Una terminal del PSOE
Tras Macarena y antes de Mercasevilla
El proceso y la declaración del alcalde por el «caso Unidad» están intercalados en el tiempo entre otros dos asuntos muy turbios que afectan a la gestión municipal. Hace unos meses la Audiencia dictó sentencia por el «caso Macarena», el de las facturas falsas elaboradas por los responsables municipales, que ha acabado con la condena del contratista José Pardo y del que fuera secretario del distrito y hombre de confianza del alcalde José Marín. Alfredo Sánchez Monteseirín quedó muy tocado cuando se destapó el asunto, pero su proverbial aguante lo mantiene con el bastón incluso tras la condena. En lontananza aparece otro asunto que puede darle quebraderos de cabeza y por el que ha sido denunciado desde el PP, el de las comisiones a empresarios en Mercasevilla, empresa municipal.
E. BARBA. SEVILLA
La política de Sevilla capital vivirá hoy un acontecimiento inédito: un alcalde declarando en los juzgados. El socialista Alfredo Sánchez Monteseirín está citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 14 de la capital hispalense para declarar como testigo en el llamado «caso Unidad», que la Justicia investiga desde hace varios años a causa de las irregularidades contables en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con las subvenciones recibidas de las administraciones públicas. En concreto, el magistrado que instruye esta causa indaga en torno a varias facturas duplicadas que aparece en expedientes de justificación de actividades de Unidad pagadas tanto desde el Ayuntamiento de Sevilla como desde la Diputación Provincial.
La aparición de la misma factura —con cantidades distintas—, con número similar e idéntico concepto en dos expedientes distintos provocó la denuncia del PP en los juzgados y el inicio de esta causa, por la que han declarado ya los dos ex presidentes de Unidad imputados, los socialistas Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, así como los interventores de las dos administraciones implicadas. Precisamente a raíz de la declaración judicial del interventor del Consistorio, José Miguel Braojos —tal y como refleja el propio auto de citación del alcalde—, el juez decidió llamar a Monteseirín, ya que el alto funcionario expuso al magistrado que ignoraba si el Ayuntamiento sevillano había encargado investigación interna alguna para fiscalizar los expedientes irregulares. Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP, de modo que el juez ha decidido preguntar al máximo responsable municipal sobre la posibilidad de que se hubiera investigado y, de no haberse hecho, por los motivos de esta pasividad ante hechos irregulares. Para el PP, el alcalde no actuó ni exigió una investigación interna pese a la gravedad de los hechos. Además, el interventor aseguró que Unidad debe todavía unos 6.000 euros al Consistorio.
Interventor y viceinterventor de la Diputación especificaron al juez, por su lado, que la organización vecinal —politizada del todo por el PSOE— debe devolver aún 10.632 euros por facturas que no cumplían los requisitos formales, que se referían a «compras genéricas sin especificar conceptos» y que, además, se presentaban también al Ayuntamiento de la capital andaluza. Además, expusieron que también comprobaron que «el Ayuntamiento de Sevilla les daba dinero por esas mismas actividades», lo que supone una de las bases de la denuncia del PP, los ingresos «duplicados».
Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP.
El asunto de los expedientes, de las facturas dobles y de la escasa intención municipal de aclarar el asunto es la base del interrogatorio a Monteseirín, si bien el juez indicó en su auto de citación que deberá responder a «otros que puedan surgir». En ese sentido, parece claro que, de no hacerlo el propio juez, serán los letrados del PP, acusación particular, los que interpelen al regidor sobre el otro punto destacado de la instrucción, el fax con instrucciones para falsear una factura y poder cobrar el dinero negro que se envió en abril de 2002 desde el Grupo Municipal Socialista a Unidad. El documento fue hecho público por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, en el debate televisivo de la última campaña electoral ante el mismo Monteseirín, al que los populares preguntaron por el fax al ser él el principal responsable de su grupo municipal en la fecha en que se envió el papel a la Federación vecinal.
En dicho fax se indica que se prepare «un sobre con 1.218» para mandar al Ayuntamiento y «el resto a caja fuerte». En ese documento se detalla el «importe de la factura que nos expiden» y, por otro lado, el «gasto real», sensiblemente inferior. Esto está siendo investigado también por el juez instructor, que llamó en su día a declarar a la contable y la secretaria de la entidad vecinal, quienes mostraron su desconocimiento del asunto. Tras este documento el PP entiende que hay una trama de la que podría concluirse que existe una financiación ilegal del PSOE.
