José Carlos Villanueva | Málaga
Nicolás González Cuellar, abogado defensor del máximo responsable de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, acusado de entregar supuestos sobornos a Juan Antonio Roca, a cambio de resoluciones urbanísticas favorables, ha criticado duramente este miércoles el papel de la Junta de Andalucía frente a la corrupción en Marbella.
González Cuellar sostiene que el Ejecutivo andaluz "llevó a cabo la política del avestruz" frente a la "corrupción y el caos urbanístico" que aconteció en Marbella entre 1991 y 2006. Concretamente, dicho letrado se ha referido a que en 2004 Aifos solicitó a la Junta diversa información, acerca de varios convenios urbanísticos, suscritos con la administración municipal y "dieron la callada por respuesta", ha dicho en alusión a la Consejería de Obras Públicas.
"Nos parece sangrante y lacerante que la Comunidad Autónoma ejercite la acusación contra nuestros representados por unos convenios de 2004". En este punto, la defensa de Jesús Ruiz Casado y Francisco García Lebrón ha llegado a calificar a sus defendidos como "empresarios que eran tomados como rehenes y sometidos a la extorsión". Trata así de convertir el delito de cohecho activo que se les imputa- por entregar dinero a Roca- en un delito de extorsión que achaca al considerado cerebro de la trama de corrupción municipal.
Los dos acusados vinculados a los hoteles Guadalpín Marbella y Banús reconocieron, en sus declaraciones ante el juez instructor, Miguel Ángel Torres, haber entregado cerca de 4,8 millones de euros, en concepto de sobornos a Juan Antonio Roca, entre los años 2003 y 2006.
Paralelamente, dicha defensa cree que el Ayuntamiento de Marbella "debería ser excluido de la causa", como acusación particular contra los responsables de Aifos. González Cuellar se basa en que el Consistorio marbellí "no puede acusar por un delito de malversación de caudales públicos" en el citado convenio de 2004, cuando-ha precisado- "reclama un crédito de un millón de euros en el proceso de administración concursal" en el que está inmersa la citada promotora.
En la citada operación urbanística la administración municipal gobernada por el PP, personada como acusación particular, en calidad de perjudicada, imputa también delitos de prevaricación y cohecho relacionados con el convenio de 2004 mencionado, urdido por Juan Antonio Roca con la colaboración del gobierno tripartito presidido por la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe.
Nicolás González Cuellar, hijo del fallecido penalista Antonio González Cuellar, antiguo defensor del juez Francisco de Urquía, condenado por aceptar sobornos de Roca, ha centrado la práctica totalidad de su intervención ante el tribunal en denunciar "el proceso inquisitorial sufrido", como así ha calificado la instrucción del juez Torres. En el marco de su alegato ha hecho contínuas referencias al "tribunal del Santo Oficio" para compararlo con la tramitación de este sumario en Marbella.
González Cuellar sostiene que el Ejecutivo andaluz "llevó a cabo la política del avestruz" frente a la "corrupción y el caos urbanístico" que aconteció en Marbella entre 1991 y 2006. Concretamente, dicho letrado se ha referido a que en 2004 Aifos solicitó a la Junta diversa información, acerca de varios convenios urbanísticos, suscritos con la administración municipal y "dieron la callada por respuesta", ha dicho en alusión a la Consejería de Obras Públicas.
"Nos parece sangrante y lacerante que la Comunidad Autónoma ejercite la acusación contra nuestros representados por unos convenios de 2004". En este punto, la defensa de Jesús Ruiz Casado y Francisco García Lebrón ha llegado a calificar a sus defendidos como "empresarios que eran tomados como rehenes y sometidos a la extorsión". Trata así de convertir el delito de cohecho activo que se les imputa- por entregar dinero a Roca- en un delito de extorsión que achaca al considerado cerebro de la trama de corrupción municipal.
Los dos acusados vinculados a los hoteles Guadalpín Marbella y Banús reconocieron, en sus declaraciones ante el juez instructor, Miguel Ángel Torres, haber entregado cerca de 4,8 millones de euros, en concepto de sobornos a Juan Antonio Roca, entre los años 2003 y 2006.
Paralelamente, dicha defensa cree que el Ayuntamiento de Marbella "debería ser excluido de la causa", como acusación particular contra los responsables de Aifos. González Cuellar se basa en que el Consistorio marbellí "no puede acusar por un delito de malversación de caudales públicos" en el citado convenio de 2004, cuando-ha precisado- "reclama un crédito de un millón de euros en el proceso de administración concursal" en el que está inmersa la citada promotora.
En la citada operación urbanística la administración municipal gobernada por el PP, personada como acusación particular, en calidad de perjudicada, imputa también delitos de prevaricación y cohecho relacionados con el convenio de 2004 mencionado, urdido por Juan Antonio Roca con la colaboración del gobierno tripartito presidido por la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe.
Nicolás González Cuellar, hijo del fallecido penalista Antonio González Cuellar, antiguo defensor del juez Francisco de Urquía, condenado por aceptar sobornos de Roca, ha centrado la práctica totalidad de su intervención ante el tribunal en denunciar "el proceso inquisitorial sufrido", como así ha calificado la instrucción del juez Torres. En el marco de su alegato ha hecho contínuas referencias al "tribunal del Santo Oficio" para compararlo con la tramitación de este sumario en Marbella.
elmundo.es
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