José Carlos Villanueva | Málaga
El abogado defensor del constructor Rafael Gómez 'Sandokán', Antonio Urdiales, ha relacionado este miércoles al comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, con las siglas J.A.G. que aparecieron vinculadas a un presunto pago de 200.000 euros en la contabilidad manuscrita del principal acusado del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca.
Dicha defensa ha recordado que en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, utilizada para canalizar todas las finanzas de Roca, apareció documentación relacionada con diversos pagos vinculados, según el juez Miguel Ángel Torres, a altos cargos policiales. De hecho, como ya informó EL MUNDO en 2007 el citado magistrado dedujo testimonio y abrió una pieza separada para investigar quién estaba detrás de las siglas J.A.G.
Urdiales también ha mencionado lo apuntado por Torres sobre que dichos pagos, a cargos policiales, "estarían relacionados con informaciones recibidas" por Roca en el marco del 'caso Malaya'.
"Lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan", como presuntos sobornadores de Roca, "y a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales J.A.G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías", sostiene Urdiales.
El que fuera uno de los principales abogados del 'caso Intelhorce' ha ido más lejos: "Con los mimbres que pone el fiscal no se trata de otro que del comisario de Policía Juan Antonio González, presuntamente". A juicio de Urdiales "si se tratara de otra persona ni qué decir tiene que ya estaría detenido", ha remachado.
Acto seguido, se ha quejado de "no encontrar el testimonio que se ha deducido", a raíz del hallazgo de las iniciales J.A.G., "ni tampoco qué investigaciones se han seguido", ha expuesto el abogado de 'Sandokán', acusado también de entregar presuntos sobornos a Roca.
Además, Urdiales ha pedido que los agentes de la Udyco que se encargaron de investigar quién era J.A.G. comparezcan en el juicio, "para que den explicaciones" de la actuación y "cómo acabaron", ha dicho en alusión a su situación personal. Como ya informó este diario, los dos principales inspectores malagueños a los que el juez Torres asignó las pesquisas acabaron finalmente en una comisaría de distrito de la barriada malagueña de El Palo. Lo cierto es que cuando comenzaron a encontrarse con nombres incómodos, algunos vinculados a la Junta de Andalucía, arrojaron la toalla, tras recibir supuestas presiones para que abandonaran sus pesquisas.
Fuentes de Anticorrupción han asegurado a ELMUNDO.es que tras la apertura de dichas diligencias previas, para esclarecer quién era J.A.G., las actuaciones se archivaron porque los agentes de la Udyco no pudieron esclarecer con qué identidad se correspondía dicho acrónimo.
Sobre esta pieza separada pesa un sobreseimiento provisional que, hasta el momento, no ha sido recurrido. El Partido Popular, que ha criticado duramente la actuación de Juan Antonio González en el 'caso Gürtel', ni siquiera se ha personado en dicho procedimiento para recurrir el sobreseimiento, e intentar esclarecer los hechos. Todo ello, a pesar de que los populares, así como el Ayuntamiento de Marbella figuran personados en todas las piezas separadas del 'caso Malaya'.
Dicha defensa ha recordado que en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, utilizada para canalizar todas las finanzas de Roca, apareció documentación relacionada con diversos pagos vinculados, según el juez Miguel Ángel Torres, a altos cargos policiales. De hecho, como ya informó EL MUNDO en 2007 el citado magistrado dedujo testimonio y abrió una pieza separada para investigar quién estaba detrás de las siglas J.A.G.
Urdiales también ha mencionado lo apuntado por Torres sobre que dichos pagos, a cargos policiales, "estarían relacionados con informaciones recibidas" por Roca en el marco del 'caso Malaya'.
"Lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan", como presuntos sobornadores de Roca, "y a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales J.A.G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías", sostiene Urdiales.
El que fuera uno de los principales abogados del 'caso Intelhorce' ha ido más lejos: "Con los mimbres que pone el fiscal no se trata de otro que del comisario de Policía Juan Antonio González, presuntamente". A juicio de Urdiales "si se tratara de otra persona ni qué decir tiene que ya estaría detenido", ha remachado.
Acto seguido, se ha quejado de "no encontrar el testimonio que se ha deducido", a raíz del hallazgo de las iniciales J.A.G., "ni tampoco qué investigaciones se han seguido", ha expuesto el abogado de 'Sandokán', acusado también de entregar presuntos sobornos a Roca.
Además, Urdiales ha pedido que los agentes de la Udyco que se encargaron de investigar quién era J.A.G. comparezcan en el juicio, "para que den explicaciones" de la actuación y "cómo acabaron", ha dicho en alusión a su situación personal. Como ya informó este diario, los dos principales inspectores malagueños a los que el juez Torres asignó las pesquisas acabaron finalmente en una comisaría de distrito de la barriada malagueña de El Palo. Lo cierto es que cuando comenzaron a encontrarse con nombres incómodos, algunos vinculados a la Junta de Andalucía, arrojaron la toalla, tras recibir supuestas presiones para que abandonaran sus pesquisas.
Fuentes de Anticorrupción han asegurado a ELMUNDO.es que tras la apertura de dichas diligencias previas, para esclarecer quién era J.A.G., las actuaciones se archivaron porque los agentes de la Udyco no pudieron esclarecer con qué identidad se correspondía dicho acrónimo.
Sobre esta pieza separada pesa un sobreseimiento provisional que, hasta el momento, no ha sido recurrido. El Partido Popular, que ha criticado duramente la actuación de Juan Antonio González en el 'caso Gürtel', ni siquiera se ha personado en dicho procedimiento para recurrir el sobreseimiento, e intentar esclarecer los hechos. Todo ello, a pesar de que los populares, así como el Ayuntamiento de Marbella figuran personados en todas las piezas separadas del 'caso Malaya'.
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