ABCDESEVILLA
Tras Macarena y antes de Mercasevilla
El proceso y la declaración del alcalde por el «caso Unidad» están intercalados en el tiempo entre otros dos asuntos muy turbios que afectan a la gestión municipal. Hace unos meses la Audiencia dictó sentencia por el «caso Macarena», el de las facturas falsas elaboradas por los responsables municipales, que ha acabado con la condena del contratista José Pardo y del que fuera secretario del distrito y hombre de confianza del alcalde José Marín. Alfredo Sánchez Monteseirín quedó muy tocado cuando se destapó el asunto, pero su proverbial aguante lo mantiene con el bastón incluso tras la condena. En lontananza aparece otro asunto que puede darle quebraderos de cabeza y por el que ha sido denunciado desde el PP, el de las comisiones a empresarios en Mercasevilla, empresa municipal.
E. BARBA. SEVILLA
La política de Sevilla capital vivirá hoy un acontecimiento inédito: un alcalde declarando en los juzgados. El socialista Alfredo Sánchez Monteseirín está citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 14 de la capital hispalense para declarar como testigo en el llamado «caso Unidad», que la Justicia investiga desde hace varios años a causa de las irregularidades contables en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con las subvenciones recibidas de las administraciones públicas. En concreto, el magistrado que instruye esta causa indaga en torno a varias facturas duplicadas que aparece en expedientes de justificación de actividades de Unidad pagadas tanto desde el Ayuntamiento de Sevilla como desde la Diputación Provincial.
La aparición de la misma factura —con cantidades distintas—, con número similar e idéntico concepto en dos expedientes distintos provocó la denuncia del PP en los juzgados y el inicio de esta causa, por la que han declarado ya los dos ex presidentes de Unidad imputados, los socialistas Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, así como los interventores de las dos administraciones implicadas. Precisamente a raíz de la declaración judicial del interventor del Consistorio, José Miguel Braojos —tal y como refleja el propio auto de citación del alcalde—, el juez decidió llamar a Monteseirín, ya que el alto funcionario expuso al magistrado que ignoraba si el Ayuntamiento sevillano había encargado investigación interna alguna para fiscalizar los expedientes irregulares. Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP, de modo que el juez ha decidido preguntar al máximo responsable municipal sobre la posibilidad de que se hubiera investigado y, de no haberse hecho, por los motivos de esta pasividad ante hechos irregulares. Para el PP, el alcalde no actuó ni exigió una investigación interna pese a la gravedad de los hechos. Además, el interventor aseguró que Unidad debe todavía unos 6.000 euros al Consistorio.
Interventor y viceinterventor de la Diputación especificaron al juez, por su lado, que la organización vecinal —politizada del todo por el PSOE— debe devolver aún 10.632 euros por facturas que no cumplían los requisitos formales, que se referían a «compras genéricas sin especificar conceptos» y que, además, se presentaban también al Ayuntamiento de la capital andaluza. Además, expusieron que también comprobaron que «el Ayuntamiento de Sevilla les daba dinero por esas mismas actividades», lo que supone una de las bases de la denuncia del PP, los ingresos «duplicados».
Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP.
El asunto de los expedientes, de las facturas dobles y de la escasa intención municipal de aclarar el asunto es la base del interrogatorio a Monteseirín, si bien el juez indicó en su auto de citación que deberá responder a «otros que puedan surgir». En ese sentido, parece claro que, de no hacerlo el propio juez, serán los letrados del PP, acusación particular, los que interpelen al regidor sobre el otro punto destacado de la instrucción, el fax con instrucciones para falsear una factura y poder cobrar el dinero negro que se envió en abril de 2002 desde el Grupo Municipal Socialista a Unidad. El documento fue hecho público por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, en el debate televisivo de la última campaña electoral ante el mismo Monteseirín, al que los populares preguntaron por el fax al ser él el principal responsable de su grupo municipal en la fecha en que se envió el papel a la Federación vecinal.
En dicho fax se indica que se prepare «un sobre con 1.218» para mandar al Ayuntamiento y «el resto a caja fuerte». En ese documento se detalla el «importe de la factura que nos expiden» y, por otro lado, el «gasto real», sensiblemente inferior. Esto está siendo investigado también por el juez instructor, que llamó en su día a declarar a la contable y la secretaria de la entidad vecinal, quienes mostraron su desconocimiento del asunto. Tras este documento el PP entiende que hay una trama de la que podría concluirse que existe una financiación ilegal del PSOE.
ABCDESEVILLA
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