegal de trabajadores entre las subcontratas y la empresa adjudicataria Elsur sin que el Ayuntamiento lo haya impedido».
«El Ayuntamiento se ha dotado de un instrumento que amplía considerablemente el campo de actuación de los subcontratistas de su círculo de intereses», asevera el informe de los técnicos del Ministerio. Resume el documento que, de este modo, con Elsur, el Ayuntamiento «crea una empresa con minoría pública, lo que la exime de los procedimientos y controles públicos, manteniendo el control de la gestión». Y que dicha compañía –cuya propiedad comparte con Agua y Gestión de Servicios Ambientales, una empresa mayoritariamente participada por el Grupo Abengoa que ostenta el 70% del capital social– no tiene estructura para poder «ejercer los servicios y actividades asumidas». Por ello, subcontrata «incluso las prestaciones principales». Ylas empresas subcontratadas, al menos las que pertenecen a los tres grupos mayores beneficiarios –dice el informe– «se benefician de una gestión complaciente con sus intereses». Algo que les permite «una facturación sobrevalorada con servicios inexistentes o manipulados».
De la documentación analizada entonces por los técnicos de Hacienda, surgen «varias referencias a empresas pertenecientes o vinculadas, directa o indirectamente al alcalde o a otros cargos del Ayuntamiento». Por ejemplo, la de Francisco Javier Aguilera Callejón. «Es cuñado del alcalde», advierte de primeras el informe, que continúa alertando de que «ha realizado y facturado servicios para el Ayuntamiento y para Elsur». Concretamente, según la tabla reproducida en el informe, habría recibido 3.589.000 euros «redondeados» por servicios prestados, bien al Ayuntamiento, bien a Elsur, entre los años 2002 y 2007. Los servicios prestados por Aguilera a ambas entidades durante esos seis años «además de aumentar fuertemente, se han ido desplazando hacia Elsur, de forma que en 2006 ya no aparece facturación al Ayuntamiento», informa la Intervención General del Estado.
Sin embargo, advierten los técnicos de Hacienda que «las obras y servicios adjudicados lo han sido sin publicidad ni concurrencia, requisitos exigidos en toda contratación de las Administraciones Públicas». Y además, que se «ha fraccionado el gasto en pequeñas partidas», algo que les habría permitido «eludir buena parte del procedimiento de contratación». «El fraccionamiento está prohibido», sancionan los técnicos.
Además, también se habrían detectado otras irregularidades. «Se han incumplido en puntos esenciales el procedimiento establecido para la aprobación del gasto» y «los precios de los servicios prestados y las unidades de obra o servicios realizados son los que factura el contratista, que son admitidos sin contraste por la administración».
«Repartidor de negocio»
El documento elaborado por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, habla de que «en los datos analizados» predominan los pagos a las subcontratistas «lo que concuerda con el papel asignado a Elsur como intermediario repartidor del negocio que surge de la gestión de los servicios públicos y de las obras y servicios del Ayuntamiento». De este modo, relata que los principales grupos empresariales en torno a los que gira la investigación habrían facturado a Elsur más de 90 millones de euros entre los años 2002 y 2007. El que más, el que el informe denomina como «grupo Amate». Sus seis sociedades (Alseconsan Indalo, Jarbauros Servicios, Merfaoran Servicios, Mafran Obras y Servicios, Carseal Servicios y Fracenta Servicios)«han facturado a Elsur» durante el sexenio investigado «un total de 41,2 millones de euros». Le seguirían las empresas del «grupo Galán» (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión), que según los técnicos del Ministerio habrían facturado a Elsur casi 27,4 millones entre 2002 y 2007.
Además de la facturación del cuñado del alcalde, Francisco Javier Aguilera –cifrada en Elsur en unos 3 millones de euros– también se agregan las empresas del «grupo Abengoa». «Ha facturado a través de 3 sociedades un total de 21,2 millones de euros» en los seis años analizados por el documento. «Los datos que constan en la documentación reflejan que no cobra dividendos, a los que tendría derecho como titular del 70% del capital». Así, los técnicos estatales plantean «como hipótesis» que «cabe sospechar que las cantidades cobradas por el grupo Abengoa podrán corresponder a una compensación por renunciar a la gestión de Elsur y al cobro del 70% de los beneficios».
Otro informe de esta misma unidad, en esta ocasión fechado dos meses después, en enero de 2009, habla de una sobrefacturación en las subcontratas de Elsur. «Si sumamos las cantidades que se recogen en nuestros informes [...] referidas a las subcontratas de los grupos Amate y Galán como pagos a patrimoniales, pagos a facturadores falsos y ‘moduleros’, podemos estimar en al menos 10.000.000 de euros el sobreprecio acumulado del canon», informan los técnicos del Ministerio de Hacienda en otro documento también incluido en el sumario del Caso Poniente.
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