POLÍTICA | Ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Sevilla
El PP ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno una denuncia que pide iniciar procedimiento sancionador contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al considerar que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por la subvención concedida a la empresa Matsa, donde trabaja su hija.
La denuncia ha sido presentada en la Casa Rosa, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por cinco diputados del PP-A, encabezados por el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, y la portavoz de este partido en el Parlamento autonómico, Esperanza Oña.
El PP ha presentado esta denuncia, de carácter administrativo, como paso previo a la utilización de la vía judicial contra la concesión, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de una subvención de más de 10 millones de euros, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabaja la hija de Manuel Chaves.
El escrito del PP, que ha sido facilitado por Antonio Sanz a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, reclama al Consejo de Gobierno que acuerde la apertura del procedimiento sancionador y, tras la tramitación procedente, acuerde imponer las sanciones que correspondan.
Los populares consideran que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.
Los argumentos esgrimidos por el PP para presentar esta denuncia son que existe una constatación de que Manuel Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades cuando el 20 de enero presidió el Consejo de Gobierno que concedió la ayuda de más de 10 millones de euros a Matsa, ya que su hija, según este partido, era la apoderada.
Según denuncia el PP, la hija de Chaves aparece el 14 de enero como apoderada en el expediente por el que se concede la subvención por parte de la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, ayuda ratificada seis días después por el Consejo de Gobierno, en el que Chaves aún era presidente de la Junta.
Control de la legalidad
Antonio Sanz ha explicado que el Consejo de Gobierno tiene la función del "control de la legalidad", algo que, a su juicio, debió aplicar en la subvención a esta empresa, por lo que Chaves podría haber incurrido en la infracción del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de la Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos, al no inhibirse en la decisión.
El PP reitera que el acuerdo del Consejo de Gobierno "no es una mera ratificación, sino una autorización previa y preceptiva" que lleva implícita la aprobación del gasto, de forma que resulta "requisito esencial" para otorgar la subvención la aprobación del gasto por el órgano competente, según la Ley de Subvenciones.
El Consejo de Gobierno de la Junta es competente para sancionar estos casos en relación con los dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 8 de abril de 2005 de Incompatibilidades, según ha explicado Sanz, quien ha advertido de que este paso administrativo es previo a que el PP utilice también la vía judicial.
Sanz ha aclarado que tras esta denuncia y una vez "agotada" la vía política y parlamentaria -el jueves se debate la creación de una comisión de investigación-, el PP acudirá también a los tribunales.
En este sentido, ha anunciado que volverá a personarse en la sede de la Agencia IDEA para reclamar el expediente que la semana pasada la Junta se negó a entregar, ya que el pasado viernes el consejero de Innovación, Martín Soler, aseguró que "no hay ningún problema de ningún tipo en darle (al PP) copia del expediente" relativo a la subvención que la Junta otorgó a Matsa.
Sevilla
El PP ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno una denuncia que pide iniciar procedimiento sancionador contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al considerar que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por la subvención concedida a la empresa Matsa, donde trabaja su hija.
La denuncia ha sido presentada en la Casa Rosa, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por cinco diputados del PP-A, encabezados por el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, y la portavoz de este partido en el Parlamento autonómico, Esperanza Oña.
El PP ha presentado esta denuncia, de carácter administrativo, como paso previo a la utilización de la vía judicial contra la concesión, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de una subvención de más de 10 millones de euros, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabaja la hija de Manuel Chaves.
El escrito del PP, que ha sido facilitado por Antonio Sanz a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, reclama al Consejo de Gobierno que acuerde la apertura del procedimiento sancionador y, tras la tramitación procedente, acuerde imponer las sanciones que correspondan.
Los populares consideran que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.
Los argumentos esgrimidos por el PP para presentar esta denuncia son que existe una constatación de que Manuel Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades cuando el 20 de enero presidió el Consejo de Gobierno que concedió la ayuda de más de 10 millones de euros a Matsa, ya que su hija, según este partido, era la apoderada.
Según denuncia el PP, la hija de Chaves aparece el 14 de enero como apoderada en el expediente por el que se concede la subvención por parte de la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, ayuda ratificada seis días después por el Consejo de Gobierno, en el que Chaves aún era presidente de la Junta.
Control de la legalidad
Antonio Sanz ha explicado que el Consejo de Gobierno tiene la función del "control de la legalidad", algo que, a su juicio, debió aplicar en la subvención a esta empresa, por lo que Chaves podría haber incurrido en la infracción del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de la Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos, al no inhibirse en la decisión.
El PP reitera que el acuerdo del Consejo de Gobierno "no es una mera ratificación, sino una autorización previa y preceptiva" que lleva implícita la aprobación del gasto, de forma que resulta "requisito esencial" para otorgar la subvención la aprobación del gasto por el órgano competente, según la Ley de Subvenciones.
El Consejo de Gobierno de la Junta es competente para sancionar estos casos en relación con los dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 8 de abril de 2005 de Incompatibilidades, según ha explicado Sanz, quien ha advertido de que este paso administrativo es previo a que el PP utilice también la vía judicial.
Sanz ha aclarado que tras esta denuncia y una vez "agotada" la vía política y parlamentaria -el jueves se debate la creación de una comisión de investigación-, el PP acudirá también a los tribunales.
En este sentido, ha anunciado que volverá a personarse en la sede de la Agencia IDEA para reclamar el expediente que la semana pasada la Junta se negó a entregar, ya que el pasado viernes el consejero de Innovación, Martín Soler, aseguró que "no hay ningún problema de ningún tipo en darle (al PP) copia del expediente" relativo a la subvención que la Junta otorgó a Matsa.
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