El juez ordena investigar el patrimonio de los parientes próximos a Morenilla y Bernácer
Valencia
La fiscal de caso Emarsa ha solicitado una fianza por responsabilidad civil de 13,7 millones de euros para los dos directivos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) imputados en el supuesto saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora valenciana de Pinedo.
Juan José Morenilla era exgerente de EPSAR e Ignacio Bernácer fue jefe del departamento de explotación de la sociedad que controla todas la depuradoras dependientes de la Generalitat hasta que fue destituido del cargo horas después de ser imputado. Morenilla ya se había desvinculado de la entidad pública un año antes.
El juez Vicente Ríos, a través de una providencia, ordena investigar el patrimonio de la mujer de Morenilla y de la mercantil Agromática del Este SA, que ella administra, además de los bienes de otros familiares de este imputado. Asimismo, ordena investigar el patrimonio de los familiares directos -cónyuge o pareja de hecho, padres o hermanos- de Bernácer.
En otra resolución, y respecto a este mismo asunto, el juez ordena incorporar a la causa un escrito remitido por la Agencia Tributaria por el que se adjunta un informe patrimonial de Morenilla. En éste se detallan sus bienes inmuebles, sus cuentas bancarias con saldo positivo, vehículos y otros bienes o derechos.
Morenilla y Bernácer fueron imputados hace una semana. Ambos formaron parte de la comisión que estableció año tras año el precio que Emarsa debía pagar por el tratamiento de lodos. Éste alcanzó los 46 euros por tonelada de fango cuando, según ha desvelado la investigación, el coste real era de solo 18 euros. Para inflar el precio se utilizaba a una empresa intermedia. “La empresa encargada de gestionar los lodos”, señala el juez en su auto reproduciendo los argumentos de la fiscal, “era Adobs Organics, y la empresa encargada de facturar a Emarsa, sin realizar más función que la de intermediación fue Etwas Eigenlich”. Esa limitada actividad le permitía, sin embargo, doblar el precio.
Por otra parte, el titular del juzgado número 15, que investiga en exclusiva una supuesta malversación de fondos públicos y una presunta trama de fraude fiscal, ha desestimado el recurso del exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo contra el auto que le declaró en situación de libertad provisional.
Además, mantiene la fianza de 25 millones que le impuso y levanta el embargo sobre una de sus cuentas bancarias para que pueda realizar operaciones, aunque mantiene el control sobre el saldo.
En otra resolución, el juez fija en 2,7 millones de euros la responsablidad civil del imputado Enrique Sena, empresario ligado a Emarsa.
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