martes, 30 de junio de 2009

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGÓ POSIBLES PREBENDAS DEL ALCALDE SILVERIO MATOS EN EL PROYECTO EÓLICO

Silverio Matos (d.), alcalde de Santa Lucía, en una foto de archivo | ABC

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DANIEL HERRERA | LAS PALMAS

Entre las numerosas ramificaciones producidas por la Operación Palmera, las investigaciones realizadas por la Guardia Civil dejaron entrever una serie de conductas supuestamente ilícitas de hechos urbanísticos de carácter penal, realizadas en el Ayuntamiento de Santa Lucía en el marco del proyecto original del parque eólico, una iniciativa llevada a concurso por el Gobierno de Canarias que contaba con fuertes inversiones de la Unión Europea.

Dichas actividades podrían señalar a varios miembros electos de la corporación local, funcionarios del consistorio y particulares. Bajo las pesquisas de la Benemérita, Silverio Matos sería la cabeza visible de una red de ilícitos penales de naturaleza urbana.

La denominada «Operación Palmera» se inició el pasado 9 de mayo de 2007 con la denuncia realizada por el ex edil Rufino Pérez y se reactivó con las correspondientes acciones del equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Siempre bajo las líneas de investigación, el alcalde de Santa Lucía se enfrentaría a varias acusaciones por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos.

Fechas de los convenios
Por parte de esta unidad armada se realizaron una serie de gestiones, dando como resultado que Matos, según el acta de ratificación de los convenios (en los cuales se propiciaba la adquisición de terreno privado para convertirlo en suelo público, a cambio de prebendas a ciertas empresas) los manipuló de manera arbitraria, variando la fecha de los mismos.

A la luz de las investigaciones de la Guardia Civil, el consistorio realizó con la empresa S. A. T. El Águila (cuyo presidente es Antonio Alemán Bordón) el convenio el 7 de enero de 2005, cuando la citada reunión de la comisión de gobierno se había llevado a cabo cuatro días después.

Además, se registró la citada sociedad el 5 de enero de 2005, seis días antes de la realización del convenio de permuta con el ayuntamiento. En paralelo, Alemán creó una compañía el 22 de junio de 2004 llamada Enercasa S. L., dedicada a la promoción y explotación de Parques Eólicos, así como la venta de energía eléctrica, todo esto a pocos meses (14 de diciembre) de que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias sacara a concurso los Parques Eólicos.

Por su parte, los empresarios de Inmueble Comercial La Mareta S. L. compraron los terrenos correspondientes el día 2 de enero de 2005, promoviéndolo a escritura pública el 10 de enero de 2005, y realizando la firma de la permuta el día 11 de enero, el mismo día de la famosa comisión de gobierno. Con ello, el citado cuerpo de seguridad quiso evidenciar el uso de información privilegiada en los distintos convenios firmados.

Pagos periódicos
Por otro lado, el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, realizó una serie de pagos periódicos a varias de las personas implicadas en el citado caso Eólico, que acabó siendo anulado por el Gobierno de Canarias en junio de 2006.

De las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se ha podido comprobar repetidos dispendios a Inmaculada Ramírez, concejala del citado Consistorio y esposa de Agustín Ángel Domínguez Cordero, uno de los empresarios inmersos en los convenios firmados en el famoso Parque Eólico -en concreto, administrador de la compañía Machacadora Domínguez Sociedad Anónima-.

Por los desembolsos, se demuestra la relación, de amistad o profesional, que pudiera tener con anterioridad a la relación del convenio con su actual esposo.

Rufino Pérez ejercerá de acusación popular en el caso
Tras los correspondientes pinchazos telefónicos llevados a cabo por la Guardia Civil, un total de 17 personas fueron imputadas por esta trama, un lista que engloba a concejales, técnicos y empresarios de la comarca. A pesar de que tanto Silverio Matos como Antonio Ruiz (quién decidió marcharse del Ayuntamiento la semana pasada) y otros miembros del consistorio solicitaron el sobreseimiento libre de la causa el pasado 8 de enero de 2009, las alegaciones realizadas por el letrado Jesús de Bethencourt propiciaron un nuevo giro en el proceso judicial, ya que desde hace unos días Rufino Pérez -ex edil del PP y miembro del Grupo Ansite CCN- ha pasado a ser «acusación popular» en el caso, un factor que le permite llegar en este asunto hasta las últimas consecuencias. De momento, el juez Juan Carlos Socorro, magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 espera hoy las correspondientes declaraciones de los imputados Antonio Alemán y Agustín Cordero.

ABC-ES

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