Juan Carlos Sánchez | Málaga
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el ex tesorero y ex liquidador municipal Félix Domínguez contra el alcalde de la localidad, el socialista David Valadez, por un presunto delito societario y de falsedad documental. El regidor está citado para declarar el próximo 26 de noviembre a las 12 de la mañana.
Domínguez ha trabajado en el Consistorio durante 18 años como tesorero y en varias etapas también como liquidador de las sociedades municipales del GIL. En 2003, con la llegada de Antonio Barrientos, fue cesado y elegido liquidador Juan Manuel de Hoyos, quien estuvo en el cargo hasta 2007. Ese periodo fue el que se investigó después cuando se destapó la operación 'Astapa', en 2008.
Ese año alcanza la Alcaldía David Valadez, que vuelve a confiar en Domínguez para el cargo. Sin embargo, el entonces tesorero y liquidador municipal detectó numerosas irregularidades que tuvieron lugar en la etapa de De Hoyos y exigió al alcalde que se revisara toda la documentación contable. Al no recibir respuesta alguna, la relación entre Domínguez y Valadez se tensó. La ruptura se produjo cuando, un año después, el entonces tesorero puso reparos al pago de las nóminas de los funcionarios con dinero procedente de un convenio urbanístico.
Llegaron a los tribunales en dos ocasiones. La primera, al obligar el Ayuntamiento a Domínguez a tomarse vacaciones, conflicto que ganó el ex tesorero. La segunda, al jubilarlo justo cuando cumplió 65 años, a pesar de que la ley permitía que siguiera, al menos, cinco más. Este asunto se encuentra a la espera de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Con todos estos antecedentes se entienden mejor los hechos que han desembocado en esta querella criminal presentada, ya de manera personal, por Félix Domínguez contra David Valadez, que ha sido admitida a trámite.
Harto de que el alcalde ignorase sus demandas para que se esclarecieran los puntos negros de las liquidaciones que tuvieron lugar en el periodo 2003-2007, Domínguez convocó el pasado mes de marzo una junta universal de socios de las sociedades en liquidación.
En el orden del día, además de la documentación contable del ejercicio que le correspondía, tenía previsto presentar un informe sobre la gestión del anterior liquidador, ya que había conseguido recabar información de ese periodo a través de documentos bancarios y de contratos con terceras personas.
Domínguez no encontró justificación a tres millones de euros facturados en minutas jurídicas satisfechas por esas sociedades, por lo que había decidido poner el informe a disposición del alcalde para que, si lo estimaba oportuno, exigiera responsabilidades. Además, de este modo se atenderían los requerimientos del juzgado responsable de la instrucción del caso 'Astapa'.
Sin embargo, la junta se convocó en una notaría de Estepona donde, una hora antes, se presentó el alcalde, David Valadez, con un acta en el que aparece reflejado que Domínguez había sido cesado como liquidador en otra junta general.
Con esa misma documentación, el ex liquidador levantó un acta notarial y se dirigió al juzgado para presentar una querella, ya que estaba convencido de que la junta convocada por el alcalde no podía tener carácter universal: el propio Domínguez era representante de dos sociedades que no figuraban en el documento aportado por Valadez. Por este motivo, le acusa de falsedad documental y de un delito societario.
No es Félix Domínguez el único funcionario que ha tenido problemas con el alcalde de Estepona. Hace unos días presentó su dimisión la interventora municipal, que cuestionó la gestión de Valadez y lo acusó en un pleno de pagar nóminas utilizando fondos de convenios urbanísticos.
Por otra parte, es la segunda vez que un juzgado imputa al regidor. La primera tuvo lugar en diciembre de 2009, cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Estepona lo imputó por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos por la construcción de una vivienda en suelo rústico.
Domínguez ha trabajado en el Consistorio durante 18 años como tesorero y en varias etapas también como liquidador de las sociedades municipales del GIL. En 2003, con la llegada de Antonio Barrientos, fue cesado y elegido liquidador Juan Manuel de Hoyos, quien estuvo en el cargo hasta 2007. Ese periodo fue el que se investigó después cuando se destapó la operación 'Astapa', en 2008.
Ese año alcanza la Alcaldía David Valadez, que vuelve a confiar en Domínguez para el cargo. Sin embargo, el entonces tesorero y liquidador municipal detectó numerosas irregularidades que tuvieron lugar en la etapa de De Hoyos y exigió al alcalde que se revisara toda la documentación contable. Al no recibir respuesta alguna, la relación entre Domínguez y Valadez se tensó. La ruptura se produjo cuando, un año después, el entonces tesorero puso reparos al pago de las nóminas de los funcionarios con dinero procedente de un convenio urbanístico.
Llegaron a los tribunales en dos ocasiones. La primera, al obligar el Ayuntamiento a Domínguez a tomarse vacaciones, conflicto que ganó el ex tesorero. La segunda, al jubilarlo justo cuando cumplió 65 años, a pesar de que la ley permitía que siguiera, al menos, cinco más. Este asunto se encuentra a la espera de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Con todos estos antecedentes se entienden mejor los hechos que han desembocado en esta querella criminal presentada, ya de manera personal, por Félix Domínguez contra David Valadez, que ha sido admitida a trámite.
Harto de que el alcalde ignorase sus demandas para que se esclarecieran los puntos negros de las liquidaciones que tuvieron lugar en el periodo 2003-2007, Domínguez convocó el pasado mes de marzo una junta universal de socios de las sociedades en liquidación.
En el orden del día, además de la documentación contable del ejercicio que le correspondía, tenía previsto presentar un informe sobre la gestión del anterior liquidador, ya que había conseguido recabar información de ese periodo a través de documentos bancarios y de contratos con terceras personas.
Domínguez no encontró justificación a tres millones de euros facturados en minutas jurídicas satisfechas por esas sociedades, por lo que había decidido poner el informe a disposición del alcalde para que, si lo estimaba oportuno, exigiera responsabilidades. Además, de este modo se atenderían los requerimientos del juzgado responsable de la instrucción del caso 'Astapa'.
Sin embargo, la junta se convocó en una notaría de Estepona donde, una hora antes, se presentó el alcalde, David Valadez, con un acta en el que aparece reflejado que Domínguez había sido cesado como liquidador en otra junta general.
Con esa misma documentación, el ex liquidador levantó un acta notarial y se dirigió al juzgado para presentar una querella, ya que estaba convencido de que la junta convocada por el alcalde no podía tener carácter universal: el propio Domínguez era representante de dos sociedades que no figuraban en el documento aportado por Valadez. Por este motivo, le acusa de falsedad documental y de un delito societario.
No es Félix Domínguez el único funcionario que ha tenido problemas con el alcalde de Estepona. Hace unos días presentó su dimisión la interventora municipal, que cuestionó la gestión de Valadez y lo acusó en un pleno de pagar nóminas utilizando fondos de convenios urbanísticos.
Por otra parte, es la segunda vez que un juzgado imputa al regidor. La primera tuvo lugar en diciembre de 2009, cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Estepona lo imputó por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos por la construcción de una vivienda en suelo rústico.
Además
* El PP critica a Heredia por seguir 'apostando' por Valadez
elmundo.es
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