* El escrito dice que 'el plazo para proyectar 600 pisos fue breve e ilegal'
Eduardo Colom | Palma
Por primera vez en una investigación judicial que lleva ya casi tres años en marcha, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares cita cómo Maria Antònia Munar intervino personalmente en el concurso público que el Consell que ella presidía diseñó para vender el solar «por la mitad de su precio real». Una venta en la que los fiscales ven ahora indicios de malversación, defraudación a la Administración Pública y prevaricación. Sin embargo, y pese a que Munar era la máxima autoridad de la institución que vendía la parcela, la Fiscalía limita su participación a un lance puntual y no pide ningún tipo de medida en contra de la actual presidenta del Parlament. Ni siquiera su testificación.
El nombre de la presidenta de honor de Unió Mallorquina aparece en la página 18 del último informe que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 12 que instruye la causa. Un dictamen de 32 páginas firmado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y elaborado para solicitar que el caso sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares al detectar la Fiscalía indicios de que los aforados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell y actual conseller de turismo, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio, pudieron haber incurrido en los delitos antes citados al «concertarse» con la empresa que se alzó con el negocio urbanístico, Sacresa. Y desde su cargo «dirigir el concurso» y diseñar «un traje a medida» de la promotora con el fin de que se llevase la parcela «por la mitad de su precio de mercado».
La Fiscalía sostiene en su escrito que, con el fin de «eliminar competencia» y poner «una pieza más del engranaje ideado para que Sacresa fuese la adjudicataria del concurso por el precio acordado», se estableció un plazo «breve, ilegal y notoriamente insuficiente» para que las empresas que quisieran concursar por el solar presentasen su proyecto para 600 viviendas. Algo, agrega, «materialmente imposible salvo que se hubiesen conocido con antelación el pliego de cláusulas administrativas». Eso cuando, como relata el fiscal, la adjudicataria «era conocedora 8 meses antes de publicarse el concurso de la modalidad de enajenación y de sus circunstancias concretas». Es en este capítulo de los plazos cuando el fiscal trae a colación la figura de Munar. «La presión mediática y social que originó el menguado plazo EL MUNDO lo denunció nada más convocarse el concurso provocaron que la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Doña Maria Antònia Munar, dictara en fecha 14 de enero de 2006 un Decreto por el que se ampliaba el plazo de presentación de las ofertas de licitación por 15 días naturales más».
Sin embargo, expresa el fiscal, «el plazo mínimo legal para estos casos debía ser de 52 días». Así lo establece «el artículo 137 del Real Decreto 2/2002» y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, detalla el fiscal Horrach en su escrito.
ELMUNDO.ES
El nombre de la presidenta de honor de Unió Mallorquina aparece en la página 18 del último informe que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 12 que instruye la causa. Un dictamen de 32 páginas firmado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y elaborado para solicitar que el caso sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares al detectar la Fiscalía indicios de que los aforados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell y actual conseller de turismo, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio, pudieron haber incurrido en los delitos antes citados al «concertarse» con la empresa que se alzó con el negocio urbanístico, Sacresa. Y desde su cargo «dirigir el concurso» y diseñar «un traje a medida» de la promotora con el fin de que se llevase la parcela «por la mitad de su precio de mercado».
La Fiscalía sostiene en su escrito que, con el fin de «eliminar competencia» y poner «una pieza más del engranaje ideado para que Sacresa fuese la adjudicataria del concurso por el precio acordado», se estableció un plazo «breve, ilegal y notoriamente insuficiente» para que las empresas que quisieran concursar por el solar presentasen su proyecto para 600 viviendas. Algo, agrega, «materialmente imposible salvo que se hubiesen conocido con antelación el pliego de cláusulas administrativas». Eso cuando, como relata el fiscal, la adjudicataria «era conocedora 8 meses antes de publicarse el concurso de la modalidad de enajenación y de sus circunstancias concretas». Es en este capítulo de los plazos cuando el fiscal trae a colación la figura de Munar. «La presión mediática y social que originó el menguado plazo EL MUNDO lo denunció nada más convocarse el concurso provocaron que la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Doña Maria Antònia Munar, dictara en fecha 14 de enero de 2006 un Decreto por el que se ampliaba el plazo de presentación de las ofertas de licitación por 15 días naturales más».
Sin embargo, expresa el fiscal, «el plazo mínimo legal para estos casos debía ser de 52 días». Así lo establece «el artículo 137 del Real Decreto 2/2002» y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, detalla el fiscal Horrach en su escrito.
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