DIPUTACIÓN DE GRANADA | Entre los implicados, el ex vicepresidente
Según la Policía, se hicieron contrataciones para beneficiar a un empresario
En la feria empresarial Mercamed de Tetuán y en el proyecto de museo en Xauen
También aparece entre los implicados la mujer del portavoz del PSOE en Granada
José A. Cano | Granada
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, ha abierto diligencias contra 13 personas, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Diputación por IU en el anterior mandato, Julio Bernardo, y la pareja de Francisco Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización la feria empresarial Mercamed en Tetuán y en la realización del proyecto de un museo en Xauen, Marruecos.
El juzgado investigará la participación de estas 13 personas, entre las que se encuentran, además de los mencionados, once trabajadores o ex trabajadores de la institución provincial, en los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles. La apertura de la investigación llega después de que la Fiscalía Provincial presentase denuncia por los mismos cargos.
La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.
El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.
Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".
"En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno", indica el informe.
La actual vicepresidenta de la Diputación Provincial, Luisa García Chamorro (PP), ha advertido que la institución, como posible parte perjudicada, estudia personarse en el proceso "para ejercer cuantas acciones penales y civiles considere oportunas", pues "se ha hecho un daño muy grave tanto económico como de imagen a esta Diputación y se están poniendo en riesgo los fondos europeos".
Asimismo, en la línea de lo que ya ha solicitado el PP en otras ocasiones, la vicepresidenta de la Diputación ha considerado que "no se sostiene" que el que fuera delegado provincial de Innovación y actual portavoz del PSOE municipal, Francisco Cuenca, "estuviera ajeno a los trapicheos que hacía su mujer en la Diputación".
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