Declaraciones de su abogado
Munar ayer a su llegada a los juzgados de Palma. | Efe
Tanto ella como su marido tratan hoy de reunir esta cantidad
Deberán depositar el dinero antes de las 14.00 horas del viernes
Efe | Palma
La ex presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, no prevé depositar hasta mañana su fianza penal de 350.000 euros para eludir la cárcel, según ha explicado su abogado, Gabriel Garcías. El juez del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, fijó anoche esta fianza para que la también ex presidenta de Unió Mallorquina pueda seguir en libertad en este caso de supuesta corrupción en el que está imputada.
Según Garcías, ella y su marido están hoy intentando reunir esta cantidad, que deberán depositar antes de las 14.00 horas de mañana, tal y como indicó el juez en un auto comunicado ayer noche a Munar, después de que prestara declaración durante tres horas y media como imputada. El juez Lope Sola también impuso a Munar una fianza de responsabilidad civil de unos 2,5 millones de euros, con un plazo de 24 horas para consignarla, so pena del embargo de sus bienes.
Durante su comparecencia de ayer, Munar negó todas las acusaciones en este caso, en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido, todo ello mediante subvenciones a productoras audiovisuales afines del Consell durante la legislatura pasada. La Fiscalía Anticorrupción acusa a la ex presidenta del Parlament de la comisión de hasta cinco tipos delictivos distintos en el caso Maquillaje. Así, considera que Munar ha cometido supuestamente delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación, delito electoral y negociaciones prohibidas.
En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal reclamó una cuantía de 2,6 millones para hacer frente a las consecuencias que puedan tener sus delitos, que finalmente se quedó en los algo más de 2,5 millones que dictó el juez. En concreto, pidió que deposite alrededor de un millón de euros por las supuestas irregularidades cometidas en concepto de subvenciones que aprobó cuando presidió el Consell de Mallorca; alrededor de medio millón por varios programas que no se realizaron y otro medio millón en concepto de las posibles multas que se le puedan imponer en juicio por sus delitos.
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