* La juez también pide a Mercasa el informe que hizo del pliego de condiciones
Sebastián Torres | Sevilla
La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha ordenado a la Policía Judicial que requiera al mercado de mayoristas Mercasevilla el expediente completo de la venta de sus terrenos a Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo Sando, una causa por la que de momento hay cinco imputados. Además, ha ordenado investigar en qué organigramas de administraciones públicas, partidos políticos o empresas figuraban los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando adjudicaron los suelos a Sando y a partir de ese momento.
Como ha informado este periódico, Domingo Enrique Castaño era miembro de aquella comisión ejecutiva de Mercasevilla y consejero de la empresa pública, director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y secretario de Organización del PSOE de la Macarena. Posteriormente, tras dejar la política, pasó a formar parte del «equipo directivo» de Sando Inmobiliaria como director gerente del proyecto Duse, una nueva urbanización de más de 17.000 viviendas que se promueve frente al aeropuerto de San Pablo.
El suyo es uno de los patrimonios que ha investigado la Policía Judicial, a la que ha llamado especialmente la atención la compra de un chalé en una exclusiva urbanización del área metropolitana de Sevilla y de una casa en el barrio de la calle Feria, que suman en hipotecas 560.000 euros.
Cuando Castaño adquirió esas propiedades en régimen de gananciales con su mujer, abogada de profesión, y formalizó las hipotecas era aún alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla. El chalé pareado lo adquirió cuatro meses después de la adjudicación a Mercasevilla en una promoción de Realia, socia de Sando en el proyecto Duse en el que Castaño ha acabado como gerente.
La juez Alaya, además, ha llamado a declarar a un ejecutivo del grupo Noga, dependiende de Inmobiliaria Osuna, empresa que perdió el concurso pese a haber ofertado al menos 62 millones de euros más que el ganador, y al profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla que emitió un informe en el que habría aconsejado puntuar con un cero la oferta económica de Noga, en base a una interpretación del pliego de condiciones.
Este profesor, Antonio Pajares Ruiz, y el director comercial de Noga en Sevilla, Antonio Barba Ruiz, están llamados a declarar el día 23 de noviembre a las 10 y 11 horas, respectivamente.
Según el economista José Antonio Ripollés, quien puntuó las ofertas económicas en el concurso de la venta de suelos, otorgó cero puntos a la oferta económica de Noga, pese a ser la más elevada, siguiendo las «indicaciones» de este informe. En su declaración ante la juez, Ripollés admitió que, aunque el pliego de condiciones consideraba desproporcionadas las ofertas demasiado elevadas, no decía que habría que puntuarlas con un cero.
En cuanto al directivo de Noga Antonio Barba, se trata del mismo representante de la empresa que asistió a la apertura de los sobres del concurso, el 9 de febrero de 2005. Además, según declaró ante la juez el propio Ripollés, una vez conocida la adjudicación a Sanma Desarrollos Urbanísticos, Barba pidió explicaciones al gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, que se las dio por medio del economista ahora imputado.
Finalmente, la juez ha solicitado también a Mercasa, la empresa del estado accionista de Mercasevilla, la aprobación del pliego de condiciones, la fecha en que tuvo conocimiento de él y el informe que realizó sobre dicho pliego.
elmundo.es
Como ha informado este periódico, Domingo Enrique Castaño era miembro de aquella comisión ejecutiva de Mercasevilla y consejero de la empresa pública, director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y secretario de Organización del PSOE de la Macarena. Posteriormente, tras dejar la política, pasó a formar parte del «equipo directivo» de Sando Inmobiliaria como director gerente del proyecto Duse, una nueva urbanización de más de 17.000 viviendas que se promueve frente al aeropuerto de San Pablo.
El suyo es uno de los patrimonios que ha investigado la Policía Judicial, a la que ha llamado especialmente la atención la compra de un chalé en una exclusiva urbanización del área metropolitana de Sevilla y de una casa en el barrio de la calle Feria, que suman en hipotecas 560.000 euros.
Cuando Castaño adquirió esas propiedades en régimen de gananciales con su mujer, abogada de profesión, y formalizó las hipotecas era aún alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla. El chalé pareado lo adquirió cuatro meses después de la adjudicación a Mercasevilla en una promoción de Realia, socia de Sando en el proyecto Duse en el que Castaño ha acabado como gerente.
La juez Alaya, además, ha llamado a declarar a un ejecutivo del grupo Noga, dependiende de Inmobiliaria Osuna, empresa que perdió el concurso pese a haber ofertado al menos 62 millones de euros más que el ganador, y al profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla que emitió un informe en el que habría aconsejado puntuar con un cero la oferta económica de Noga, en base a una interpretación del pliego de condiciones.
Este profesor, Antonio Pajares Ruiz, y el director comercial de Noga en Sevilla, Antonio Barba Ruiz, están llamados a declarar el día 23 de noviembre a las 10 y 11 horas, respectivamente.
Según el economista José Antonio Ripollés, quien puntuó las ofertas económicas en el concurso de la venta de suelos, otorgó cero puntos a la oferta económica de Noga, pese a ser la más elevada, siguiendo las «indicaciones» de este informe. En su declaración ante la juez, Ripollés admitió que, aunque el pliego de condiciones consideraba desproporcionadas las ofertas demasiado elevadas, no decía que habría que puntuarlas con un cero.
En cuanto al directivo de Noga Antonio Barba, se trata del mismo representante de la empresa que asistió a la apertura de los sobres del concurso, el 9 de febrero de 2005. Además, según declaró ante la juez el propio Ripollés, una vez conocida la adjudicación a Sanma Desarrollos Urbanísticos, Barba pidió explicaciones al gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, que se las dio por medio del economista ahora imputado.
Finalmente, la juez ha solicitado también a Mercasa, la empresa del estado accionista de Mercasevilla, la aprobación del pliego de condiciones, la fecha en que tuvo conocimiento de él y el informe que realizó sobre dicho pliego.
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