El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, ha puesto hoy su cargo a disposición del PP, por su imputación en las diligencias judiciales abiertas en torno a un presunto caso de corrupción urbanística en el norte de la ciudad, cuyo juez instructor ha tomado declaración a los tres detenidos en la causa.
El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo ha tomado declaración al ingeniero Renato de Noce, supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, y al abogado Higinio Pérez Mateos, mientras que esta tarde lo ha hecho con el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra.
Esta operación, iniciada hace un año y medio a instancias de la Fiscalía, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo ayer registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda del promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, además de en la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia.
En el caso está imputado el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, por un presunto delito de prevaricación, así como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, entre otros.
Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos, a partir de 2001 y hasta 2005, que modificaban la calificación del suelo de esta zona.
Con esta modificación, la edificabilidad pasaba del 0,09 al 0,5m/m2, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000 inmuebles.
En 2007, el PSOE denunció que en estos convenios, el entonces jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, ahora imputado en la causa, había hecho una valoración de los terrenos muy por debajo de su coste real, lo que implicaba una pérdida para el consistorio de 783 millones de euros.
A este respecto, el ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, dictaminaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.
El primero de estos convenios fue el de Nueva Condomina, aprobado por el pleno del ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 y en abril de 2004 el Consejo de Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó la reparcelación de Nueva Condomina, una finca de 2,1 millones de metros cuadrados.
Este plan parcial provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, por Fernando Berberena, ahora imputado también en la causa y que hoy ha puesto su cargo a disposición del partido.
Sport Management era la empresa promotora de Nueva Condomina y propietaria del Real Murcia club de fútbol, cuyo presidente, Jesús Samper, era uno de sus socios.
Samper se encuentra imputado en este caso junto a la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, esposa del director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, detenido ayer.
El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo ha tomado declaración al ingeniero Renato de Noce, supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, y al abogado Higinio Pérez Mateos, mientras que esta tarde lo ha hecho con el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra.
Esta operación, iniciada hace un año y medio a instancias de la Fiscalía, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo ayer registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda del promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, además de en la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia.
En el caso está imputado el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, por un presunto delito de prevaricación, así como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, entre otros.
Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos, a partir de 2001 y hasta 2005, que modificaban la calificación del suelo de esta zona.
Con esta modificación, la edificabilidad pasaba del 0,09 al 0,5m/m2, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000 inmuebles.
En 2007, el PSOE denunció que en estos convenios, el entonces jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, ahora imputado en la causa, había hecho una valoración de los terrenos muy por debajo de su coste real, lo que implicaba una pérdida para el consistorio de 783 millones de euros.
A este respecto, el ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, dictaminaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.
El primero de estos convenios fue el de Nueva Condomina, aprobado por el pleno del ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 y en abril de 2004 el Consejo de Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó la reparcelación de Nueva Condomina, una finca de 2,1 millones de metros cuadrados.
Este plan parcial provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, por Fernando Berberena, ahora imputado también en la causa y que hoy ha puesto su cargo a disposición del partido.
Sport Management era la empresa promotora de Nueva Condomina y propietaria del Real Murcia club de fútbol, cuyo presidente, Jesús Samper, era uno de sus socios.
Samper se encuentra imputado en este caso junto a la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, esposa del director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, detenido ayer.
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