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| El director de Cooperación, Josep Maria Felip, tras el registro de la sede de su departamento. / J.C.Cárdenas (EFE) |
El presidente Fabra anuncia la destitución del arrestado y de otro cargo imputado
Felip fue nombrado en el mandato de Camps y gestionaba ayudas para el Tercer Mundo
María Fabra / Adolf Beltran / Joaquín Ferrandis Castellón / Valencia
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La policía ha detenido al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep Maria Felip, acusado de supuestos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, durante la mañana se han practicado más detenciones por este caso, que es instruido por el juzgado número 21 de Valencia. Los detenidos son, según fuentes policiales, Marcial López, presidente de la Fundación Cyes; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; Fernando Cañete Marco, y Marc Llinares Pico, un técnico informático que llegó a ser jefe del área de Cooperación.
Además, también se han producido registros, entre otros, en la dirección general en la que trabajaba el ahora detenido, de la que la policía judicial se ha llevado varias carpetas. El caso, abierto desde el pasado mes de mayo, está bajo secreto de sumario.
Horas después de conocer la noticia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destituido al director general detenido y al actual subsecretario de la Consjería de Sanidad, Alexandre Catalá, que está imputado en el mismo caso tras ocupar la subsecretaría de Solidaridad. Además, Fabra ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación popular en el caso que ha calificado de "muy grave" porque "estamos hablando de fondos que iban destinados a las cooperación".
Felip ha sido durante años número dos de la consejería que dirigía el ahora portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, que ha sido objeto de dos denuncias por la creación de una supuesta trama de ONG para desviar dinero del Tercer Mundo. Algunas organizaciones, además, están siendo investigadas por el indebido uso de subvenciones otorgadas para proyectos de cooperación. Blasco se encontraba en el interior del salón de plenos de las Cortes, donde, tras saltar la noticia, ha permanecido en su escaño, durante una hora, hablando por teléfono pero sin querer hacer declaraciones. Al abandonar el salón ha afirmado que "no se sabe si es un error" y que el hecho de la detención del que fue su director general "no quiere decir nada". "Las ayudas a la Cooperación están perfectas y los expedientes se tramitaron de forma impecable", ha añadido para volver a arremeter contra informaciones publicadas, especialmente contra EL PAÍS. Rafael Blasco, que ha insistido en que ya no es consejero, ha pedido que "no se prejuzgue porque está todo muy bien y no se ha desviado ningún dinero". Blasco dijo en su día que dimitiría si se demostraban las irregularidades en las ayudas de Cooperación. Hoy ha negado esa afirmación para decir que solo dimitirá si le afectaban a él.
La denuncia más voluminosa fue la presentada por el grupo Compromís, que entregó a la fiscalía una cantidad ingente de documentación sobre el desvío de fondos originariamente destinados a proyectos de cooperación internacional. Antes de esta, la diputada socialista Clara Tirado presentó otra denuncia ante la fiscalía en la que también alertaba de las irregularidades en la adjudicación de fondos.
En octubre de 2010, la fiscalía abrió diligencias de investigación por subvenciones otorgadas en 2008 por la Consejería de Solidaridad a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua. Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
Petición de dimisión de Blasco
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha exigido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que destituya "inmediatamente" al director general detenido y ha añadido que la "autoridad que le nombró es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario, que no debe acabar la jornada sin ser destituido". Alarte ha hecho un reconocimiento a la diputada Clara Tirado, que presentó la denuncia, y al actual diputado Josep Moreno, que también la impulsó, diciendo que "son socialistas que decidieron plantar cara a la corrupción". "Cuando empezó este duro y difícil tiempo empezamos a denunciar la corrupción generalizada que asola todas las instituciones por donde ha pasado el PP" y ha recordado los casos Gürtel, Emarsa, Brugal y el caso Fabra y ahora "el desvío de fondo de Cooperación". Por su parte, la diputada Clara Tirado ha explicado que entre lo que se puede haber desviado por las ayudas a Nicaragua que acabaron en la compra de pisos y toda la trama alrededor de la Fundación Hemisferio "pueden haberse desviado hasta nueve millones de euros".
La diputada Mireia Mollá, que fue la parlamentaria de Compromís que presentó la otra denuncia ha dicho que "la documentación que aportamos era importante y muy clara, revelaba pagos de forma fraudulenta organizados alrededor de la Fundación Hemisferio y el consejero Blasco era conocedor de todo este sistema". "Exigimos toda la documentación que nos han negado hasta ahora y me voy a plantar en la consejería para que me la den", ha añadido. "Exigimos que la justicia vaya avanzando, ya que las responsabilidades no afectab solo al señor Felip sino que afectan directamente a Rafael Blasco".
Además, la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha exigido también la destitución inmediata de Felip pero ha añadido que el máximo responsable es quien era en ese momento consejero de Cooperación y Ciudadanía, Rafael Blasco. "Blasco no debe acabar el día siendo síndico del grupo popular", ha añadido. Esquerra Unida se plantea pedir una comisión de investigación sobre el trasvase de fondos de cooperación a otros fines.
La segunda denuncia incidía en la intervención de la Fundación Hemisferio (antes Entre Pueblos) en la gestión de subvenciones a otras ONG que luego contrataban a empresas de los dirigentes de esta fundación. Así, las empresas de los responsables de la fundación facturaban por cursos y por la evaluación del proyecto subvencionado. Las organizaciones tienen la obligación legal de encargar un informe final externo antes de seis meses tras haber finalizado los proyectos subvencionados, siempre que estas sean superiores a los 200.000 euros. Pero, según la documentación que presentaron ante fiscalía, el pago por esta evaluación llegó a realizar incluso antes de que se ejecutara el proyecto.
El consejero, Rafael Blasco, mantenían una estrecha relación con esta fundación cuyos dirigentes acababan enriqueciéndose con el dinero destinados los proyectos de cooperación, según ambas denuncias.
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