Normativa aprobada en abril de 2005
Chaves con su mujer y sus nietos camino del colegio electoral. | Esther Lobato
Manuel María Becerro | Sevilla
La ley que habría vulnerado el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al no inhibirse en la aprobación y firma del incentivo de más de diez millones de euros otorgados por la Junta a una empresa en la que está apoderada su hija, es la misma que permitió blindarlos salarialmente a él y a todos los altos cargos de la autonomía con un sistema de cesantías inédito en Andalucía hasta el año 2005, y la misma en la que se justificó también la aprobación de todos los privilegios que gozará en un futuro en su calidad de ex presidente andaluz.
La Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta obliga a Chaves en su artículo 7 a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.
Además, esta norma incorpora un capítulo de «asignaciones y situaciones tras el cese» que blinda a todos los cargos políticos, a los que reconoce un derecho a recibir «una asignación económica temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce» (incompatible, eso sí, con la percepción de otras rentas).
El privilegio se justificó precisamente en el endurecimiento del régimen de incompatibilidades. El propio ex presidente lo afirmó en el Parlamento el 10 de febrero de 2005, durante una sesión de control al Gobierno en la que le llovieron las críticas desde el PP por incluir dentro de un paquete legislativo de impulso democrático un sistema de cesantías que se hacía extensivo a la práctica totalidad de la clase política autonómica.
«Ni prebendas, ni abusos, ni blindajes. Aquí de lo que se trata es de que haya transparencia y fortalecimiento de la autonomía de la política a través de un régimen de incompatibilidades que es uno de los más duros que hay en el panorama político español», aseguró.
Previamente, el 16 de diciembre de 2004, Chaves aseguraba con más solemnidad: «Me siento orgulloso de este impulso democrático porque hará que la luz, los taquígrafos y la transparencia sean parte inseparable de la actividad política. Estamos apostando por instaurar medidas para hacer la vida política más diáfana, hasta el punto de que sean irreversibles. Se trata de quemar las naves de la opacidad, cerrando así el paso a cualquier tentación futura de volver al pasado».
También el ex consejero Gaspar Zarrías declaró que de este modo se «dignificó» a los «asalariados de la política» andaluza, que a cambio de garantizarse una especie de sustitutivo del subsidio del desempleo se comprometieron a subir y a mantener alto el listón de las incompatibilidades, que les obligan a no participar en decisiones que puedan favorecer a empresas en las que tengan cualquier participación principal familiares.
Sin embargo, mientras que decenas de ex altos cargos de la Junta se han dignificado acogiéndose a los beneficios económicos de la normativa (que incluye también a los 109 parlamentarios autonómicos), la eficacia de ese régimen de limitaciones al ejercicio del poder y su correspondiente sistema sancionador está en entredicho desde el mismo momento y hora de que aún no se ha aprobado ninguna resolución que expulse del Gobierno andaluz a ningún asalariado de la política.
Dos presuntos casos de incumplimiento de las incompatibilidades son los que más repercusión social han tenido, por sus actores principales: Chaves y su hermano Leonardo, ex director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas. En ambos casos, la estrategia de la Junta fue la misma: restar valor a la firma del alto cargo , aun cuando sea la que aparezca en el BOJA bajo el incentivo o la adjudicación.
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«Hemos seguido todos los procedimientos públicos, se han publicado todos en el BOJA según el informe de los técnicos. Ha salido todo técnicamente limpio. Yo firmo la resolución, pero no informó ni influyó técnicamente», declaró Leonardo Chaves a EL MUNDO.
Además
* Las siete explicaciones de Manuel Chaves
* Opinión: Chaves abochorna a los demócratas y enfanga al Gobierno
* El alcalde de Almonaster dimitió a toda prisa para fichar por Matsa
ELMUNDO.ES
La Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta obliga a Chaves en su artículo 7 a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.
Además, esta norma incorpora un capítulo de «asignaciones y situaciones tras el cese» que blinda a todos los cargos políticos, a los que reconoce un derecho a recibir «una asignación económica temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce» (incompatible, eso sí, con la percepción de otras rentas).
El privilegio se justificó precisamente en el endurecimiento del régimen de incompatibilidades. El propio ex presidente lo afirmó en el Parlamento el 10 de febrero de 2005, durante una sesión de control al Gobierno en la que le llovieron las críticas desde el PP por incluir dentro de un paquete legislativo de impulso democrático un sistema de cesantías que se hacía extensivo a la práctica totalidad de la clase política autonómica.
«Ni prebendas, ni abusos, ni blindajes. Aquí de lo que se trata es de que haya transparencia y fortalecimiento de la autonomía de la política a través de un régimen de incompatibilidades que es uno de los más duros que hay en el panorama político español», aseguró.
Previamente, el 16 de diciembre de 2004, Chaves aseguraba con más solemnidad: «Me siento orgulloso de este impulso democrático porque hará que la luz, los taquígrafos y la transparencia sean parte inseparable de la actividad política. Estamos apostando por instaurar medidas para hacer la vida política más diáfana, hasta el punto de que sean irreversibles. Se trata de quemar las naves de la opacidad, cerrando así el paso a cualquier tentación futura de volver al pasado».
También el ex consejero Gaspar Zarrías declaró que de este modo se «dignificó» a los «asalariados de la política» andaluza, que a cambio de garantizarse una especie de sustitutivo del subsidio del desempleo se comprometieron a subir y a mantener alto el listón de las incompatibilidades, que les obligan a no participar en decisiones que puedan favorecer a empresas en las que tengan cualquier participación principal familiares.
Sin embargo, mientras que decenas de ex altos cargos de la Junta se han dignificado acogiéndose a los beneficios económicos de la normativa (que incluye también a los 109 parlamentarios autonómicos), la eficacia de ese régimen de limitaciones al ejercicio del poder y su correspondiente sistema sancionador está en entredicho desde el mismo momento y hora de que aún no se ha aprobado ninguna resolución que expulse del Gobierno andaluz a ningún asalariado de la política.
Dos presuntos casos de incumplimiento de las incompatibilidades son los que más repercusión social han tenido, por sus actores principales: Chaves y su hermano Leonardo, ex director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas. En ambos casos, la estrategia de la Junta fue la misma: restar valor a la firma del alto cargo , aun cuando sea la que aparezca en el BOJA bajo el incentivo o la adjudicación.
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«Hemos seguido todos los procedimientos públicos, se han publicado todos en el BOJA según el informe de los técnicos. Ha salido todo técnicamente limpio. Yo firmo la resolución, pero no informó ni influyó técnicamente», declaró Leonardo Chaves a EL MUNDO.
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* Opinión: Chaves abochorna a los demócratas y enfanga al Gobierno
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