Manuel Estévez | Cádiz
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los juzgados de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda los resultados de su investigación sobre la gestión municipal del PP y Alternativa Sanluqueña (AS) entre 2002 y 2005, en los que aprecia indicios de delitos por la emisión, supuestamente ilegal, de más de una decena de facturas por un valor superior a los 100.000 euros.
Como imputados por una supuesta autoría en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental figuran el ex delegado municipal de Hacienda Marco Antonio Caballero, ahora concejal en la oposición, y el que fuera primer teniente de alcalde, Rafael Rubio, junto a otras cinco personas más.
La actual delegada de Hacienda de Sanlúcar de Barrameda, Inmaculada Muñoz (PSOE), tras advertir posibles irregularidades en varios documentos públicos, remitió a la Fiscalía de Jerez a finales del pasado año un informe técnico emitido por el economista adscrito a la Concejalía de Hacienda en el que se alertaba de posibles irregularidades contables, que habrían ocurrido entre los años 2002 y 2005.
Ante la posible implicación de funcionarios y de responsables municipales, la Fiscalía derivó el asunto a la fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, que ha denunciado la supuesta existencia de nueve facturas falsas, que llevan la firma de los dos ex concejales imputados, por servicios externos de asesoría, cobradas por cuatro empresas de Cádiz y Ceuta, en las que se han detectado irregularidades en el procedimiento de pago y en las que no constan que hayan realizado los servicios contratados.
Estos servicios contratados fueron abonados mediante el mismo procedimiento administrativo –Autorización, Disposición, Ordenación y Pago, (ADOP)– que se establece para supuestos muy excepcionales que requieren una partida presupuestaria de manera urgente. Esa urgencia es la que motiva que todo el procedimiento, desde la autorización hasta el pago se realice en un mismo acto, aunque existen trámites indispensables que se habrían obviado en cada uno de los contratos bajo sospecha, y que son la base de la denuncia de la Fiscalía.
El secretario provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, manifestó ayer que sus compañeros en Sanlúcar de Barrameda «no tienen conocimiento» de este asunto porque no se les ha comunicado nada» y aseguró que «eso es algo relativo ahora mismo, tal y como está la Justicia».
ELMUNDO.ES
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los juzgados de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda los resultados de su investigación sobre la gestión municipal del PP y Alternativa Sanluqueña (AS) entre 2002 y 2005, en los que aprecia indicios de delitos por la emisión, supuestamente ilegal, de más de una decena de facturas por un valor superior a los 100.000 euros.
Como imputados por una supuesta autoría en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental figuran el ex delegado municipal de Hacienda Marco Antonio Caballero, ahora concejal en la oposición, y el que fuera primer teniente de alcalde, Rafael Rubio, junto a otras cinco personas más.
La actual delegada de Hacienda de Sanlúcar de Barrameda, Inmaculada Muñoz (PSOE), tras advertir posibles irregularidades en varios documentos públicos, remitió a la Fiscalía de Jerez a finales del pasado año un informe técnico emitido por el economista adscrito a la Concejalía de Hacienda en el que se alertaba de posibles irregularidades contables, que habrían ocurrido entre los años 2002 y 2005.
Ante la posible implicación de funcionarios y de responsables municipales, la Fiscalía derivó el asunto a la fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, que ha denunciado la supuesta existencia de nueve facturas falsas, que llevan la firma de los dos ex concejales imputados, por servicios externos de asesoría, cobradas por cuatro empresas de Cádiz y Ceuta, en las que se han detectado irregularidades en el procedimiento de pago y en las que no constan que hayan realizado los servicios contratados.
Estos servicios contratados fueron abonados mediante el mismo procedimiento administrativo –Autorización, Disposición, Ordenación y Pago, (ADOP)– que se establece para supuestos muy excepcionales que requieren una partida presupuestaria de manera urgente. Esa urgencia es la que motiva que todo el procedimiento, desde la autorización hasta el pago se realice en un mismo acto, aunque existen trámites indispensables que se habrían obviado en cada uno de los contratos bajo sospecha, y que son la base de la denuncia de la Fiscalía.
El secretario provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, manifestó ayer que sus compañeros en Sanlúcar de Barrameda «no tienen conocimiento» de este asunto porque no se les ha comunicado nada» y aseguró que «eso es algo relativo ahora mismo, tal y como está la Justicia».
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