Javier Romera / Alejandra RamónAlberto Alcocer y Alberto Cortina. Imagen: Archivo
La red de Gürtel ha empezado a salpicar a las altas esferas de la jet-set empresarial española. El máximo responsable de la trama, Francisco Correa, ha vinculado a Alberto Cortina y Alberto Alcocer en una operación de blanqueo de dinero orquestada por uno de los principales imputados, Ramón Blanco Balín.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Polícia Nacional tiene grabaciones de Correa, reflejadas en el sumario, en las que éste asegura que en el montaje de estructuras de blanqueo mediante empresas fiduciarias en paraísos fiscales, "aparecen sociedades de Alberto Cortina y Alberto Alcocer que registran unas entradas de dinero del exterior por valor de 30 millones de euros".
Y no sólo eso. La Brigada de Blanqueo de Capitales tiene grabaciones también del principal responsable de la trama en las que éste advierte además a Juan Pérez Mora, otro de los imputados, de que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción están siguiéndo los pasos de uno de los socios de Ramón Blanco, Andrés Guillamont. ¿La razón? Según asegura, "a raíz del tema de los Albertos o de Liechtenstein".
Relaciones profesionales
El hecho es que el abogado Ramón Blanco Balín tenía relación con los Albertos desde hace años, especialmente tras su nombramiento como consejero delegado de la petrolera Repsol en tiempos de Alfonso Cortina. Según consta en el Registro Mercantil de Madrid, Blanco participa en este sentido como administrador solidario de Percacer, una de las sociedades patrimoniales de Alberto Cortina, hermano de Alfonso.
Un portavoz de los Albertos reconoció la existencia de estas relaciones profesionales, aunque negó tajantemente que estos dos empresarios tengan ningún vínculo con la red de corrupción vinculada al Partido Popular.
"Es cierto que Blanco trabaja como abogado para Alberto Cortina, pero lo que dice Correa es completamente falso y, de hecho, no hay ninguna investigación abierta al respecto", aseguró ante la llamada de este periódico. Pese a las graves acusaciones de Correa, es cierto que ninguno de los dos primos está imputado en la Operación Gürtel y no consta tampoco que el juez haya procedido, al menos por el momento, a abrir ninguna investigación a raíz de las declaraciones grabadas por la Unidad de Blanqueo de la Policía.
Propietarios del 12,5 por ciento de la constructora ACS y del 21 por ciento de la papelera Ence, los Albertos se han visto envueltos otra vez en la polémica durante los últimos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid les condenara a una pena de cuatro meses de cárcel y 192.000 euros de multa por los delitos de acusación y denuncia falsa y de estafa procesal en el caso de la carta falsa, aunque eludirán la prisión por no tener antecedentes.
Recurso
En cualquier caso, los socios minoritarios de Alberto Cortina y Alberto Alcocer en Urbanor han anunciado ya al Tribunal Supremo su intención de recurrir la sentencia, por considerarla insuficiente.
Fuentes próximas a Pedro Sentieri, Luis García Alarcón y Francisco Castelló explicaron que su objetivo es lograr otra condena por falsificación documental y obligar a los empresarios a pagar unas indemnizaciones superiores a los 45.000 euros fijados.
Además, el despacho que asesora a Julio San Martín ha cumplido el trámite de anunciar su intención de recurrir la sentencia para no perder la posibilidad, aunque "la decisión todavía no está tomada".
Los Albertos, por su parte, han retirado la demanda que presentaron contra el Estado por este mismo caso, por la que reclamaban 4,64 millones de euros de indemnización, por haber tenido que "abandonar precipitadamente, casi con nocturnidad, los puestos directivos de responsabilidad" que ocupaban en diversas empresas a raíz de la condena dictada por el Tribunal Supremo.
ecodiario.eleconomista.es
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Polícia Nacional tiene grabaciones de Correa, reflejadas en el sumario, en las que éste asegura que en el montaje de estructuras de blanqueo mediante empresas fiduciarias en paraísos fiscales, "aparecen sociedades de Alberto Cortina y Alberto Alcocer que registran unas entradas de dinero del exterior por valor de 30 millones de euros".
Y no sólo eso. La Brigada de Blanqueo de Capitales tiene grabaciones también del principal responsable de la trama en las que éste advierte además a Juan Pérez Mora, otro de los imputados, de que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción están siguiéndo los pasos de uno de los socios de Ramón Blanco, Andrés Guillamont. ¿La razón? Según asegura, "a raíz del tema de los Albertos o de Liechtenstein".
Relaciones profesionales
El hecho es que el abogado Ramón Blanco Balín tenía relación con los Albertos desde hace años, especialmente tras su nombramiento como consejero delegado de la petrolera Repsol en tiempos de Alfonso Cortina. Según consta en el Registro Mercantil de Madrid, Blanco participa en este sentido como administrador solidario de Percacer, una de las sociedades patrimoniales de Alberto Cortina, hermano de Alfonso.
Un portavoz de los Albertos reconoció la existencia de estas relaciones profesionales, aunque negó tajantemente que estos dos empresarios tengan ningún vínculo con la red de corrupción vinculada al Partido Popular.
"Es cierto que Blanco trabaja como abogado para Alberto Cortina, pero lo que dice Correa es completamente falso y, de hecho, no hay ninguna investigación abierta al respecto", aseguró ante la llamada de este periódico. Pese a las graves acusaciones de Correa, es cierto que ninguno de los dos primos está imputado en la Operación Gürtel y no consta tampoco que el juez haya procedido, al menos por el momento, a abrir ninguna investigación a raíz de las declaraciones grabadas por la Unidad de Blanqueo de la Policía.
Propietarios del 12,5 por ciento de la constructora ACS y del 21 por ciento de la papelera Ence, los Albertos se han visto envueltos otra vez en la polémica durante los últimos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid les condenara a una pena de cuatro meses de cárcel y 192.000 euros de multa por los delitos de acusación y denuncia falsa y de estafa procesal en el caso de la carta falsa, aunque eludirán la prisión por no tener antecedentes.
Recurso
En cualquier caso, los socios minoritarios de Alberto Cortina y Alberto Alcocer en Urbanor han anunciado ya al Tribunal Supremo su intención de recurrir la sentencia, por considerarla insuficiente.
Fuentes próximas a Pedro Sentieri, Luis García Alarcón y Francisco Castelló explicaron que su objetivo es lograr otra condena por falsificación documental y obligar a los empresarios a pagar unas indemnizaciones superiores a los 45.000 euros fijados.
Además, el despacho que asesora a Julio San Martín ha cumplido el trámite de anunciar su intención de recurrir la sentencia para no perder la posibilidad, aunque "la decisión todavía no está tomada".
Los Albertos, por su parte, han retirado la demanda que presentaron contra el Estado por este mismo caso, por la que reclamaban 4,64 millones de euros de indemnización, por haber tenido que "abandonar precipitadamente, casi con nocturnidad, los puestos directivos de responsabilidad" que ocupaban en diversas empresas a raíz de la condena dictada por el Tribunal Supremo.
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